Conscientes de la ausencia de políticas sanitarias eficientes a nivel nacional, la representación nacional viene aprobando normativas en favor de la alimentación saludable de la población, durante la gestión de su presidente Alejandro Soto Reyes.
Es el caso de la Ley 31881, Ley que promueve brindar información de los alimentos sin gluten, de autoría de la parlamentaria Rosangella Barbarán Reyes (FP).
Esta norma tiene por objeto informar sobre los alimentos que no contienen gluten para que los consumidores, en especial aquellas personas que padecen celiaquía, intolerancia o alergia al gluten, adopten decisiones de consumo informadas.
Se estima que la población beneficiaria de esta ley alcanzaría a más de 340 000 personas en nuestro país.
Los médicos especialistas en el tema manifiestan que, al evitar el gluten, el intestino de los pacientes comienza a sanar y se revierten los síntomas presentados como indigestión, anemia, hinchazón abdominal, fatiga, entre otros.
La congresista Barbarán Reyes señala que han logrado visibilizar a una minoría que no era escuchada.
«Hoy los alimentos están obligados a contar con un rótulo libre de gluten que les permitirá a ellos (personas que sufren de celiaquía), poder acceder a estos productos», agregó la legisladora.
Cabe precisar que, a pesar de haber sido promulgada en el mes de setiembre del 2023 la ley aún continúa sin ser reglamentada por el Ejecutivo.
Cómo reconocer los alimentos sin gluten
El artículo 3 de la Ley 31881 indica que el MINSA autoriza consignar en los envases, recipientes, envoltorios o etiquetas de los productos que no contienen gluten el símbolo de una espiga barrada dentro de un círculo, conforme a las características que señale el reglamento de la presente norma.
De interés nacional
Asimismo, en su Primera Disposición Complementaria Final se declara de interés nacional el estudio y la investigación clínica y epidemiológica de la enfermedad celiaca, así como la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de dicha enfermedad, para plantear políticas públicas que contribuyan a tomar mejores decisiones en favor de la salud de las personas.
Fuente: Congreso