La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República respondió a los cuestionamientos de la Unión Europea (UE), así como a 16 embajadas, en el marco de la iniciativa que busca fiscalizar a las ONG.
La iniciativa pretende modificar la Ley 27692 que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Tanto la UE como las sedes diplomáticas de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y otras expresaron lo siguiente:
Como socios de cooperación del Perú, nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables, y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos.
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En respuesta, el grupo de trabajo sostuvo que su «preocupación» se suscita en relación a la «transparencia de los recursos provenientes de fuentes extranjeras que no son registradas, pero que realizan proyectos, programas o actividades en territorio nacional, utilizando en algunos casos a comunidades o poblaciones vulnerables de nuestro país».
La misiva lleva la firma del presidente de la comisión, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), y fue emitido el jueves 14.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Con relación al pronunciamiento emitido en redes sociales por algunas embajadas acreditadas y por la Unión Europea, debo precisar que, la enmienda a la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, tiene como principal objetivo salvaguardar y fortalecer los intereses de nuestro país vinculados con la transparencia, la defensa de la soberanía nacional y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, frente a la cooperación técnica internacional que ingresa al Perú como ocurre en países democráticos como Estados Unidos con su Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), Reino Unido con su Ley de Organizaciones benéficas y con el Esquema de Registro de Influencia Extranjera (FIRS), Australia con el Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera (FITS), Canadá con su Proyecto de Ley C-70 Ley de Transparencia y Responsabilidad de la Influencia Extranjera.
Los países democráticos buscamos la transparencia de los recursos provenientes de entidades extranjeras a fin de salvaguardar nuestros estados ante posibles amenazas a la integridad de los procesos políticos y pongan en riesgo el orden interno y la seguridad de nuestras naciones.
Para la Comisión de Relaciones Exteriores la cooperación internacional constituye una herramienta valiosa para el Perú, como rol complementario a los esfuerzos nacionales, porque contribuye al desarrollo sostenible e inclusivo del país y porque atiende las necesidades de las poblaciones en condición de vulnerabilidad en coherencia con una diplomacia social y descentralizada.
Es menester recordar que el Perú es candidato a la OCDE, por lo que, en todos sus procesos se debe observar altos estándares de transparencia en el manejo de los recursos provenientes del exterior; más aún, si son organizaciones sin fines de lucro que disfrutan de privilegios tributarios que la mayoría de los peruanos y empresas peruanas no tienen, por lo que, la población tiene derecho a saber qué se está haciendo con estos recursos y si están cumpliendo los fines sociales que han ofrecido.
Somos respetuosos y agradecemos el trabajo que vienen desarrollando con sus fuentes cooperantes en el Perú, como son USAID, GIZ, COSUDE, SECO, AECID, JICA, la Unión Europea, entre otras fuentes cooperantes de gran importancia a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.
Destacó y agradezco el trabajo orientado a la promoción del desarrollo sostenible y especialmente la humanitaria.
Se debe tener presente que, este tipo de cooperación es transparentada conforme a las disposiciones legales establecidas en la Ley de APCI y otras normas aplicables a la materia. Vemos con optimismo todos los proyectos que ejecutan las organizaciones civiles, convocadas por las fuentes cooperantes a través de APCI, y que siguen parámetros bastantes estrictos antes de ejecutar un proyecto o consultoría; pues precisamente, ese tipo de postulaciones que siguen rigurosos requisitos son transparentados ante los registros de APCI.
Por tanto, no hay porque preocuparse de la Enmienda a la Ley de APCI cuando se encuentran dentro de los mecanismos legales exigibles. Sin embargo, nuestra preocupación es respecto a la transparencia de los recursos provenientes de fuentes extranjeras que no son registradas pero que realizan proyectos, programas o actividades en territorio nacional utilizando en algunos casos a comunidades o poblaciones vulnerables de nuestro país.
Como Estado, no podemos dar la espalda a situaciones que pongan en riesgo nuestro orden interno, integridad de nuestros procesos políticos y seguridad nacional.
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF, en su Informe Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro – OSFL en el Perú, informa que en el periodo de 2018 a 2020, fueron enviados 195 Reportes de Operaciones Sospechosas vinculados con OSFL. Esta información no puede ser de dominio público en razón a que se encuentra en proceso de investigación ante el órgano jurisdiccional competente.
Somos conocedores que los estados firmantes y la Comunidad Europea, son respetuosos del principio de no intervención en los asuntos que son propios de la jurisdicción interna de cada país, además de ser garantistas de la soberanía de un Estado a fin de proteger a su población frente a los riesgos y amenazas contra su seguridad.
Finalmente, hago un llamado para que unamos esfuerzos a fin de garantizar la transparencia de los recursos provenientes del exterior, como lo vienen haciendo en sus países, con leyes más severas en la supervisión y transparencia; que, hoy por hoy, son necesarias para el Perú. Dr. Alejandro Aguinaga Recuenco Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Congreso de la República
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