El Pleno del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años de la fiscal suprema Delia Espinoza, quien no podrá ejercer función pública durante ese periodo. Esto ocurrió pese a que, inicialmente, la propuesta no alcanzó los votos necesarios y debía archivarse; sin embargo, tras la reconsideración presentada, el Parlamento consiguió los apoyos requeridos y finalmente ratificó la sanción.
Durante su intervención ante el Pleno, Espinoza calificó la denuncia constitucional en su contra como «arbitraria» y afirmó que responde a las acciones que tomó previamente al presentar diversas denuncias contra actuales parlamentarios por presuntos delitos. Asimismo, señaló:
Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar. Manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha.
La situación que llegó al Pleno se originó cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó, por mayoría el informe final correspondiente a las denuncias constitucionales 563 y 618 contra la fiscal de la nación suspendida, Espinoza Valenzuela. Dichas denuncias fueron presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, quienes cuestionaron que Espinoza impulsara la denuncia constitucional 549 contra once parlamentarios que integraron la Comisión de Defensa Nacional en el periodo 2021-2022.
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El informe final analizó presuntas infracciones a los artículos 40, 45, 93 y 139, incisos 3 y de la Constitución, además de evaluar posibles delitos como abuso de autoridad y prevaricato. Tras revisar los descargos, el congresista ponente Elvis Vergara sostuvo que el análisis jurídico se realizó con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con pleno respeto al derecho de defensa. La SAC también rechazó el pedido de nulidad planteado por Espinoza, al considerar que no existían vicios que invalidaran el proceso.
Si bien el documento recomendó archivar los extremos relacionados con los presuntos delitos penales y las infracciones constitucionales vinculadas a los artículos 158 y 159, sí concluyó que Espinoza habría incurrido en infracción a los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5, al afectar atribuciones propias del Parlamento mediante su actuación en la denuncia constitucional 549. Por ello, la Subcomisión planteó una sanción de inhabilitación por 10 años para ejercer cargo fiscal.
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 008-2025-2026-CR
EL PRIMER VICEPRESIDENTE ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente:
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE INHABILITA POR DIEZ AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A LA CIUDADANA DELIA MILAGROS ESPINOZA VALENZUELA, FISCAL SUPREMA
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El 24 de octubre de 2024, los congresistas Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, José Ernesto Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza, presentaron ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional 528 contra Juan Carlos Villena Campana en su condición de fiscal de la nación (i), Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en su condición de fiscales supremos, como presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones, delitos tipificados en los artículos 376, 418, 438 y 361 del Código Penal, respectivamente, y por infracción constitucional de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166.
SEGUNDO. El 08 de abril de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 89, literales a) y c), del Reglamento del Congreso de la República, aprobó el Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional 528, admitiendo a trámite la imputación a los denunciados por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones, delitos tipificados en los artículos 376, 418, 438 y 361 del Código Penal, respectivamente, y por infracción constitucional de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166.
TERCERO. El 23 de mayo de 2025, la Comisión Permanente acordó otorgar el plazo de hasta quince días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final.
CUARTO. El 18 de julio de 2025, en cumplimiento del artículo 89, literal d.3, del Reglamento del Congreso de la República, se llevó a cabo la audiencia con la participación de los denunciantes y de los denunciados representados por su abogado.
QUINTO. El 18 de noviembre de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó por mayoría aprobar el informe final, donde se propone acusar a los citados funcionarios por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, delitos tipificados en los artículos 376, 418, 438 y 361 del Código Penal, respectivamente, y por infracción constitucional de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166.
SEXTO. El 25 de noviembre de 2025, la Comisión Permanente aprobó el informe final en contra de Delia Milagros Espinoza Valenzuela y la conformación de la subcomisión acusadora para formular la correspondiente acusación ante el Pleno del Congreso de la República.
SÉTIMO. El informe final sostiene que, durante el proceso de acusación constitucional, se ha podido acreditar la emisión de la Resolución 2246-2024-MP-FN resolución que contiene extremos que son contrarios al texto expreso de la Ley 32130, al haberse modificado de facto los roles que corresponden a la Policía Nacional y Ministerio Público lo cual constituye infracción a la Constitución de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166, y estando a lo previsto por la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en los expedientes acumulados 00006-2024-PI/TC y 00014-2024-PI/TC que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley 32130; sentencia en la que se reafirmó que la Ley 32130 tiene como finalidad maximizar el rol operativo de la Policía Nacional del Perú en la etapa de la investigación preliminar. El personal policial es el que se encarga de la estrategia operativa y de realizar la investigación material del delito. El Tribunal Constitucional reconoce que la Policía Nacional del Perú se encuentra en condiciones de trazar una adecuada estrategia para una investigación eficiente, dado que cuenta con la experiencia técnica y operacional requerida.
OCTAVO. Durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional, se han observado y respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento, el cumplimiento de todas las fases y plazos, el derecho de la denunciada Delia Milagros Espinoza Valenzuela, a ser escuchada y asistida por la defensa técnica de su elección, el derecho a la contradicción y a una decisión imparcial de la Subcomisión conforme regula la Constitución Política y el Reglamento del Congreso.
Sobre la base de estas consideraciones y las esgrimidas en el informe final, el Pleno del Congreso de la República, tras el debate ocurrido el 3 de diciembre de 2025 y de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso i) del artículo 89 de su reglamento; ha resuelto:
INHABILITAR, por diez (10) años para el ejercicio de la función pública, a la denunciada señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela por infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución Política del Perú.
Comuníquese, publíquese y archívese.
Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinticinco.
FERNANDO MIGUEL ROSPIGLIOSI CAPURRO
Primer Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República
WALDEMAR JOSÉ CERRÓN ROJAS
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
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