En la sesión plenaria de este martes 3 de diciembre, el Congreso sometió a votación la propuesta que buscaba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza por presunta infracción constitucional; sin embargo, el resultado fue insuficiente para su aprobación. De los 63 congresistas a favor, 18 votaron en contra y 6 se abstuvieron, por lo que no se alcanzó el número de votos requerido y el expediente deberá ser remitido al archivo.
Durante su intervención ante el Pleno, Espinoza calificó la denuncia constitucional en su contra como «arbitraria» y afirmó que responde a las acciones que tomó previamente al presentar diversas denuncias contra actuales parlamentarios por presuntos delitos. Asimismo, señaló:
Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar. Manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha.
La situación que llegó ayer al Pleno se originó cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó, por mayoría el informe final correspondiente a las denuncias constitucionales 563 y 618 contra la fiscal de la nación suspendida, Espinoza Valenzuela. Dichas denuncias fueron presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, quienes cuestionaron que Espinoza impulsara la denuncia constitucional 549 contra once parlamentarios que integraron la Comisión de Defensa Nacional en el periodo 2021-2022.
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El informe final analizó presuntas infracciones a los artículos 40, 45, 93 y 139, incisos 3 y de la Constitución, además de evaluar posibles delitos como abuso de autoridad y prevaricato. Tras revisar los descargos, el congresista ponente Elvis Vergara sostuvo que el análisis jurídico se realizó con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con pleno respeto al derecho de defensa. La SAC también rechazó el pedido de nulidad planteado por Espinoza, al considerar que no existían vicios que invalidaran el proceso.
Si bien el documento recomendó archivar los extremos relacionados con los presuntos delitos penales y las infracciones constitucionales vinculadas a los artículos 158 y 159, sí concluyó que Espinoza habría incurrido en infracción a los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5, al afectar atribuciones propias del Parlamento mediante su actuación en la denuncia constitucional 549. Por ello, la Subcomisión planteó una sanción de inhabilitación por 10 años para ejercer cargo fiscal.
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