El Congreso planteó una reforma constitucional destinada a incorporar, dentro del artículo 2 de la Constitución, el derecho fundamental a que los procesos judiciales, el juzgamiento y la ejecución de sentencias se realicen en un plazo razonable. La propuesta legislativa fue planteada por el congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, integrante del grupo parlamentario Somos Perú, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 107 de la Constitución y los artículos 22 literal c, 75 y 76 del Reglamento del Congreso.
El proyecto tiene como finalidad «reconocer expresamente como derecho fundamental de toda persona el desarrollo de los procesos, el juzgamiento y la ejecución de las sentencias dentro de un plazo razonable, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos y la tutela jurisdiccional efectiva».
La reforma constitucional añadió como derecho fundamental el que toda persona reciba una respuesta y la ejecución de la sentencia sin demoras injustificadas. Esto incorpora el numeral 25 al artículo 2 de la Constitución, estableciendo:
A que los procesos en los que sea parte, así como el trámite, juzgamiento y la ejecución de las sentencias, se realicen dentro de un plazo razonable, conforme a los principios de celeridad, eficacia y tutela jurisdiccional efectiva. La ley establece los mecanismos para garantizar este derecho y las responsabilidades derivadas de su incumplimiento.
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Junto a la modificación constitucional, el proyecto incluye disposiciones complementarias finales. La primera de ellas ordena que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y otros órganos con función jurisdiccional adecúen «su normativa interna, protocolos y procedimientos operativos a fin de garantizar la plena eficacia y aplicación inmediata del derecho reconocido». La segunda disposición determina que la norma entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
La propuesta parlamentaria se enmarca también en un análisis del marco normativo vigente, que abarca la Constitución, códigos procesales y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas de Brasilia, utilizados como fundamento doctrinal y legal de la reforma.
SUMILLA: LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCORPORA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LOS PROCESOS, JUZGAMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN PLAZO RAZONABLE EN EL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.
Los Congresistas de la República que suscriben a iniciativa del congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, miembro del grupo parlamentario “Somos Perú”, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107º de la Constitución Política del Estado y de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 22° y los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCORPORA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LOS PROCESOS, JUZGAMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN PLAZO RAZONABLE EN EL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley de Reforma Constitucional tiene por objeto reconocer expresamente como derecho fundamental de toda persona el desarrollo de los procesos, el juzgamiento y la ejecución de las sentencias dentro de un plazo razonable, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos y la tutela jurisdiccional efectiva.
Artículo 2. Incorporación al artículo 2 de la Constitución Política del Perú
Incorpórese el numeral 25 al artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en los términos siguientes:
[Continúa…]
