Un exfiscal provincial titular fue condenado a cinco años de prisión, como autor del delito de cohecho pasivo específico, tras cobrar 8000 dólares para archivar una investigación contra Rodolfo Orellana Rengifo, junto a otras cinco personas, por el delito de lavado de activos y otros.
El exrepresentante del Ministerio Público, Jorge E. Sanz Q., pertenecía a la Quincuagésima Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima.
La sentencia también contempla un pago de S/70 000 a favor del Estado, una multa de 180 días equivalente al 25% de su haber diario, y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público.
El caso estuvo a cargo del fiscal superior Juan Manuel Fernández Castillo de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.
La investigación contó con fehacientes elementos de prueba, entre ellos, la declaración de colaboradores eficaces, testigos y documentos.
Orellana y los otro cinco procesados en el extinto caso eran imputados por los delitos de por el delito de lavado de activos, estafa y asociación ilícita para delinquir.
La Fiscalía logró demostrar que su exservidor fue beneficiado económicamente por la organización criminal Red o Clan Orellana, por intermedio de Fernando Egas Contreras, a cambio de emitir la resolución (18 de noviembre de 2010) que declaró no haber mérito para formalizar acción penal en contra de los mencionados.
