La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Lima Norte a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, a cargo de la jueza Mariela Pecho Huamán, vuelve a imponer, en tan solo 12 horas, dos sentencias contra conductores de transporte público.
En el distrito de Comas, el conductor de la empresa ‘Montenegro S.A.C’, Edwuard Aquino Farfán, fue intervenido tras haber recogido a pasajeros en un paradero no autorizado. Ante la intervención, Aquino Farfán intentó entregar la suma de S/20 a la policía a fin de que no se le imponga la papeleta correspondiente.
De manera inmediata, la policía detuvo al chofer, quien fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia, aproximadamente a las 10:45 p.m., donde el fiscal de turno realizó las diligencias preliminares y requirió la incoación del proceso inmediato.
En tiempo récord, el martes a las 10:00 a.m., la jueza Pecho Huamán programó la audiencia de proceso inmediato, donde resolvió condenar a Edwuard Aquino a 3 años y 4 meses de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de cohecho activo, y también, dispuso que el conductor pague la suma de S/1600 por concepto de reparación civil.
En tanto, en otro caso de flagrancia, el referido juzgado sentenció a Francisco Yanez Montilla a 3 años y 4 meses de prisión suspendida por el mismo delito, y fijo por concepto de reparación civil el monto de S/1300.
Yanez Montilla, conductor de la empresa de transporte público Buena Estrella S.A.C., fue intervenido en el distrito de Los Olivos, donde intentó coimear a la policía.
Asimismo, la magistrada Mariela Pecho dispuso la inhabilitación de las licencias de conducir de ambos conductores sentenciados.
Según el artículo 398-A del Código Penal, señala “El que, bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un miembro de la policía algún donativo o cualquier ventaja para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones, será sancionado hasta con ocho años de cárcel”.
La Unidad de Flagrancia de Lima Norte funciona las 24 horas del día y facilita un trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, Policía y Defensa Pública; atendiendo de manera inmediata, eficaz y transparente los delitos flagrantes que atentan contra la seguridad pública.
Fuente: Corte Superior de Justicia de Lima Norte
