El estudio de abogados Oré Guardia salió al frente, para aclarar algunos puntos sobre las notas periodísticas difundidas en algunos medios con respecto a la diligencia practicada el pasado 20 de noviembre en sus instalaciones.
En un segundo comunicado, el estudio jurídico negó la hipótesis fiscal de que algunos abogados direccionaron a “falsos aportantes de Fuerza 2011” con el objeto de que den falsos testimonios.
A continuación les dejamos con el contenido íntegro del comunicado.
COMUNICADO N.º 2
Estudio Oré Guardia es una empresa especializada en la asesoría y patrocinio de asuntos penales. Tenemos más de 35 años de constituidos y nos caracterizamos por ofrecer un servicio profesional serio, honesto y competente. Esto se ve reflejado en las menciones realizadas por consultoras internacionales que elaboran rankings de Estudios Jurídicos en la región.
Ante notas periodísticas difundidas por algunos medios con respecto a una diligencia practicada el pasado 20 de noviembre en las instalaciones de nuestro Estudio, consideramos necesario aclarar lo siguiente:
1. El requerimiento fiscal y la resolución que declara fundado el allanamiento, expresan como fundamento la probabilidad de que en el interior de nuestro Estudio se encuentren “cosas relacionadas con la investigación”, así como la “posibilidad que se niegue el ingreso a la autoridad”.
No obstante, si algo se puede concluir tras el desarrollo de la diligencia, por más de 18 horas en nuestras instalaciones, fue la total colaboración para que la autoridad fiscal lleve a cabo la medida dispuesta por el Juzgado; esto a pesar de nuestra convicción de que estábamos ante una medida desproporcional e innecesaria.
Como es obvio, no se encontraron “documentos relacionados a la campaña electoral del Partido Político Fuerza 2011, Fuerza Popular, de los investigados y sobre actos de obstaculización a la actividad probatoria”.
Es por ello que informamos a la opinión pública que la ejecución de esta medida desbordó los límites dispuestos por la propia resolución, al acceder la fiscalía a documentos completamente ajenos al objeto específico de esta investigación.
2. La hipótesis del representante del Ministerio Público de que algunos abogados de este Estudio han direccionado a “falsos aportantes de Fuerza 2011” con el objetivo de que den testimonios falsos para desviar las investigaciones es completamente falsa.
Desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2017, este Estudio asumió la defensa de la señora Keiko Fujimori Higuchi y del Partido Fuerza Popular. En el marco de las obligaciones propias de dicho patrocinio se nos solicitó que se informase a algunos aportantes (no más de 15 de un universo de 500) en qué consistía las diligencias por las cuáles venían siendo citados por el Ministerio Público. Solo en 10 de estos casos se nos solicitó, además, que se les acompañara a las diligencias.
Estas personas siempre indicaron ─según entendemos hasta el día de hoy─ que sí habían aportado a la agrupación política; mostraban, incluso, comprobantes de depósito de sus aportaciones. No había razón, de este modo, para dudar de su condición de verdaderos aportantes.
3. Sobre la supuesta declaración de un testigo protegido, según la cual un abogado de este Estudio habría designado a otros abogados para controlar a un grupo de testigos, debe indicarse que lo que el testigo protegido declaró fue que nuestro abogado “recomendó” a otro colega para que acompañara al señor Erick Matto en una declaración. Precisamos que ningún abogado de este Estudio tenía conocimiento de que el señor Erick Matto y su madre fuesen falsos aportantes.
4. En cuanto al viaje a la ciudad de Tarapoto, debemos mencionar que dos abogados de este Estudio viajaron a dicha ciudad en noviembre de 2017 exclusivamente para asistir a una diligencia programada por la fiscalía, conforme se advierte de las actas correspondientes. En dicho viaje, nuestros abogados se alojaron en el hotel más cercano al local donde se realizó la diligencia fiscal y no participaron en ninguna actividad de asesoramiento o reunión con los aportantes.
Es indudable que a ninguna persona le está permitido traspasar las fronteras del correcto ejercicio de una profesión para ingresar en el terreno de la ilicitud. En este Estudio jamás se han traspasado dichos límites. Es lo mismo que exigimos a los jueces y fiscales que, a nombre de la Nación, se encargan día a día de la noble tarea de administrar justicia: que sus actuaciones observen fielmente las garantías y principios que se desprenden de la Constitución y las leyes.
San Borja, 4 de diciembre de 2018
