Domingo Pérez solicitó protección tras voto del magistrado José Luis Sardón, que lo involucra con suicidio de Alan García

MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN

EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES QUE SE AVOCAN A DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL CONOCIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES VINCULADAS CON DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CONEXOS, EN LOS QUE ABRÍA INCURRIDO LA EMPRESA ODEBRECHT Y OTROS

Lima, 13 de enero de 2022

Oficio No. 99 -2022-MP-FN-EQUIPO ESPECIAL-1D

Señor doctor:
Rafael Vela Barba
Fiscal Superior Titular
Coordinador
Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros

Ministerio Público

Asunto: Resolución 55/2021 del 25 de julio de 2021
Medida Cautelar 576-21

Tengo el honor de dirigirme a Usted, en el ejercicio de mi cargo como titular del Primer Despacho del “Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en lo que habría incurrido la empresa ODEBRECHT y otros”, con la finalidad de saludarlo y, con el debido respeto elevarle el Informe en que se pone en conocimiento:

Respetuosamente se pone en su conocimiento para que la entidad -Fiscalía de la Nación- adopte las medidas necesarias para garantizar mi ejercicio en la función fiscal y mi protección y de mi familia, en cumplimiento de la Resolución 55/2021 del 25 de julio de 2021 de la Medida Cautelar N° 576-21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al haberse tomado conocimiento del voto del magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada en el cual formula consideraciones para que se criminalice mi actuación de fiscal en el acontecimiento del suicidio de Alan García.

Hago propicia la oportunidad para expresarle sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Adjunto: Informe en _08 _folios.

Atentamente,

JOSE DOMINGO PEREZ GOMEZ
FISCAL PROVINCIAL TITULAR
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios equipo especial
-PRIMER DESPACHO-

A: SEÑOR DOCTOR RAFAEL ERNESTO VELA BARBA
FISCAL SUPERIOR COORDINADOR
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES QUE SE AVOCAN A DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL CONOCIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES VINCULADAS CON DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CONEXOS, EN LOS QUE HABRÍA INCURRIDO LA EMPRESA ODEBRECHT Y OTROS

De: José Domingo Pérez Gómez
Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima destacado al Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros

Asunto: Resolución 55/2021 del 25 de julio de 2021 Medida Cautelar No 576-21 Fecha: 13 de enero de 2022

Tengo el honor de dirigirme a Usted, señor Fiscal Superior Coordinador con la finalidad saludarlo muy cordialmente y asimismo elevar el presente Informe de acuerdo a los términos expuestos a continuación:

I. OBJETO DEL INFORME:

El presente informe tiene como objeto hacer de su conocimiento el voto del magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada en el cual formula consideraciones para que se criminalice mi actuación de fiscal en el acontecimiento del suicidio de Alan García.

II. ANTECEDENTES:

2.1. En relación a la medida cautelar otorgada por la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) ha dictado la Resolución 55/2021 del 25 de julio de 2021, en el trámite de la Medida Cautelar No 576-21′, en la que decide otorgar medidas cautelares a favor de mi familia y mía:

“IV. BENEFICIARIOS

[…]

3.1. Acerca dela condición de testigo del magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada

– En mi ejercicio regular de fiscal del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato he formulado acusación penal el 11 de marzo de 2021 contra Keiko Fujimori, el Partido Político Fuerza Popular y otros, por los delitos de Crimen Organizado, Lavado de Activos, Obstrucción a la Justicia y Falsa de Declaración en Procedimiento Administrativo; pues, a Fujimori se le acusa de jefaturar una organización criminal que blanqueó activos ilícitos de distintas fuentes, en los contextos de las campañas electorales de los años 2011 y 2016, así como, ejercer actos de obstrucción a la justicia, interfiriendo con los libres testimonios y afectando la independencia del Poder Judicial y autonomía del Ministerio Público, en otros aspectos más que se encuentran relatos en los hechos de la acusación fiscal debidamente sustentados con sus pruebas para la actuación en el Expediente judicial 299-2017 (Carpeta fiscal SGF 2017-55).

– En la citada acusación consta que se ha ofrecido la declaración de José Luis Sardón de Taboada (DNI 07886465) para que declaré en el juicio oral acerca de su vinculación con la Asociación Civil Reflexión Democrática y la finalidad y obtención de financiamientos a candidatos del Partido Político Fuerza Popular.

3.2. Acerca del voto del magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada en la STC 02825-2017-PHC/TC Junín

– El 23 de noviembre de 2021 el Tribunal Constitucional ha emitido Sentencia en el Expediente 02825-2017-PHC/TC JUNÍN [3] y en el fundamento del voto del magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada constan consideraciones de esta alta autoridad de la justicia constitucional para que se criminalice mi actuación de fiscal en el acontecimiento del suicidio de Alan García. A continuación, se reproduce el fundamento referido:

“La presunción de inocencia requiere, pues, la protección y el respeto a toda persona sometida a una investigación o juicio. La Constitución y la ley obligan a las autoridades a otorgarle un trato digno y no presentarlo como culpable, mientras no haya una sentencia condenatoria firme. La práctica de exhibir públicamente a personas investigadas o procesadas con esposas en las muñecas afecta la presunción de inocencia y convierte a la administración de justicia en un espectáculo circense abominable. Quienes incurran en ella deben ser castigados ejemplarmente, así cuenten con el aplauso fácil de la prensa o las redes sociales.

Dicha práctica puede presionar a las personas a adoptar medidas extremas, como ocurrió con el dos veces expresidente constitucional de la República Alan García Pérez. La madrugada del 17 de abril de 2019, el representante del Ministerio Público tocó la puerta de su domicilio acompañado no solo por agentes policiales sino también por reporteros del principal canal de televisión y de la principal radio del país. Antes de ser vejado públicamente, el expresidente prefirió suicidarse. Solo han transcurrido dos años: el juez debe determinar cómo los medios e incluso las redes sociales- sabían que se efectuaría esa detención, siendo la prisión preventiva una disposición de carácter estrictamente reservado, debe determinar si entonces se buscaba la justicia y no el escarnio político.”

[…]

4)

Cuenta: Angel del sur @angelsurp1
Fecha: 12 de enero de 2022
Mensaje: Domingo Perez el sicario de la fiscalía ya tiene 2 “investigados” perseguidos muertos en su haber, Alan García y Castañeda Lossio ellos descansa en

III. SOBRE LAS GARANTIAS PARA CUMPLIR CON LA FUNCIÓN FISCAL

Es pertinente citar el Informe sobre la “Situación de las Fiscalías en la protección de los Derechos Humanos en la Región” [5] elaborado por organizaciones civiles, y personas defensoras de derechos humanos, representativas de 11 países de la región, con ocasión de la Audiencia celebrada el 04 de diciembre de 2020, correspondiente al 178 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se deja constancia cuáles son las amenazas, presiones, intimidaciones y acoso a fiscales que investigan y persiguen casos de gran impacto social:

“En la región, las amenazas, interferencias, presiones, intimidaciones y acoso a las y los fiscales, cuenta con evidencia concreta. La vida, integridad y seguridad de los fiscales que tienen a su cargo casos de gran impacto social, se ve amenazada, incluso a los más altos niveles. No es casual, por ejemplo, que precisamente los fiscales generales de países con altos índices de impunidad en materia de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción hayan sido presionados y amenazados, al punto de tener que solicitar protección para su vida e integridad personal ante el SIDH, como ocurrió en el caso la entonces Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana (MC 497/16); el entonces Fiscal de El Salvador, Douglas Meléndez Ruiz (MC 917/17), y la ex Fiscal de Venezuela, Luisa Ortega (MC 449/17), además de verse obligados a exiliarse fuera de sus países.

Por otro lado, se criminaliza y ataca a los fiscales mediante la interposición de denuncias penales espurias, promovidas por personas y sectores afectados con las investigaciones penales, con el objeto de presionarlos y apartarlos de los casos. Esta situación se torna más grave, cuando la propia institución no desestima de plano este tipo de denuncias claramente ilegitimas, dándoles tramite; o cuando las presiones y amenazas provienen del interior de la misma fiscalía, a través de la apertura de procesos disciplinarios; o incluso de la persona del Fiscal General, como ha ocurrido en algunos casos en la región.

La criminalización y el ataque público a las y los fiscales por parte de altas autoridades políticas, también ha sido reportado en la región. El uso del discurso oficial para señalar a quienes persiguen la corrupción como “corruptos”, “terroristas” o poniendo en duda la imparcialidad de su labor, es otra forma de afectación de la independencia y autonomía de los fiscales, no solo porque aumenta sus niveles de riesgo y los expone a ataques públicos, sino porque afecta la credibilidad y la legitimidad publica de la persecución penal.”

IV. SOLICITUD

Respetuosamente se pone en su conocimiento para que la entidad -Fiscalía de la Nación- adopte las medidas necesarias para garantizar mi ejercicio en la función fiscal y mi protección y de mi familia, en cumplimiento de la Resolución 55/2021 del 25 de julio de 2021 de la Medida Cautelar No 576-21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al haberse tomado conocimiento del voto del magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada en el cual formula consideraciones para que se criminalice mi actuación de fiscal en el acontecimiento del suicidio de Alan García.

Es todo cuanto tengo que informar a usted.

José Domingo Pérez Gómez
Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios designado en el Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros.

[3] Ver: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/02825-2017-HC.pdf(fecha de consulta 13 de enero de 2022)

[5] https://www.dplf.org/sites/default/files/informe_de_audiencia_situacion_de_los fiscales -7_las_fiscalias_en_al_vf.pdf

Nota previa 26.07.2021

CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Domingo Pérez y su familia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución que otorgó medida cautelar a favor del fiscal José Domingo Pérez y a su núcleo familiar, luego de considerar que se encuentra en una situación en donde se puede ocasionar daños irreparables a sus derechos.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
RESOLUCIÓN 55/2021
Medida cautelar No. 576-21
José Domingo Pérez Gómez y su núcleo familiar respecto de Perú[1]

25 de julio de 2021

I. INTRODUCCIÓN

1. El 23 de junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (“los solicitantes”), instando a la Comisión que requiera al Estado de Perú (“Perú” o “el Estado”) la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos del señor José Domingo Pérez Gómez, su esposa Vanessa Aydee Medina Muñoz y su hijo J.D.P.M. (“los propuestos beneficiarios”). Según la solicitud, el señor Pérez se encuentra en una situación de riesgo como consecuencia de las labores que viene realizando como fiscal en el actual contexto del país.

2. En los términos del artículo 25 del Reglamento, la CIDH solicitó información al Estado y a la representación el 29 de junio de 2021. Los solicitantes remitieron información adicional el 1 y 13 de julio de 2021. El Estado respondió el 7 de julio de 2021.

3. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión considera, desde el estándar prima facie aplicable, que el señor José Domingo Pérez Gómez, su esposa Vanessa Aydee Medina Muñoz y su hijo J.D.P.M., se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, esta solicita a Perú que: a) Adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas como beneficiarias; b) Adopte las medidas necesarias y culturalmente apropiadas para garantizar que el señor Pérez pueda seguir desempeñando sus labores como fiscal sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de las mismas; c) Concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y d) Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición.

II.RESUMEN DE LOS HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADOS POR LAS PARTES

1. Información aportada por la solicitante

4. El señor José Domingo Pérez se desempeña desde el 2017 como fiscal e integrante del denominado “Equipo Especial Lava Jato”, en el marco del cual se impulsan investigaciones de los actos de corrupción de la empresa Odebrecht y otras constructoras, incluidas peruanas. Las investigaciones del mencionado equipo involucrarían, entre otros, a la señora Keiko Fujimori, candidata presidencial durante el proceso electoral de 2021, y a su partido político Fuerza Popular. Luego de diversas acciones legales en contra de la señora Fujimori[2], el señor Pérez habría presentado en marzo de 2021 acusación fiscal en su contra por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Los solicitantes indicaron que el propuesto beneficiario en meses siguientes estaría presentando diversas solicitudes fiscales en aproximadamente 20 casos en los que investiga delitos de corrupción que involucran a varias “figuras públicas de poder” en el país.

5. Como contexto, los solicitantes resaltaron que existe un proceso de larga data de lucha contra la corrupción en Perú, lo que ha implicado sentencias en contra de ex altos funcionarios públicos y empresarios en el país. En el 2016, se inició un proceso de investigación de “megacorrupción transnacional” conocido como Caso “Lava Jato Perú”. Tales investigaciones incluirían, entre otros, a ex presidentes del país y a personas con altos cargos en el país. Posteriormente, en el 2018, se habría conocido de una “nueva red de corrupción judicial y fiscal” conocido como el caso “Lava Juez” o “CNMaudios”, la cual, según los solicitantes, generaba condiciones para debilitar las investigaciones de “Lava Jato Perú”, y el riesgo para librar de responsabilidad a los agentes del Estado involucrados.

6. Sumado a ello, tras la segunda vuelta electoral de 6 de junio de 2021, dado el ajustado resultado, los candidatos presidenciales habrían presentado recursos para que se revisen los resultados en el marco del Sistema Electoral del país. Según los solicitantes, la candidata con menor cantidad de votos habría denunciado públicamente que hubo fraude. Los solicitantes precisaron que tales acusaciones habrían generado incertidumbre; aumentado la polarización social en el país; y buscarían afectar la institucionalidad electoral del país[3]. A su vez, los solicitantes indicaron que se han presentado campañas de “terruqueo”, calificación que sería utilizada para identificar a alguien como “terrorista”, como “miembros subversivos” y adjudicando a una persona una conducta criminal[4]. Los solicitantes señalaron además que habrían reaparecido “grupos extremistas”, tales como, el conocido como “La Resistencia”, y otro grupo identificado como “Los Combatientes” quienes incitarían a la violencia y participarían en las protestas.

7. En lo que se refiere a la situación del señor Pérez, los solicitantes se refirieron a los siguientes presuntos hechos concretos entre 2017 y 2021:

– El 7 de diciembre de 2017, mientras se realizaba el allanamiento a los locales del Partido Político Fuerza Popular, una congresista del partido, lo habría amenazado señalando: “(…) no se está metiendo usted con cualquiera”.

– El 28 de febrero de 2018, el propuesto beneficiario y su coordinador, el Fiscal Vela, se encontraban en Brasil tomando declaraciones en el marco del caso Lava Jato. Se habría tenido conocimiento que habrían estado siendo objeto de seguimientos en el marco de la diligencia.

– El 19 de octubre de 2018, el propuesto beneficiario habría formalizado la investigación preparatoria contra la señora Fujimori y el pedido de prisión preventiva. Ese mismo día, el propuesto beneficiario ingresó a su domicilio pasadas las 7 de la noche, y encontró la perilla de la puerta de acceso a la vivienda descolocada de su base. Este inmediatamente puso en conocimiento al personal policial que le prestaba resguardo, se entrevistaron con el portero, conserje y la presidenta de la junta de propietarios, e indicó que según su registro no había incidencia. La investigación iniciada por este hecho habría sido archivada el 16 de septiembre de 2019.

– Desde mediados de octubre de 2018, el propuesto beneficiario vendría siendo objeto de una campaña que lo acusa de ser y apoyar terroristas, a raíz de la descontextualización de una ponencia dada en México (12 de octubre de 2018), donde hizo referencia al grupo terrorista “Sendero Luminoso”. Esto habría provocado que actores políticos que cuestionan su desempeño (a los que investiga o están en condición de testigos) lo convoquen al Congreso de la República, a la par de una campaña de “terruqueo” en redes sociales, como también otro tipo de ataques y amenazas producto de la instigación a la violencia en su contra al considerarlo un terrorista o aliado de estos por su lucha contra la corrupción.

– Además de mensajes en redes, se habrían manipulado fotos para asociar al fiscal con el líder terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Asimismo, el expresidente de la República Alan García y líder del partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) – quien también estaba siendo investigado por el propuesto beneficiario – lo habría vinculado con el terrorismo en su libro. Dicho mensaje habría sido compartido por otros líderes de ese partido, así como por sus simpatizantes. Los solicitantes indicaron que se habría responsabilizado al propuesto beneficiario por el suicidio del expresidente García.

– El 31 de diciembre de 2018, el ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry destituyó a ambos fiscales el 31 de diciembre de 2018. Este hecho se habría producido días previos a que la empresa Odebrecht firmara el acuerdo de colaboración para entregar pruebas a la Fiscalía peruana en el marco de la investigación Lava Jato. Ambos fiscales habrían regresado a sus puestos debido a la presión ciudadana.

– El 18 de marzo de 2019, el fiscal Pérez y la fiscal adjunta Magally Minelly Ponce de León Ezcurra, habrían sido atacados por una turba de presuntos simpatizantes de la señora Fujimori toda vez que tenían banderolas con los signos del partido Fuerza Popular. Este ataque fue realizado saliendo de una diligencia en el Anexo del Penal de Mujeres de Chorrillos (“Santa Mónica”) para tomarle declaración a la señora Fujimori. El propuesto beneficiario fue agredido físicamente – le cayó un objeto en la nuca, líquidos, fue jaloneado, y acosado con empujones – quedando muy adolorido, al igual que la fiscal adjunta. Además, el vehículo en que se transportaban sufrió daño en la parte trasera. Los fiscales habrían recibido dos días de licencia, y seis días de incapacidad legal para el propuesto beneficiario. La policía abrió una investigación, siendo archivada 4 meses después.

– El 3 de septiembre de 2019, el fiscal José Domingo Pérez informó a su coordinador que, en base a una consulta que le realizó a la División de Protección de Dignatarios del Ministerio del Interior, tuvo la información de que dos personas del personal que le brindaba seguridad personal, habían prestado servicios anteriormente al ex consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura Guido Aguila Grados, y al ex presidente de la República Alan García Pérez, ambos personas que eran investigadas por el propuesto beneficiario en el desempeño de sus funciones.

– Durante el 2019, el propuesto beneficiario habría enfrentado una escalada de acosos, hostigamientos, incitaciones al odio y a la violencia, y difamaciones por parte de grupos relacionados con el partido Fuerza Popular, como el grupo denominado “La Resistencia”, que entre 2019 a inicios del 2020 se presentaban en las oficinas del Equipo Especial de Fiscales profiriendo insultos e intimidaciones. El 13 de noviembre de 2019, dicho grupo se habría hecho presente en las afueras del centro de trabajo del fiscal, entre las 10 am y el mediodía. Uno de los integrantes de ese grupo se encontraría registrado en la Base de Datos de Denuncias por el Delito de Homicidio Calificado (por ferocidad o lucro), con dictamen ante la fiscalía competente. El 19 de noviembre de 2019, se habría presentado otro acto de amedrentamiento, amenaza y difamación en contra del fiscal al frente de su centro de trabajo, entre las 3 pm y 4pm, luego de que el propuesto beneficiario se presentó en “la audiencia judicial para sustentar la incorporación de la persona jurídica Fuerza Popular al proceso seguido por lavado de activos por organización criminal”.

– El 6 de febrero de 2020, un grupo de 30 personas se presentaron en el centro de labores de la esposa del propuesto beneficiario a las 10.20 horas aproximadamente, profiriendo insultos e intimidaciones. Ese hecho habría acontecido días después de que la señora Fujimori ingresara a la cárcel (28 de enero de 2020) al haberse declarado fundado el pedido de prisión preventiva por 15 meses, el cual fue solicitado por el fiscal Pérez. Del mismo modo, los solicitantes indicaron que la esposa del propuesto beneficiario habría sido difamada e insultada en redes sociales por un supuesto acto de corrupción en una compra pública en la que no participó. Posteriormente, ella renunció y no conseguiría trabajo “debido a la fuerte campaña de estigmatización en su contra”. Según los solicitantes, las campañas de difamación e incitación a la violencia en redes contra ella se reactivan cada vez que sucede un hecho importante en la investigación fiscal que lleva adelante su esposo.

– El 8 de septiembre del 2020, el Fiscal Pérez solicitó se investiguen nuevos actos de amedrentamiento al frente de su oficina de trabajo y la filtración de una foto de su esposa, que comenzó a circular en redes. Según el propuesto beneficiario, dicha foto habría sido obtenida del Sistema del Ministerio Público. Días previos, el 30 de agosto de 2020, el propuesto beneficiario habría solicitado que la empresa del esposo de la señora Fujimori sea incluida en la investigación de lavado de activos que lleva a cabo. Según los solicitantes, la campaña de incitación al odio y difamación respecto de la esposa del propuesto beneficiario no cesaron incluso luego de haber renunciado a su trabajo debido a la presión, sino que continuaron a lo largo del 2020. En el 2021, a raíz de la presentación de la acusación fiscal contra la señora Fujimori, los “ataques” contra la esposa del propuesto beneficiario se reactivaron. Los solicitantes se refirieron a declaraciones en Twitter de líderes de opinión, incluido un excandidato presidencial.

– El 7 de mayo de 2021, cuando se celebró “audiencia de nulidad de la conclusión de la investigación preparatoria”, solicitada por la defensa de las personas investigadas en el proceso “Lava Jato”, la campaña del “terruqueo” se intensificó presuntamente. Según los solicitantes, dicho pedido de nulidad de los investigados se dio a raíz de que el propuesto beneficiario solicitó el 11 de marzo de 2021 acusación fiscal contra la candidata presidencial de Fuerza Popular y 40 personas más. En ese momento, según los solicitantes, la candidata presidencial lo acusó en Twitter de querer ser un “actor político en las elecciones”. Posteriormente, se habrían producido diferentes “ataques” en redes sociales donde se señala al propuesto beneficiario como “el brazo legal de sendero luminoso”, un “traidor a la patria”,“comunista”, o se lo acusa de “poner terroristas en el poder”. Asimismo, en dicho momento, una columna de opinión en un medio periodístico señaló que el cumplimiento de las labores y la lucha contra la corrupción que lleva adelante el propuesto beneficiario “debería preocuparnos a todos los peruanos de bien pues es una amenaza real para la correcta búsqueda de la justicia y aplicación de la ley” y que “La fijación de Pérez, curiosamente, es con los dos partidos que son un muro para la violencia del comunismo extremo”.

8. Los solicitantes indicaron que el fiscal Pérez presentó denuncias en diversas oportunidades ante la Fiscalía General de la Nación. La gran mayoría habrían sido enviadas a Fiscalías Penales, que no habrían avanzado las investigaciones. El propuesto beneficiario señaló que conoce que hay 4 carpetas fiscales abiertas de las cuales sabe que 2 son sobre hechos de riesgo contra él y 2 contra su esposa, pero no tiene más información sobre qué hechos de riesgos ni fechas de estos es que están supuestamente siendo investigados. Asimismo, se indicó que existen más de 94 denuncias en contra del propuesto beneficiario, según información de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Para los solicitantes, más del 60 por ciento están relacionadas al caso “Lava Jato”. En 2021, se habrían reactivado, o presentado, un conjunto de 6 indagaciones disciplinarias, entre el 23 de marzo y el 28 de mayo de 2021, luego de presentada la acusación fiscal contra la señora Fujimori. Todas las denuncias habrían sido admitidas y se basarían en acusaciones de supuesta filtración de información sobre la acusación fiscal contra las personas investigadas en el caso Lava Jato, o por haber dado entrevistas a medios de comunicación. A partir de julio de 2021, la Junta Nacional de Justicia comenzaría un proceso de evaluación y ratificación, en donde se definirá si será removido o no del cargo.

[Continúa …]

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