Durante la última mesa de trabajo realizada en el Congreso sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, alertó sobre el incremento de amenazas. Señaló que varios fiscales vienen siendo objeto de intimidaciones por parte de organizaciones criminales.
«Actualmente, yo tengo 25 fiscales de crimen organizado que están amenazados de muerte; hoy día acaban de amenazar uno más», expresó el magistrado al exponer la situación de riesgo en la que se encuentran los representantes del Ministerio Público que investigan delitos de alta peligrosidad.
Chávez Cotrina explicó que, ante esta situación, los fiscales adoptan medidas personales de autoprotección, como variar sus rutas diarias o modificar sus desplazamientos, debido a la falta de recursos logísticos y humanos para garantizar su seguridad. Sobre ello, señaló:
Lo que estamos haciendo es que cambien de ruta. Lamentablemente la policía no nos da seguridad para todos los fiscales, no tienen personal, es difícil, nosotros entendemos ese tema. Es complicado.
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El fiscal agregó que la capacidad tecnológica y operativa de la institución es limitada, lo que dificulta reforzar las medidas de resguardo. Además, manifestó que la vulnerabilidad persiste incluso cuando se cuenta con seguridad policial. Sostuvo:
El día que alguien te quiera matar, te va a matar en cualquier sitio. No es necesariamente en tu oficina o en tu casa, o sea, te agarran en tus cinco segundos y, con o sin seguridad, igual te van a matar.
La advertencia del coordinador fiscal se dio en un contexto marcado por un incremento de amenazas y ataques contra operadores de justicia. En días recientes, la fiscal provincial penal titular de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, denunció recibir amenazas de muerte por su labor en las investigaciones contra la organización criminal Los Chukys de Juan Pablo II. Según informó, los mensajes extorsivos llegaron a su teléfono personal con exigencias para que se aparte del caso.
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Jueces también serían blanco de amenazas y ataques
Asimismo, la violencia contra funcionarios judiciales también se extendió a otros distritos del país. El juez de paz del distrito de Chicama, en la provincia de Ascope (La Libertad), Víctor Hugo López de la Cruz, fue asesinado dentro de su oficina en un presunto ajuste de cuentas. De acuerdo con la información policial, los atacantes ingresaron al recinto y dispararon directamente contra la víctima, hecho que sigue siendo materia de investigación.
Mientras que, en mayo de este año, la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla confirmó la difusión de un video en redes sociales donde presuntos delincuentes amenazaban a los jueces del Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ventanilla. Estas amenazas, vinculadas al caso Los Michis, habrían tenido como finalidad presionar por la liberación de los procesados.
