La comitiva del equipo especial que investiga el Caso Lava Jato –integrada por los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Geovanna Mori– accedieron a las investigaciones realizadas por la justicia de Andorra, que contienen información sobre las cuentas abiertas por ex funcionarios peruanos en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Estos documentos, que llegarán al Perú vía cooperación internacional, detallan las transferencias de dinero que Odebrecht hizo a través de la División de Operaciones Estructuradas.
A pedido del fiscal José Domingo Pérez, la jueza de Andorra Azahara Cascales Ruiz ordenó el congelamiento y la incautación de US$1’304.703 que aún mantenían los exintegrantes del comité de selección del metro de Lima, Edwin Luyo y Santiago Chau Novoa, ambos actualmente en prisión.
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Edwin Luyo fue presidente del primer comité que dio la buena pro al Consorcio Tren Eléctrico formado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero por el tramo 1 del metro de Lima. Edwin Chau formó parte del comité de selección para el tramo 2.
El primero aún tenía a su nombre US$1’191.011, mientras que el otro figuraba con US$113.692.
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La información otorgada por la fiscalía de Andorra permitirá al equipo conocer detalles, tales como transferencias para sobornos que entregó la constructora a cambio de millonarias licitaciones públicas.

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![En virtud de lo que establece el literal f) del numeral 25.1 del artículo 25 de la Ley, los locadores de servicios no son considerados compradores públicos; según el dispositivo señalado, solo los funcionarios y servidores públicos de la Dependencia encargada de las contrataciones pueden ser considerados compradores públicos. Lo señalado no obsta que las Entidades puedan contratar locadores para prestar servicios (de carácter autónomo y específicos a cambio de una contraprestación) en la Dependencia encargada de las contrataciones [Opinión D000041-2025-OECE-DTN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-LPDERECHO-218x150.jpg)
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