El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha exigido la derogatoria de la Ley N° 32108 de Crimen Organizado, señalando que su definición errónea ha facilitado la proliferación de organizaciones criminales en el país, y ha cuestionado los términos introducidos, como «terrorismo de baja intensidad». Además, el CAL criticó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre «terrorismo de imagen», advirtiendo que esta expresión pone en riesgo la libertad de expresión, protegida por la Constitución. La institución reafirma su compromiso con el Estado de Derecho y solicita a las autoridades enfocarse en medidas que mejoren la seguridad sin vulnerar derechos fundamentales.
CAL EXIGE DEROGATORIA DE LEY DE CRIMEN ORGANIZADO Y CUESTIONA LAS RECIENTES DECLARACIONES DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE SOBRE «TERRORISMO DE IMAGEN»
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su profunda preocupación por la crítica situación delictiva que atraviesa el país, marcada por el incremento alarmante de secuestros, extorsiones y sicariato, que han generado un clima de grave inseguridad afectando severamente la economía del país. Estas actividades delictivas se han visto facilitadas por las disposiciones de la actual Ley N° 32108 de Crimen Organizado, que ha permitido la proliferación de organizaciones criminales al modificar de manera errónea la definición de «crimen organizado». El CAL junto a diversos gremios empresariales, sindicales y profesionales, ha exigido la inmediata derogatoria de esta ley.
De otro lado, consideramos que los términos introducidos para modificar determinados delitos, como «terrorismo de baja intensidad», «criminalidad sistemática» o «criminalidad masiva», no solo son innecesarios, sino que podrían favorecer a organizaciones delictivas debido a una tipificación incorrecta. La legislación vigente ya contempla estos delitos con penas claramente definidas y severas, por lo que insistir en esta ley es redundante y perjudicial. Asimismo, advertimos tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo que las recientes declaraciones de la Presidenta Dina Boluarte sobre el llamado «terrorismo de imagen» no se alinean con los principios legales ni constitucionales. Intentar legislar sobre esta materia representa una seria amenaza directa contra la libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Perú.
El Colegio de Abogados de Lima reafirma su compromiso con la defensa de los principios democráticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Instamos a las autoridades a tomar decisiones que efectivamente contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana sin comprometer los derechos y libertades fundamentales que nos permiten vivir en una sociedad democrática.
