Mediante un comunicado, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicita una reforma integral del sistema de justicia y penitenciario, subrayando el alarmante aumento de la extorsión y la criminalidad en el país. En el contexto del paro de transportistas en Lima y Callao, el CAL ha expresado su preocupación por la inseguridad y exige acciones urgentes del Gobierno y el Congreso para proteger a la ciudadanía. La reciente aprobación de la Ley 32108, que redefine el delito de crimen organizado, ha sido criticada por favorecer el crimen, resultando en graves pérdidas humanas y económicas.
Además, el CAL ha responsabilizado al Congreso por facilitar el crecimiento de actividades delictivas, especialmente contra los transportistas. Ante esta crisis, la institución urge al Ministerio del Interior y a las fuerzas del orden a implementar medidas efectivas y constitucionales para erradicar la delincuencia, reiterando su llamado a una reforma que ofrezca soluciones reales a los desafíos actuales.
CAL INVOCA A UNA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA Y PENITENCIARIO ANTE EL INCREMENTO DE LA EXTORSIÓN Y LA CRIMINALIDAD
El Colegio de Abogados de Lima, en cumplimiento de su deber institucional de resguardar el Estado de Derecho y defender los intereses de la ciudadanía, manifiesta su profunda preocupación por la grave situación de inseguridad y criminalidad que enfrenta el país. Esta crisis ha alcanzado un punto crítico hoy con el paro de transportistas en Lima y Callao, quienes, ante la creciente ola de extorsiones y violencia, exigen acciones inmediatas del Gobierno y el Congreso para garantizar su seguridad y la de todos los ciudadanos.
Resulta inadmisible que el Congreso de la República continúe promulgando leyes que favorecen al crimen organizado. La reciente aprobación de la Ley N° 32108, que redefine el delito de crimen organizado, ha generado un entorno favorable para la proliferación de bandas de extorsionadores y otros grupos delictivos, provocando no solo irreparables pérdidas humanas, sino también significativos daños económicos que afectan profundamente a nuestra sociedad.
El Colegio de Abogados de Lima, pese a las reiteradas advertencias de nuestro gremio y otras instituciones, responsabiliza al Congreso por la promulgación de leyes que redefinen el concepto de crimen organizado, las cuales han permitido el incremento de actividades delictivas, como la creciente ola de extorsiones, especialmente contra los transportistas. Por ello, el CAL comparte la profunda preocupación de los gremios empresariales, sindicatos, colegios profesionales y la ciudadanía en general, quienes han manifestado su legítima protesta ante el lamentable accionar del legislativo y la inacción del Poder Ejecutivo.
Exhortamos al Ministerio del Interior y a las fuerzas del orden a actuar de manera efectiva, rigurosa y dentro del marco constitucional, cumpliendo con su deber de combatir y erradicar la delincuencia que azota al país, particularmente ante el estado de emergencia declarado hoy.
Como institución garante de los derechos de la sociedad civil, el Colegio de Abogados de Lima reitera lo expuesto en los comunicados N° 21, No 32, N° 39 y N° 41, respecto a la urgente necesidad que el Poder Ejecutivo impulse una reforma integral del sistema de justicia y del sistema penitenciario. Esta reforma debe estar orientada a ofrecer soluciones reales y eficaces para enfrentar esta crisis de seguridad que ha alcanzado niveles sin precedentes.
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