Mediante un comunicado el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo Rabanal, expresó su preocupación ante las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público contra partidos políticos en plena etapa electoral, como en el caso reciente de Fuerza Popular. Según Canelo, estas acciones podrían vulnerar derechos fundamentales y afectar el proceso democrático.
El CAL coincidió con las críticas de actores políticos, como Luis Galarreta, quien cuestionó la asignación de recursos del Ministerio Público a estos casos en lugar de enfocarse en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, el gremio señaló que el Congreso ha promovido reformas que debilitan las herramientas del Ministerio Público, favoreciendo la corrupción y el crimen organizado.
Finalmente, el CAL exhortó a las instituciones a actuar dentro del marco constitucional y democrático, evitando medidas contradictorias que podrían beneficiar a grupos delictivos y afectar la seguridad del país.
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INVESTIGACIONES A PARTIDOS EN PLENO PROCESO ELECTORAL PODRÍAN VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES
El Decano del CAL, Raúl Canelo Rabanal, expresa su preocupación por el inicio de investigaciones por parte de Ministerio Publico contra agrupaciones políticas, como es el caso reciente de Fuerza Popular, a puertas de un proceso electoral. Esto implica la ejecución de acciones poco reflexivas que podrían vulnerar los derechos fundamentales, políticos y electorales de los partidos políticos.
Desde el CAL coincidimos con las críticas de los actores políticos, en particular con las expresadas por el señor Luis Galarreta, Secretario General de Fuerza Popular, al indicar que existen problemas mucho más graves que requieren destinar los escasos y elementales recursos del Ministerio Público en una eficaz persecución de delitos que están azotando al país.
De otro lado, es necesario reconocer que, tal como se ha manifestado en anteriores comunicados del CAL, el sector político, en especial el Congreso, continúa promoviendo modificaciones legislativas que limitan o eliminan herramientas esenciales para que el Ministerio Público cumpla a cabalidad sus funciones constitucionales. Pese a ello, desde estos sectores se busca responsabilizar falazmente a los fiscales de otorgar libertad a sujetos delictivos capturados por la Policía Nacional del Perú cuando en realidad las leyes dictadas han favorecido la corrupción y la delincuencia común, como es el caso de la Ley 31751 (recorte de plazo de prescripción), la Ley 31990 (colaboración eficaz), la Ley 32108 (ley de crimen organizado) y la Ley 32182 (sanciones a fiscales y jueces).
Es fundamental que las instituciones encargadas de emitir normas jurídicas y ejecutar acciones contra la delincuencia actúen dentro del marco constitucional y democrático, coordinando de manera coherente la lucha contra la criminalidad. De lo contrario, los únicos beneficiados con estos actos contradictorios serán los grupos criminales, en perjuicio de todos los peruanos.
Finalmente, el Colegio de Abogados de Lima reitera su compromiso con la defensa del Estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, exhortando a las autoridades a actuar con responsabilidad y transparencia.
Lima, 27 de marzo de 2025
