Fundamento destacado: 9. Bajo esa lógica, es posible reconocer hasta tres tipos de bienes de dominio público en general a partir de la finalidad pública que motiva su afectación. (i) En primer lugar, los bienes destinados al uso público (fundamento 31 de la STC 0003-2007-PC/TC), cuya administración, conservación y mantenimiento corresponden a una entidad pública y que, según la Constitución, pueden ser concedidos a particulares para su aprovechamiento económico (artículo 33). Dentro de estos bienes encontramos a las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires (artículo 56 in fine de la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades), playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos, entre otros (artículo 2.2 del Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales). En este caso, la entidad pública ejerce un derecho de propiedad toda vez que su uso comprende el acceso de toda una comunidad. Precisamente este uso comunitario faculta a sus titulares para intervenir administrativamente, sea con medidas reglamentarias, de tutela o de conservación, en garantía de la preservación de su finalidad pública. La regla general es que el bien sea administrado por la entidad pública titular y de manera excepcional por el concesionario o la persona natural que cuente con el permiso o autorización correspondiente. (ii) En segundo lugar están los bienes que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público público (fundamento 31 de la STC 0003-2007-PC/TC), como los palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos, entre otros (artículo 2.2 del precitado Decreto Supremo 007- 2008-Vivienda). Sobre ellos el Estado también ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela, pues éste debe garantizar el acceso a los servicios públicos de manera general y directa, siendo que en el caso específico de los gobiernos locales, la Constitución reconoce su competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos de su responsabilidad (artículo 195 .5). Por lo general, las entidades públicas son administradoras y usuarias de este tipo de bienes inmuebles. (iii) Finalmente, también se incluyen dentro de los bienes de dominio público a aquellos que -sin integrar las anteriores categorías- se encuentran destinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado (artículo 2.2 del precitado Decreto Supremo 007-2008-Vivienda).
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 19 días del mes de junio de 2018, el Tribunal Constitucional, en sesión del Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados, Blume Fortini (presidente), Miranda Canales (vicepresidente), Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez, y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno del día 5 de setiembre de 2017 Asimismo, se agregan los fundamentos de voto de los magistrados Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera y el voto singular del magistrado Sardón de Taboada.
I. ANTECEDENTES
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto Legislativo 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional.
A. PETITORIO CONSTITUCIONAL
Con fecha 15 de febrero de 2013, el defensor del pueblo, interpone demanda de 6/0).n ‘ constitucionalidad con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad, tanto por la forma como por el fondo, del artículo 12 del Decreto Legislativo 1129, que regula el acceso a la información en asuntos referidos a la seguridad y defensa nacional, por considerarla incompatible con los artículos 2.5 y 2.24, literal «a», de la Constitución Política.
Por su parte, con fecha 2 de julio de 2015, el procurador público especializado supranacional, encargado de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.
B. DEBATE CONSTITUCIONAL
El defensor del pueblo y el Poder Ejecutivo presentan los argumentos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada que se resumen a continuación.
B-1. DEMANDA
Los argumentos expuestos en la demanda son los siguientes:
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- El artículo 12 del Decreto Legislativo 1129 vulnera el ámbito de la delegación de facultades otorgado por el Congreso (artículo 104 de la Constitución), así como el principio de reserva de ley para la regulación de límites a los derechos fundamentales (artículo 2.24.a de la Constitución).
- n ese sentido, el Poder Ejecutivo solicitó delegación de facultades para crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena) y modificar la Ley 28478 adecuando la nueva estructura organizacional del sistema. Por su parte, el Congreso de la República, a través de la Ley 29915, otorgó facultades al Poder Ejecutivo, entre otras materias, para la «Reforma del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional con el objeto de fortalecer su constitución y funcionamiento».
[Continúa…]
