Sumario: 1. Un cuestionamiento necesario, 2. El impacto en la confianza ciudadana, 3. Propuestas para una reforma estructural, 4. Reflexiones finales, Referencias.
En el sistema de justicia peruano, las Oficinas Desconcentradas de Integridad Judicial (ODIJ), anteriormente denominadas Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (ODECMA), desempeñan un papel fundamental en la supervisión y fiscalización de las actividades de jueces y auxiliares jurisdiccionales en cada distrito judicial.
Con la promulgación de la Ley 30943, que fortalece el sistema disciplinario del Poder Judicial, y en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (TUO-LOPJ), aprobado mediante Decreto Supremo 017-93-JUS, surgen nuevas reflexiones sobre el rol de las ODIJ y la necesidad de reformas estructurales que garanticen transparencia e imparcialidad (Ley 30943, 2019; TUO-LOPJ, 1993).
1. Un cuestionamiento necesario
Es evidente que la independencia judicial es un pilar esencial de cualquier Estado de derecho. Pero, ¿qué sucede cuando quienes deben fiscalizar y sancionar irregularidades dentro del Poder Judicial comparten relaciones profesionales, laborales e incluso personales con los investigados? Este es un dilema que afecta la percepción pública de imparcialidad y puede generar un conflicto de intereses real o aparente.
El TUO-LOPJ, si bien establece principios generales de integridad y responsabilidad, no resuelve del todo los problemas derivados de la configuración actual de las ODIJ. La coexistencia cotidiana entre los magistrados fiscalizadores e investigados sigue siendo un punto crítico. En este sentido, la Ley 30943 introduce avances significativos, como la obligatoriedad de auditorías externas y la implementación de lineamientos más estrictos para la investigación disciplinaria, pero su aplicación efectiva depende de un cambio cultural y organizacional dentro del sistema judicial (Ley 30943, 2019).
2. El impacto en la confianza ciudadana
La ciudadanía espera que el sistema de justicia opere con transparencia y que las investigaciones sobre presuntas irregularidades sean conducidas con el más alto grado de objetividad.
Sin embargo, la estructura actual de las ODIJ, aun con las mejoras de la Ley 30943 y las disposiciones del TUO-LOPJ, puede comprometer esta confianza, al menos en percepción. Cuando la población observa que las sanciones o investigaciones quedan inconclusas o resultan en exoneraciones cuestionables, se fortalece la idea de que el Poder Judicial no está comprometido con la erradicación de la corrupción y la mala praxis (Naciones Unidas, 1985).
El impacto de esta situación trasciende el ámbito judicial. Una población que percibe un sistema judicial corrupto o ineficiente tiende a perder confianza en las instituciones democráticas en su conjunto. Esto genera un círculo vicioso en el que la falta de fe en la justicia reduce la disposición de los ciudadanos a denunciar irregularidades, perpetuando la impunidad (OCDE, 2018).
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3. Propuestas para una reforma estructural
Muchas de las propuestas que se describen a continuación están alineadas con los objetivos de la Ley 30943. Sin embargo, algunas requieren acciones complementarias o reformas adicionales para garantizar su plena efectividad:
1. Designación de integrantes externos: Una de las innovaciones de la Ley 30943 es la inclusión de mecanismos para garantizar mayor imparcialidad en las investigaciones. Esta disposición podría fortalecerse mediante la incorporación de auditores externos especializados en ética judicial y auditoría forense, seleccionados por mérito (Ley 30943, 2019), incluso de fuera del Perú.
2. Supervisión descentralizada: La Ley 30943 prevé mecanismos de revisión colegiada que pueden ser complementados con órganos supradistritales para casos sensibles o de alto riesgo de parcialidad, mientras que para el resto de los casos fueran jueces de otro distrito quienes supervisaran las quejas.
Como ejemplo de esto, sin duda sería menos cuestionable por la ciudadanía el que la ODECMA de Piura supervisara y evaluara las quejas y denuncias provenientes de la ODECMA de Trujillo; y la de Trujillo, por ejemplo, la de Tumbes; de manera que fuera más difícil cada vez el poder imaginar “contubernio” entre las partes.
Esto garantizaría una mayor independencia al evitar que las oficinas investiguen a magistrados y auxiliares dentro de su mismo distrito judicial (Ley 30943, 2019).
3. Mayor transparencia: La Ley 30943 enfatiza la transparencia como un principio rector. Esto debería complementarse con plataformas digitales que permitan el seguimiento en tiempo real de las investigaciones disciplinarias y la publicación de informes detallados sobre los casos resueltos (OCDE, 2018).
4. Capacitación en ética y auditoría: Aunque la Ley 30943 promueve la capacitación continua de los integrantes de las ODIJ, es fundamental implementar programas especializados en prevención de conflictos de intereses y técnicas avanzadas de investigación judicial (TUO-LOPJ, 1993).
5. Promoción de la participación ciudadana: Incorporar mecanismos de participación ciudadana, como la recepción de informes de organizaciones civiles y colegios profesionales, contribuirá a fortalecer la supervisión externa del sistema disciplinario (Naciones Unidas, 1985).
4. Reflexiones finales
La autonomía de las ODIJ es un componente crucial para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema de justicia. No obstante, su configuración actual puede poner en entredicho su capacidad para actuar con la imparcialidad que la ciudadanía demanda. La Ley 30943 y el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial representan pasos significativos hacia la consolidación de un sistema disciplinario más robusto, pero su éxito dependerá de su implementación efectiva y de la introducción de medidas complementarias que refuercen su autonomía y eficiencia.
Referencias
- Ley 30943. (2019). Ley que fortalece el sistema disciplinario del Poder Judicial. Publicada el 30 de mayo de 2019. Consultada el 12 de enero de 2025.
- Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (TUO-LOPJ). (1993). Decreto Supremo 017-93-JUS. Publicado el 2 de mayo de 1993. Consultado el 12 de enero de 2025.
- Naciones Unidas. (1985). Principios sobre Independencia Judicial y Participación Ciudadana en la Justicia. Consultados el 12 de enero de 2025.
- OCDE. (2018). Informe sobre Transparencia y Buenas Prácticas en los Sistemas Judiciales. Consultado el 12 de enero de 2025.
