Asociaciones de la Policía Nacional en situación de retiro expresaron su rechazo a la sentencia dictada contra el congresista Fernando Rospigliosi. En un comunicado conjunto, calificaron la decisión como arbitraria, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de derecho.
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El pronunciamiento sostiene que «expresamos nuestro más enérgico rechazo a la sentencia dictada contra el congresista Fernando Rospigliosi Capurro, por considerarla arbitraria, desproporcionada y contraria a los principios fundamentales del Estado de derecho». Las organizaciones firmantes indicaron que la decisión judicial vulnera estándares básicos del orden constitucional.
Asimismo, señalaron que la medida adoptada por la jueza provisional Norma Carbajal constituye «un grave precedente que pretende intimidar y silenciar a quienes, en legítimo ejercicio de su derecho, denuncian abusos y defienden el honor de los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas».
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En el mismo documento, las asociaciones expresaron su respaldo a la actuación del parlamentario, indicando que reconocen «la firme, desinteresada y valiente defensa que el congresista ha realizado en reiteradas ocasiones en favor de los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas». Añadieron que estas instituciones «cumplen su deber en defensa de la sociedad».
El comunicado también cuestiona que la decisión judicial pueda afectar el ejercicio de la libertad de expresión. En ese sentido, indicaron que «resulta inaceptable que se pretenda criminalizar la opinión», haciendo referencia a la situación que enfrenta el legislador.
De igual forma, denunciaron que este tipo de resoluciones evidenciarían «un uso indebido del Poder Judicial, orientado a amedrentar, restringir libertades y proteger intereses ajenos a la justicia, debilitando gravemente la institucionalidad democrática».
Finalmente, las asociaciones consideraron necesario que la sentencia sea revisada conforme a los mecanismos legales vigentes. En esa línea, manifestaron su «preocupación ante cualquier escenario en el que la función jurisdiccional pudiera ser percibida como un instrumento que limite el legítimo ejercicio de defensa de la legalidad, el orden y la dignidad de nuestras instituciones».
