La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el expremier Alberto Otárola, según informó este miércoles 30, por las presuntas irregularidades en la contratación de Yaziré Pinedo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Defensa (MINDEF).
La denuncia fue presentada ante el Congreso a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales; en ella, Otárola Peñaranda es sindicado del presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
El Ministerio Público inició en septiembre de 2023 una indagación preliminar tras la difusión de un reportaje televisivo, a través del programa Panorama, que denunció una relación entre una serie de visitas al entonces premier Otárola y la posterior adjudicación de contratos públicos.
Tras el análisis de la documentación recabada, el 18 de octubre se dispuso desacumular uno de los hechos, específicamente el relacionado con la contratación de Pinedo en el Ministerio de Defensa, y abrir una nueva carpeta fiscal para su evaluación independiente.
Las investigaciones se centran en tres contrataciones públicas catalogadas como menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT): una en la PCM (Pedido SIGA 00183) y dos en el Ministerio de Defensa (Órdenes de Servicio 00182 y 00829). Según la tesis fiscal, estas habrían sido dirigidas para favorecer indebidamente a Yaziré Pinedo, supuestamente por interés personal de Otárola, mediante la intervención de funcionarios de su entorno cercano.
En el caso de la PCM, se señala que Otárola habría canalizado su influencia mediante Luis Antonio Alemán Nakamine, director de la Oficina General de Administración, quien facilitó que Pinedo fuese la única postulante en el procedimiento de contratación. Esto le habría permitido acceder a un contrato por un monto de entre S/2500 y S/3500 por 30 días de servicios.
En paralelo, desde el Ministerio de Defensa, se habría direccionado su contratación a través de Ninoska Mosqueira Cornejo, viceministra de Recursos para la Defensa, y Giuliana María Horna Padrón, directora de la Dirección General de Administración.
Estas gestiones resultaron en dos órdenes de servicio por S/18 000 y S/35 000, respectivamente, aunque de esta última solo se destinaron S/14 000, junto a la primera suma ya mencionada, a Pinedo. Así, el aparente beneficio patrimonial ascendió a S/32 000.
La Fiscalía sostiene que todos los funcionarios implicados —Alemán Nakamine, Mosqueira Cornejo y Horna Padrón— integraban el círculo laboral de confianza de Otárola desde su gestión en DEVIDA, lo cual refuerza la hipótesis de un uso instrumental de su red de allegados para beneficiar a Pinedo.
El Ministerio Público también ha documentado la existencia de una relación sentimental entre Otárola y Pinedo desde 2020, la cual habría derivado en un interés directo del exfuncionario por asegurarle vínculos laborales con entidades públicas, valiéndose de su posición y de colaboradores estratégicos.
