El expresidente cometió dos errores, volver al Perú cuando fue citado en el caso Lava Jato y tentar un asilo en Uruguay. Errores de cálculo o, como suelo decir, de «ingeniería procesal».
Lo primero lo hizo víctima de un engaño, la buena fe procesal demanda que el imputado concurra a todas las citaciones de las autoridades, pero cuando fue citado para el 15.11.18 regresó y «se puso a derecho», ese mismo día IDL-Reporteros publicó un informe sobre el presunto soborno de 100 mil dólares recibidos por García (caso Línea 1 del metro de Lima), desde la Caja 2 de Odebrecht, disfrazado de honorarios por una conferencia en Brasil en 2012. La diligencia fue suspendida porque la Fiscalía ya había pedido ante el Juez el impedimento de salida del país, ese mismo día se fijó la audiencia para el sábado 17.11.18.
Siguiendo con la buena fe procesal, García se allanó al pedido y, con ello, quedó arraigado, no fue citado para declarar sino para «cercarlo» en el Perú y limitar su defensa a los recursos de la justicia local. Si García permanecía en España, cualquier pedido de extradición se habría sometido al alto estándar que la Audiencia Nacional (Madrid) impone en los casos contra ex altos funcionarios extranjeros, es decir la existencia de una imputación comprobada, equivalente a una acusación fiscal lista para el inicio del juicio oral.
En cuanto al asilo, dictaduras e ideologías aparte, pedirlo ante un gobierno como el uruguayo fue una apuesta riesgosa. Por un error de cálculo Pedro Castillo no llegó a la embajada de México el 7.12.22, solo su familia goza del asilo, de los favores de AMLO y de Sheinbaum. Pero especialmente desde Pepe Mujica, aunque fuera un guerrillero de los Tupamaros que purgó prisión por casi 15 años, Uruguay es un país en el que predomina lo «políticamente correcto», si alguna voluntad de asilo tuvieron sus autoridades, la prensa y la opinión pública contrarias a García, la fulminaron.
«Alea jacta est», la suerte estaba echada. Cercado en el Perú, con un asilo fallido y una permanente campaña de desprestigio, llevarlo a prisión era el siguiente paso. Yo no juzgo a García, el expresidente se suicidó para evitar su detención preliminar y ser sometido a un largo proceso por graves hechos de corrupción. Fue su respuesta al uso y abuso de la detención durante el proceso (sin condena), como método de investigación usado por la Fiscalía y avalado por los jueces. Se detiene a los investigados por 15 días, a la espera que algunos delaten a los líderes y luego tentar la detención por 36 meses contra los que no acepten su culpabilidad. Se «detiene para investigar», no se investiga para condenar y detener.
Esta inversión de las reglas procesales, la detención en el proceso es la excepción, no se justifica en nombre de la lucha contra la corrupción. La ley no permite una detención con la sola existencia de delaciones filtradas a la prensa, éstas deben probarse para ser usadas en el proceso penal. La Fiscalía debe acreditar además que el imputado puede fugarse u obstruir las investigaciones, y ello no se prueba con el solo argumento o presunción de que el caso es complejo o parte del crimen organizado, que la pena es elevada o que el imputado tiene dinero para escapar o comprar testigos, debe sostenerse con indicios serios por parte de la Fiscalía. La detención judicial no es una pena adelantada. Aunque existe una sed, una demanda social de justicia y rechazo a la corrupción, alentada en muchos casos por el sensacionalismo y parte de la masa, los jueces se deben a la Constitución y no al dictado de las masas.
Alan García murió inocente, su partida no es solo un luto para su familia, también es un duelo por el debilitamiento de los valores que inspiran el proceso penal moderno, ese balance necesario entre eficacia, condena ejemplar para los culpables, y la garantía de respeto a los derechos del imputado.
