El abogado Stefano Miranda asumió la defensa del ministro del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, en su investigación por presunto tráfico de influencias. El caso responde a las declaraciones de dos testigos protegidos, quienes sindicaron al funcionario de ofrecer sus «influencias» un año atrás, cuando se desempeñaba como abogado, en el Tribunal Constitucional (TC).
Según la versión de ambos ciudadanos, Santiváñez habría solicitado 20 000 dólares para interceder ante el TC en beneficio de dos de sus patrocinados. Por este proceso, la vivienda del titular del Mininter fue allanada el último 19 de marzo, diligencia que fue cuestionada por Miranda.
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El abogado indicó que no se presentaron elementos de convicción suficientes para justificar esta medida. En diálogo con RPP, horas después del allanamiento a su defendido, sostuvo lo siguiente:
No hay incidencia delictiva ni elemento de convicción que sea congruente con el delito de tráfico de influencias. […] Es una orden judicial que la cuestionamos porque el juez la emitió el 3 de marzo y da 15 días, esto significa que el vencimiento del plazo (para el allanamiento) es el 18 de marzo. Hoy estamos 19 [de marzo] y, por lo tanto, el plazo que dio el juez había precluido. El Código Procesal Penal señala que, de no hacerse en ese plazo, queda sin efecto la medida restrictiva.
De acuerdo a la Fiscalía, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales solicitó el allanamiento del inmueble el 13 de febrero último. Ante ello, el último 4 de marzo, según informaron desde la institución, el Poder Judicial otorgó 15 días para su ejecución.
Sin embargo, el titular del interior estuvo de viaje ―en las ciudades de Bruselas y La Haya― del 3 al 9 de marzo. En este sentido, la entidad detalló que coordinó cerca de una semana con peritos, Policía Nacional y la defensa pública para llevar a cabo la medida. «La diligencia efectuada se encuentra dentro del plazo establecido», puntualizó.
El primer allanamiento a Santiváñez, realizada en el marco de una investigación por el presunto delito de abuso de autoridad, ocurrió el último 3 de marzo. En aquella oportunidad, sin embargo, las acciones se llevaron a cabo solo por personal de la Fiscalía sin la presencia de efectivos policiales.

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