¿Error material insubsanable? Abogado digita mal el correo de mesa de partes y su apelación llega tarde [Exp. 00014-2017]

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¿Error material insubsanable? El 9 de junio de 2020, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios archivó de oficio el trámite procesal iniciado sobre revisión de la medida de prisión preventiva impuesta contra un imputado. Así, su abogado defensor interpuso recurso de apelación el 16 de junio de 2020, a través del electrónico [email protected].

Luego de ello, el abogado advirtió su error: digitó mal el correo de mesa de partes. El 23 de junio de 2020 envió su recurso impugnatorio al correo electrónico correcto del Sistema Especializado: [email protected]. Como se puede ver, el abogado, en su primer envío, se equivocó en una letra del correo.

El Juzgado declaró improcedente por extemporáneo el recurso. Es contra esta decisión que el recurrente interpuso su queja de derecho alegando que un error material no podía convalidar la violación de su derecho fundamental a impugnar. ¿Qué respuesta obtuvo? Aquí te dejamos la resolución.


Fundamento destacado.- OCTAVO: En cuanto al “error material”, en que el recurrente ha incurrido al consignar el correo electrónico de la mesa de partes, consideramos que ese hecho no es atribuible al órgano jurisdiccional competente, más aún si no se advierte defecto alguno en las notificaciones que le fueron efectuadas de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del CPP. A mayor abundamiento se debe tener en cuenta que la defensa técnica del investigado además de contar con un plazo legal razonable para interponer el recurso impugnatorio pertinente, se encontraba obligado de manera inexcusable a actuar con la diligencia profesional debida, esto es, utilizando, con pericia, aquellos conocimientos que, por razón de la profesión debe exteriorizar. Por las razones expuestas, el recurso de queja deviene en infundado al no vulnerarse el derecho a la pluralidad de instancia reclamado. Dicho esto, la Resolución N.° 31 amerita ser confirmada.

PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Expediente: 00014-2017-28-5002-JR-PE-02
Jueces superiores: Salinas Siccha / Guillermo Piscoya / Angulo Morales
Ministerio Público: Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
Imputado: Rafael Enrique Siguas Donayre
Delitos: Asociación ilícita para delinquir y otros
Agraviado: El Estado
Especialista judicial: Ximena Gálvez Pérez
Materia: Queja de derecho

Resolución N.° 1

Lima, veintitrés de julio de dos mil veinte

AUTOS y VISTOS: El recurso de queja de derecho interpuesto por la defensa técnica del investigado Rafael Enrique Siguas Donayre, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue al referido imputado y otros por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y otros en agravio del Estado.

Interviene como ponente el juez superior ANGULO MORALES, y ATENDIENDO:

I. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha nueve de junio de dos mil veinte, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante Resolución N.° 29, resolvió archivar de oficio el trámite procesal iniciado sobre revisión de la medida de prisión preventiva impuesta en contra del imputado Rafael Enrique Siguas Donayre. Por tal motivo, su defensa técnica interpuso recurso de apelación con fecha dieciséis de junio de dos mil veinte, para lo cual remitió su recurso impugnatorio al correo electrónico [email protected]

1.2 Posteriormente, al advertir el recurrente, un error en la escritura del correo remitido, el veintitrés de junio de dos mil veinte, procedió a enviar su recurso impugnatorio al correo electrónico de la Mesa de Partes de este Sistema Especializado ([email protected]). Este recurso fue declarado improcedente por extemporáneo por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante Resolución N.° 31, del 23 de junio de este año. Es contra esta decisión que el recurrente interpone su queja de derecho materia de pronunciamiento.

II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

2.1 Conforme se aprecia de la resolución que es materia de queja, el a quo sustentó su decisión afirmando que el recurso impugnatorio interpuesto por el investigado Siguas Donayre no cumple con todas las formalidades prescritas en el artículo 404.1 del Código Procesal Penal (CPP). Señala que el medio impugnatorio ha sido formulado por la defensa técnica –legalmente facultada– del investigado y que se han precisado las partes de la resolución que le causan agravio; sin embargo, no se presentó dentro del plazo de ley.

2.2 Advierte que la Resolución N.° 29, de fecha nueve de junio de dos mil veinte, fue debidamente notificada al recurrente al día siguiente, esto es, el día diez de junio, mientras que el recurso de apelación fue presentado el día veintitrés. En ese entendido, considera que el plazo ha vencido indefectiblemente, por lo que el recurso impugnatorio resulta improcedente por extemporáneo.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE QUEJA

3.1 La defensa técnica del investigado Rafael Enrique Siguas Donayre interpone recurso de queja contra la Resolución N.° 31 que declaró improcedente, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la citada defensa. Señala que la resolución recurrida le causa agravio, pues vulnera los derechos fundamentales a la pluralidad de instancia y al debido proceso.

3.2 Refiere que el dieciséis de junio de dos mil veinte cumplió con enviar su recurso de apelación contra la Resolución N.° 29 en formato PDF a la dirección de correo electrónico [email protected] Sin embargo, días después, advierte que habría incurrido en un error material al haber enviado el referido documento a una dirección de correo electrónico equivocada, pues se digitó la letra “e” en lugar de la “c”, como era lo correcto. Por esta razón, refiere que el día diecinueve de junio procedió a enviar nuevamente su recurso de apelación al correo electrónico de Mesa de Partes del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ([email protected]).

3.3 Dicho lo anterior, argumenta que el órgano jurisdiccional recién admite a trámite su recurso de apelación el día veintitrés de junio último. Agrega que en la recurrida se ha tomado como referencia dicha fecha y no lo que se tiene demostrado con fecha dieciséis de junio. Por esos fundamentos, solicita que se revoque la Resolución N.° 31 materia de queja y, reformándola, se declare procedente el recurso de apelación contra la Resolución N.° 29 ordenándose elevar los actuados al superior jerárquico para su trámite correspondiente.

IV. TEMA MATERIA DE CONTROVERSIA Y OBJETO DE DECISIÓN

De acuerdo con los argumentos de la recurrida, el objeto materia de controversia consiste en determinar si el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N.° 29 fue presentado dentro del plazo establecido por ley, como sostiene la defensa del investigado Siguas Donayre, o si el medio impugnatorio deducido deviene en extemporáneo, como se afirma en la resolución cuestionada.

V. FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL DE APELACIONES

PRIMERO: En principio, debemos señalar que el artículo 139.6 de la Constitución Política prevé que el derecho de impugnación constituye un derecho fundamental de los justiciables dentro del proceso penal. No obstante, se encuentra limitado en los supuestos expresamente señalados por ley, lo que permite que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser reexaminado por el mismo juez o revisado por su superior. En tal sentido, el artículo I del Título Preliminar del CPP prescribe lo siguiente: “Las resoluciones son recurribles, en los casos y en el modo previsto por la Ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de apelación”. Por su parte, el artículo 404.1 del CPP prescribe que “las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley”. Con ambos presupuestos normativos, se asume el principio de legalidad procesal o taxatividad de los recursos impugnatorios, principio por el cual las decisiones jurisdiccionales solo pueden ser objeto de impugnación cuando así lo establece la ley de manera expresa.

SEGUNDO: Según lo expuesto, si bien la interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario, también es cierto que para ser admitido tiene que cumplir con las formalidades establecidas en la ley. Así, conforme al texto normativo del artículo 405.1 del CPP, para interponer un recurso impugnatorio se requiere lo siguiente: i) que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución, tenga interés directo y se halle facultado legalmente para ello; ii) debe presentarse por escrito y en el plazo previsto por la ley; y iii) se deben precisar las partes o puntos a los que se refiere la impugnación, así como exigir que se precise la pretensión concreta.

TERCERO: Por otro lado, cabe mencionar que el recurso de queja, de conformidad con los artículos 437 y 438 del CPP, procede contra la resolución del juez que deniega el recurso de apelación y, para su trámite, debe precisar el motivo de su interposición con invocación de la norma jurídica vulnerada. Asimismo, se acompañará al recurso el escrito que motivó la resolución recurrida y, en su caso, los referentes a su tramitación, la resolución materia de cuestionamiento, el escrito en que se recurre y la resolución denegatoria. El plazo para interponer el recurso de queja, según el artículo 414.1 del mismo texto normativo, es de tres días. Sumado a ello, se conceden adicionalmente dos días hábiles por motivo de  notificación electrónica, lo que hace un total de cinco días hábiles de plazo que tienen las partes para interponer el referido recurso.

CUARTO: Ahora bien, de autos se desprende que el recurso de queja materia de análisis ha sido presentado dentro del plazo establecido, ante el órgano jurisdiccional superior, por sujeto legitimado, con indicación de la norma supuestamente vulnerada y el efecto jurídico que se pretende. A la vez, se acompañaron los actuados que lo sustentan. En consecuencia, el recurso presentado por la defensa técnica del investigado Siguas Donayre cumple con los requisitos previstos en los artículos 405, 437 y 438 del CPP.

QUINTO: Respecto de los agravios formulados por el recurrente, considera en primer término que, al denegarse el trámite de su recurso de apelación, se vulnera su derecho a la pluralidad de instancia y, por ende, al debido proceso. Sostiene que ha incurrido en un “error material” a la hora de enviar su recurso de apelación, puesto que por un error en la digitación ha remitido el recurso a una dirección de correo electrónico equivocada. Refiere que el a quo ha tomado en cuenta la fecha en la que se ha admitido el trámite del medio impugnatorio, subsanado posteriormente, esto es, el veintitrés de junio, por lo que solicita que se admita el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N.° 29, que resolvió archivar de oficio el trámite procesal iniciado con la finalidad de que se revise la medida de prisión preventiva impuesta en contra de Rafael Enrique Siguas Donayre.

SEXTO: Sobre el particular, se advierte que la Resolución N.° 29, del nueve de junio de dos mil veinte, emitida por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fue debidamente notificada a la defensa técnica del imputado Siguas Donayre el día diez de junio de este año. Por su parte, según el tenor del escrito con ingreso número 1579-2020, el recurso de apelación interpuesto por la defensa del referido investigado tiene como fecha de ingreso el día veintitrés de junio último. En vista de lo anterior, resulta evidente que el medio impugnatorio ha sido presentado fuera del plazo establecido por el artículo 414 del CPP, no siendo de recibo lo alegado por el apelante en el sentido de que el medio impugnatorio que dedujo habría sido admitido a trámite, siendo lo real y concreto que dicha impugnación fue declarada improcedente en su oportunidad por extemporáneo.

SÉPTIMO: Es preciso señalar, respecto a la vulneración del derecho a la pluralidad de instancia alegada por el apelante, que este es un derecho de configuración legal, es decir, que el legislador crea estos recursos y establece los requisitos que deben cumplirse de manera irrestricta, determinando, además, el procedimiento que se debe seguir para que estos sean admitidos como tales. Su contenido constitucionalmente protegido garantiza que no se establezcan ni apliquen condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir irrazonable y desproporcionadamente su ejercicio; sin embargo, se excluye de ese ámbito de protección la evaluación judicial practicada en torno al cumplimiento, o no, de las condiciones o requisitos legalmente previstos[1]. Por consiguiente, en el caso de autos, se ha determinado que el recurso de apelación, que genera la presente queja, ha sido debidamente rechazado por extemporáneo, al presentarse fuera del plazo legal fijado para ese propósito. Consecuentemente, esta alegación debe ser rechazada.

OCTAVO: En cuanto al “error material”, en que el recurrente ha incurrido al consignar el correo electrónico de la mesa de partes, consideramos que ese hecho no es atribuible al órgano jurisdiccional competente, más aún si no se advierte defecto alguno en las notificaciones que le fueron efectuadas de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del CPP. A mayor abundamiento se debe tener en cuenta que la defensa técnica del investigado además de contar con un plazo legal razonable para interponer el recurso impugnatorio pertinente, se encontraba obligado de manera inexcusable a actuar con la diligencia profesional debida, esto es, utilizando, con pericia, aquellos conocimientos que, por razón de la profesión debe exteriorizar. Por las razones expuestas, el recurso de queja deviene en infundado al no vulnerarse el derecho a la pluralidad de instancia reclamado. Dicho esto, la Resolución N.° 31 amerita ser confirmada.

DECISIÓN

Por tales fundamentos, los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en aplicación del artículo 438.5 del CPP,

RESUELVEN:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de queja de derecho interpuesto por la defensa del investigado Rafael Enrique Siguas Donayre contra la Resolución N.° 31, de fecha veintitrés de junio de dos mil veinte, emitida por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el recurrente contra lo decidido mediante Resolución N.° 29, de fecha 09 de junio de 2020 que a su vez resolvió archivar de oficio el trámite procesal iniciado con la finalidad de que se revise la medida de prisión preventiva impuesta en su contra. Lo anterior, en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y otros en agravio del Estado.

Notifíquese y devuélvase.

Sres.
SALINAS SICCHA
GUILLERMO PISCOYA
ANGULO MORALES

[1] Sentencia de fecha 14 de marzo de 2007, emitida en el Expediente N.° 5194-2005 PA/TC, fundamento jurídico 5.

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