La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, participa esta mañana de la ceremonia por la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (CPP) en el distrito de Lima Centro, con lo cual la norma entra en aplicación en todo el país.
También participa del acto, de manera virtual, Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos y titular de la Comisión Especial de Implementación del CPP.
Asimismo, el secretario técnico de la Oficina de Implementación del CPP, Víctor Cubas Villanueva; y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del DF Lima Centro, Luis Germaná Matta.
[Nota previa 12/06/2021]
El Ministerio Público culmina el año 2021 con la implementación del Código Procesal Penal (CPP) a nivel nacional, al comenzar su aplicación, el próximo martes 15 de junio, en los 16 distritos que componen el Distrito Fiscal de Lima Centro.
De esta manera, la población del Rímac, Lima Cercado, Breña, La Victoria, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena del Mar, Lince, San Luis, San Isidro, San Borja, Surquillo, Miraflores, Santiago de Surco y Barranco se beneficiarán con este modelo procesal que da celeridad y transparencia al sistema de justicia del país.
Los aportes del CPP a la administración de justicia
Entre las mejoras que propone el Código Procesal Penal se encuentra la constitucionalización del proceso penal. Esto quiere decir que todas las normas de la Constitución Política del Perú y las normas procesales de los tratados internacionales están volcadas en este instrumento para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Asimismo, se destaca una clara definición de funciones que concede al Ministerio Público el desarrollo de las investigaciones, y para ello, concede autonomía e independencia a la labor fiscal.
De igual forma, favorece la celeridad de los procesos al establecer plazos y mecanismos de control y promueve la oralidad y publicidad de las audiencias, garantizando así la transparencia de los procesos.
Adicionalmente, el Código Procesal Penal permite a los investigados hacer uso de los mecanismos de simplificación procesal, como el proceso inmediato o la terminación anticipada, y facilita salidas alternativas en los conflictos penales, a través del principio de oportunidad o el acuerdo reparatorio, en casos en los que el imputado acepta su responsabilidad y busca reparar el daño causado.
