Fundamento destacado. 11. De los actuados se advierte dos situaciones: la primera, que ante el inicio de la audiencia de prisión preventiva el juez emplazado procedió a citar al favorecido para el 23 de enero de 2023, mediante Resolución 1, de fecha 21 de enero de 2023; sin embargo, la notificación para esta audiencia fue realizada el mismo día en que se llevaba a cabo la audiencia, lo que, efectivamente, impidió el estudio y una defensa eficaz del caso, en la medida en que para ejercer la defensa lo mínimo que se requiere es el estudio de los fundamentos expuestos por el Ministerio Público que han servido de sustento para el requerimiento de prisión preventiva. Por otro lado, también se verifica de autos que el abogado de elección del favorecido, por escrito de fecha 27 de abril de 2023[25], indicó que se subrogaba al defensor público y varió de domicilio procesal, sin que se advierta algún pronunciamiento del juez sobre el letrado designado por el favorecido para ejercer su defensa, sino que, además, omitió notificarlo en los domicilios señalados.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Segunda. Sentencia 966/2024
EXP. N.° 04306-2023-PHC/TC, LIMA SUR
FREDDY EDUARDO MAYAUTE CANALES representado por LUIS WÁLTER CANALES ALARCÓN-ABOGADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 17 días del mes de julio de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia.
El magistrado Ochoa Cardich emitió fundamento de voto, el cual se agrega. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Wálter Canales Alarcón, abogado de don Freddy Eduardo Mayaute Canales, contra la Resolución 6, de fecha 18 de agosto de 2023[1], expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que declaró infundado la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 27 de junio de 2023, don Luis Wálter Canales Alarcón, abogado de don Freddy Eduardo Mayaute Canales, interpone demanda de habeas corpus[2] contra don Hugo Marcelino Muchica Ccaso, juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Miraflores. Denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa y a la libertad personal.
Don Luis Wálter Canales Alarcón solicita que se declare la nulidad de la Resolución 4, de fecha 28 de enero de 2023[3], dictada contra don Freddy Eduardo Mayaute Canales, en el proceso penal que se le sigue por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión agravada[4], mediante la cual se declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el periodo de nueve meses, y que, en consecuencia, se deje sin efecto la citada medida coercitiva y las órdenes de ubicación y captura, y se le siga la investigación preparatoria con comparecencia simple.
El recurrente alega que, el 23 de enero de 2023, se le notificó al favorecido la Resolución 1, de fecha 20 de enero de 2023[5], por la que se lo citaba para la audiencia de prisión preventiva que se realizaría el mismo día a las 15:00 horas, vía sistema de video llamada Google Meet. Además, se adjuntó el requerimiento de prisión preventiva.
Refiere que, al haber sido notificado el favorecido el mismo día de la audiencia, no le permitió tener un tiempo adecuado para contar con un abogado defensor, lo que le generó indefensión. Asimismo, expresa que la citada audiencia no se realizó en esta fecha, sino que fue reprogramada para el 26 de enero de 2023 y el 28 de enero de 2023 (sábado). Añade que la audiencia de prisión preventiva se inició el 26 de enero de 2023, a las 17:03 p.m., acto en el que contó con la defensa pública del abogado Luis Alberto Artega Caballera, y que, concluido el debate, se suspendió la sesión para el 28 de enero de 2023.
Aduce que, mediante escrito de fecha 27 de enero de 2023[6], solicitó subrogar a la defensa pública, se varió el domicilio procesal y que se le notifique la resolución que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva. Sin embargo, el juez emplazado no proveyó este escrito, por lo que no se subrogó a la defensa pública, ni se varió el domicilio procesal, ni se le notificó la resolución.
Por otro lado, señala que la defensa pública presentó en forma ineficaz el recurso de apelación el 1 de febrero de 2023 contra el auto de prisión preventiva, pues solicitó su revocatoria, y no su nulidad, conforme se acredita de la Resolución 6, de fecha 28 de marzo de 2023[7], notificada el 18 de mayo de 2023, que declaró improcedente el recurso de apelación, por existir incongruencia entre lo solicitado y su fundamento impugnatorio, ya que en su petitorio solicita revocar, pero en su fundamento se hace referencia a que la resolución impugnada carecería de motivación, lo que acarrea nulidad.
Alega que el juez emplazado no les ha notificado el acta de registro de audiencia de requerimiento de prisión preventiva de fecha 26 de enero de 2023, ni el acta de registro de audiencia de continuación de requerimiento de prisión preventiva de fecha 28 de enero de 2023, en la medida en que el 27 de abril de 2023 ya había procedido a subrogar a la defensa pública, por lo que le correspondía participar en la audiencia del 28 de enero de 2023. Agrega que el 27 de abril de 2023 planteó la nulidad de dicho acto procesal, sin que a la fecha haya sido resuelto.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de San Juan de Miraflores de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, mediante Resolución 1, de fecha 27 de junio de 2023[8], admite a trámite la demanda de habeas corpus.
Del documento remitido por don Carlos Joel Ayala Figueroa, juez supernumerario del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Miraflores de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, se aprecia que dicho juez informa que don Hugo Marcelino Muchica Ccaso, exmagistrado del citado juzgado, resolvió el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Provincial Corporativa de Villa El Salvador y que emitió el pronunciamiento cuando se encontraba asumiendo la carga del juez de turno especial, razón por la cual no era posible remitir los actuados, toda vez que fueron remitidos al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Villa El Salvador.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona al proceso[9]. Posteriormente, contesta la demanda de habeas corpus[10] y solicita que sea declarada improcedente. Sostiene que el actor cuestiona aspectos que exceden la competencia del juez constitucional, por cuanto esta instancia constitucional no está destinada a dilucidar la responsabilidad penal o no de los investigados en el proceso penal, sino que constituye una instancia excepcional de tutela urgente que interviene para tutelar derechos fundamentales cuando se evidencia la vulneración a los derechos constitucionales. Además, es necesario precisar que, conforme a la jurisprudencia, los juicios de reproche penal, de culpabilidad, así como los de valoración probatoria y su suficiencia no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, mediante sentencia, Resolución 2, de fecha 28 de junio de 2023[11], declaró infundada la demanda de habeas corpus, al considerar que por Resolución 1 se citó a la audiencia de requerimiento de prisión preventiva para el 23 de enero de 2023, la cual se extendió en cinco sesiones, y que el 28 de enero de 2023 se expidió la Resolución 4. Indica que en el escrito de apersonamiento presentado el 27 de enero de 2023 por la defensa del favorecido se hace alusión a la audiencia del 23 de enero de 2023, de lo que se advierte que sí tenía conocimiento de esta. Por otro lado, ante el Cuarto Juzgado de Investigación de San Juan de Miraflores se tramita el proceso penal recaído en el Expediente 390-2023-74, que guarda relación con el proceso de habeas corpus. Añade que el favorecido tiene orden de captura al haberse declarado fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de nueve meses, situación jurídica que ha sido resuelta en el plazo de ley. Además, no se advierte la vulneración al derecho de defensa, pues el favorecido fue asistido debidamente por un letrado de su libre elección. Por último, el juez emplazado ha resuelto la situación jurídica dentro del plazo de ley y el favorecido ha sido asistido con la defensa técnica necesaria del abogado Luis Alberto Arteaga Caballero.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur confirmó la sentencia apelada por fundamentos similares.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la Resolución 4, de fecha 28 de enero de 2023, dictada contra don Freddy Eduardo Mayaute Canales, en el proceso penal que se le sigue por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión agravada[12], mediante la cual se declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el periodo de nueve meses, y que, en consecuencia, se deje sin efecto la citada medida coercitiva, además de las órdenes de ubicación y captura, y se siga la investigación preparatoria con comparecencia simple.
2. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa y a la libertad personal.
Análisis del caso
3. En la sentencia recaída en el Expediente 04235-2010-PHC/TC, el Tribunal Constitucional, respecto al contenido del derecho a la pluralidad de la instancia dijo que
(…) tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resulto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinente formulados dentro del plazo legal.
4. Por ello, el derecho a la pluralidad de la instancia guarda también conexión estrecha con el derecho fundamental a la defensa, que se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 14, de la Constitución.
5. La Constitución reconoce el derecho de defensa en el artículo 139, inciso 14, en virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, a cualquiera de las partes se le impide, por concretos actos de los órganos judiciales, ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Sin embargo, no cualquier imposibilidad de ejercer tales medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo[13].
6. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha anotado que el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho de no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal. Este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso.
7. Asimismo, en los casos en que el Estado tenga la obligación de asignar un defensor de oficio, el respeto de esta posición iusfundamental queda garantizada siempre que se le posibilite contar con los medios y el tiempo necesario para que ejerza adecuadamente la defensa técnica. Se salvaguarda, así, que la presencia del defensor técnico y su actuación en el proceso, no sean actos meramente formales, sino capaces de ofrecer un patrocinio legal adecuado y efectivo[14]. Ahora bien, este derecho no se limita únicamente a la exigencia de que se produzca la designación de un abogado defensor de oficio en caso de que el imputado no haya podido designar uno de libre elección. Para garantizar el pleno ejercicio del derecho, se requiere que el defensor actúe de manera diligente.
[Continúa…]
