El abogado y exasesor parlamentario Delfín Pino Martínez postula al Senado por Lima Metropolitana con el partido Primero la Gente. Durante una entrevista concedida a Tribuna Electoral, el candidato expuso sus principales propuestas normativas, las cuales abarcan desde la modificación del sistema bicameral hasta la actualización del Código Civil frente a las nuevas tecnologías. Pino, quien laboró durante una década en el Congreso de la República, enfatizó la necesidad de implementar reformas que otorguen mayor control a la ciudadanía sobre las autoridades elegidas.
Reformas parlamentarias y ciudadanas
En el ámbito legislativo, el postulante plantea devolver la iniciativa legislativa al Senado, argumentando que el actual diseño de unicameralismo de doble instancia limita la capacidad de los senadores frente a las decisiones de los diputados. Asimismo, señala que la agrupación política que representa contempla en su plan de gobierno la renovación parcial del Parlamento, ya sea por tercios o por mitades. Esta medida busca evitar que los representantes electos actúen sin responder a la confianza de los electores durante su periodo de representación de cinco años.
Una de las propuestas jurídicas centrales de Pino es la incorporación de la figura de remoción de congresistas, mecanismo que actualmente la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley 26300) aplica solo para autoridades locales. El candidato explica que esta figura permitiría separar del cargo a un legislador mediante la recolección de firmas certificadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sin la exigencia de probar la comisión de un delito en la vía penal. «La remoción no requeriría que se le pruebe ningún delito o conducta antiética a un congresista», precisó el letrado.
Modernización del derecho civil y notarial
Respecto al derecho civil, el abogado sostiene que el Código de 1984 requiere una actualización para incorporar de manera explícita la contratación digital, el comercio electrónico y los retos que plantea la inteligencia artificial en la manifestación de la voluntad. En esa línea, propone reducir de forma progresiva la intervención de los notarios en actos jurídicos civiles de carácter patrimonial, delegando la certificación de identidad al uso de tecnología biométrica vinculada al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a través de aplicativos y certificados digitales. Los notarios, según su planteamiento, concentrarían el crecimiento de sus funciones en los procesos no contenciosos para descongestionar la carga del Poder Judicial.
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En materia de seguridad ciudadana, Pino sugiere una reforma estructural de la Policía Nacional, separando las funciones de prevención ciudadana de las labores de investigación del delito. Para ello, propone restituir un cuerpo técnico similar a la extinta Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Adicionalmente, el candidato respalda la construcción de nuevos centros penitenciarios que incluyan en sus instalaciones juzgados de flagrancia, con el objetivo de procesar y sentenciar de manera inmediata a los detenidos que cuenten con suficientes elementos probatorios.
Al abordar temas de derechos reproductivos y derecho penal, el entrevistado analizó la situación de los abortos clandestinos en el país y el riesgo que representan para la salud y la vida de las mujeres. En ese contexto, argumentó que el Estado no debe revictimizar a quienes atraviesan este dilema mediante la amenaza del castigo penal, sino abordar el problema desde políticas preventivas. «Estoy a favor de la despenalización del aborto sin estar a favor del aborto», manifestó el candidato, precisando que la decisión de las mujeres debe ser informada y no criminalizada, dado que la penalización no evita la práctica clandestina de este procedimiento.
Finalmente, en el ámbito del derecho internacional y constitucional, Pino se mostró en contra de retirar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que este tribunal constituye una instancia de protección ciudadana frente a posibles abusos estatales cuando la justicia ordinaria no ofrece resultados. Por otro lado, expresó su postura a favor de la eutanasia exclusiva para casos de enfermedades terminales. Al respecto, recordó la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional en el caso de Ana Estrada, subrayando la necesidad de permitir a las personas decidir sobre el cese de su sufrimiento.
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