Venezuela enfrenta una crisis pluridimensional que ha erosionado los pilares fundamentales de su estructura estatal. Desde un enfoque jurídico, la situación actual se caracteriza por la ausencia de libertades, fragilidad del Estado de Derecho, la concentración del Poder en unos pocos, y la vulneración de Derechos Humanos. La centralización del poder en el Ejecutivo, acompañado de la cooptación de otras ramas del gobierno, como el poder judicial, legislativo, electoral y ciudadano[1], ha debilitado la independencia de las instituciones, una condición esencial para un Estado de Derecho funcional.
En Venezuela, el sistema de justicia ha sido instrumentalizado para perseguir a disidentes y consolidar el poder de un régimen Socialista del Siglo XXI, que se ha mantenido a través de mecanismos antidemocráticos. Las garantías constitucionales y los derechos fundamentales han sido repetidamente violados, y el acceso a una justicia imparcial y equitativa es prácticamente inexistente. Esta situación ha sido reconocida por diversas organizaciones internacionales, que han señalado la falta de independencia judicial y el uso del sistema legal como herramienta de represión política.
Desde un punto de vista crítico, el régimen venezolano ha logrado mantenerse no solo a través de la represión, sino también mediante la manipulación de procesos electorales, la censura de medios de comunicación y la restricción de libertades civiles. Esto ha generado un ambiente donde la población está sometida a un estado de constante temor y donde la disidencia se enfrenta a graves consecuencias, como la detención arbitraria, tortura, y la desaparición forzada.
Libertad, Estado de Derecho y Democracia.
La recuperación de la libertad, el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela requiere como punto de partida, la salida de quien ejerce su la Tiranía con toda su camarilla, para así, bajo el fundamento de la Libertad, procurar una transformación profunda de las instituciones del Estado, y un compromiso real con la justicia.
Este proceso, aunque complejo, podría llevarse a cabo en varias etapas clave:
Restauración del Estado de Derecho: Recuperada la Libertad, en el marco de una Justicia Transicional, se debe priorizar la reestructuración del sistema judicial para garantizar su independencia y eliminar cualquier influencia política sobre los jueces y fiscales. Este proceso incluiría, reformas Constitucional, legales, la revisión y expectoración de aquellos que han sido cómplices en la corrupción y represión del régimen, estableciendo un sistema de selección basado en mérito y principios de imparcialidad.
Transición Democrática: La organización de elecciones libres, transparentes y supervisadas internacionalmente sería un paso fundamental hacia la democracia. Estas elecciones deben permitir la participación de todos los sectores políticos, garantizando la seguridad de los candidatos y votantes, y asegurando que no haya represalias contra aquellos que apoyan a la oposición. El arbitro debe estar Constituido por Magistrados del Poder Orgánico y Miembros de la Sociedad Civil, apartidarios.
Reconstrucción Institucional: Es esencial reconstruir las instituciones estatales, desde las fuerzas de seguridad hasta las entidades regulatorias, para garantizar que operen bajo principios democráticos y respeten los derechos humanos. Esto incluiría la desmilitarización de la policía y otras fuerzas de seguridad, así como la creación de mecanismos de control ciudadano sobre estas instituciones.
Reconciliación Nacional: La reconciliación será clave para superar las divisiones profundas que existen en la sociedad venezolana. Este proceso debe incluir un diálogo nacional amplio, que incorpore a todos los sectores de la sociedad, incluidos aquellos que han sido marginados o perseguidos por el régimen. Además, es fundamental establecer un programa de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Lecciones del Perú a Venezuela.
La justicia transicional es un enfoque para enfrentar los abusos sistemáticos cometidos durante regímenes autoritarios, y su implementación en Venezuela sería crucial para restaurar la confianza en el sistema judicial y asegurar la rendición de cuentas. El ejemplo de Perú, con su experiencia en justicia transicional después del terrorismo y la corrupción, ofrece valiosas lecciones.
En Perú, tras la derrota del terrorismo, y tras la caída del régimen de Alberto Fujimori, se implementaron mecanismos específicos para abordar las violaciones de derechos humanos y la corrupción. Estos incluyeron la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y tribunales especializados en casos de corrupción y crimen organizado.
Para Venezuela, un enfoque similar podría incluir:
Comisión de la Verdad: Una comisión de la verdad independiente y transparente podría documentar las violaciones de derechos humanos y corrupción cometidas durante el régimen. Esta comisión debería tener el poder de investigar, recolectar testimonios y ofrecer recomendaciones para la reparación y el procesamiento de los responsables.
Tribunales Especializados: La creación de Departamentos Policiales, Fiscalías y Tribunales especializados en corrupción, lavado de activos, y crimen organizado sería esencial para garantizar la justicia en estos casos. Con respecto a los tribunales estos deben estar compuestos por jueces altamente calificados, que operen con total independencia del poder político de turno, pero con la firmeza de aplicar Justicia.
Mecanismos de Reparación: Es fundamental establecer un sistema integral de reparaciones para las víctimas, que incluya indemnizaciones, rehabilitación y garantías de no repetición. Esto no solo ayudaría a las víctimas a sanar, sino que también enviaría un mensaje claro de que el Estado está comprometido con la justicia y los derechos humanos.
Reforma del Sector de Seguridad: Inspirado en el modelo peruano, sería necesario implementar una reforma profunda en las fuerzas de seguridad para asegurar que operen bajo el control civil y respeten los derechos humanos. Esto incluiría la formación en derechos humanos, la reestructuración de las fuerzas armadas, y la eliminación de elementos corruptos y represivos dentro de estas instituciones.
Finalmente, la transición de Venezuela hacia un Estado del Libertad, de Derecho y una democracia plena es un proceso que requerirá tiempo, esfuerzo y la voluntad política de todos los sectores de la sociedad, incluida la sociedad migrante. La migración venezolana, incluidos los profesionales del Derecho que hacen vida en el Peru, como los Asociados a AVEP- Asociación de Abogado Venezolanos en el Perú”, brindarían una gran contribución a la implementación de una justicia transicional basada en las experiencias del Perú.
Por tanto, es crucial que cualquier proceso de transición en Venezuela esté profundamente arraigado en los principios de Libertad, justicia, verdad, y reconciliación, garantizando que no se repitan las violaciones del pasado y que se construya un futuro basado en el respeto a la Vida, Libertad y Propiedad y todos los derechos humanos de 2° y 3° generación, junto con la democracia.
[1] La Constitución de Venezuela de 1999, constituye al Estado en cinco Poderes Públicos. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Ciudadano.
