El Tribunal Constitucional confirmó el auto interlocutorio que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón Rojas, presidente de Perú Libre, con la finalidad de cuestionar las sentencias penales dictadas en su contra.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 01907-2021-PHC/TC HUANCAVELICA
VLADIMIR CERRON ROJAS, representado por LUIS MIGUEL MAYHUA QUISPE (abogado)
AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 4 de octubre de 2021
VISTO El recurso de reposición presentado por don Luis Miguel Huayhua Quispe, abogado de don Vladimir Cerrón Rojas, contra la sentencia interlocutoria de 22 de julio de 2021; y,
ATENDIENDO A QUE
1. El recurrente expone en su recurso que:
a. La sentencia interlocutoria fue emitida un día antes de que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Constitucional, el que es de aplicación inmediata y proscribe el rechazo liminar, por lo que regula el desarrollo de una audiencia única (artículo 12). Dicho código establece el derecho “a ser oído” y que la denominada sentencia interlocutoria constituye un auto, por lo que puede ser impugnado vía recurso de reposición.
b. En el proceso penal subyacente existe firmeza material, pues el recurso interpuesto por la Fiscalía es uno de naturaleza facultativa que no revertirá la condición de sentenciado que tiene el favorecido, por lo que no se incurre en la causal de improcedencia por falta de firmeza.
c. Al no ser el favorecido parte en el recurso de casación —pues su recurso fue declarado inadmisible—, la decisión que se emita en el proceso penal no puede ser reformada en su perjuicio. Además, alega que la decisión del Tribunal Constitucional contiene una motivación insuficiente y que en este caso no se procedió como en los casos Keiko Fujimori y Ollanta Humala.
2. Este Tribunal considera que la reposición planteada debe ser resuelta conforme a las disposiciones y reglas vigentes al momento de ser emitida la decisión que es objeto del recurso. Al respecto, el 22 de julio de 2021 estaba vigente la Ley 28237, la que en el primer párrafo de su artículo 121 establecía que:
Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación o publicación tratándose de las resoluciones recaídas en los procesos de inconstitucionalidad, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido.
3. El artículo 121 del nuevo Código Procesal Constitucional vigente reproduce lo que prescribía el citado artículo.
4. En consecuencia, dicho recurso debe ser desestimado, en tanto pretende cuestionar la sentencia interlocutoria que resolvió el recurso de agravio constitucional presentado en el proceso de autos (véase sentencias emitidas en los Expedientes 01367-2020-PHC/TC, 01836-2017-PA/TC y 05787- 2014-PHC/TC, entre otras).
5. De considerarse dicho recurso como una solicitud de aclaración, cabe recalcar que:
a. El requisito de la firmeza a que hacía referencia el artículo 4 del anterior Código Procesal Constitucional no estaba establecido solo en beneficio de una sola de las partes, sino de todas las que formaban parte de la relación procesal; por ello, no puede sostenerse que el proceso penal subyacente ya estaba concluido para el recurrente y no así para el Ministerio Público.
b. El artículo 430.4 del Código Procesal Penal señala, con relación al recurso de casación, que “Si la Sala Penal Superior concede el recurso, dispondrá se notifiquen a todas las partes (…)”.
c. Por estas razones, no es posible considerar que en este caso se había producido una firmeza sobrevenida —como en otros procesos de tutela de derechos—, pues se encuentra pendiente de resolver un recurso en el proceso penal, cuyo resultado puede afectar a todas las partes intervinientes—como expresamente se indicó en la resolución materia de autos—.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, y con la participación de la magistrada Ledesma Narváez, en reemplazo del magistrado Ramos Núñez, conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa 172-2021-P/TC,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición, entendido como una solicitud de aclaración. Publíquese y notifíquese.
SS.
LEDESMA NARVÁEZ
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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El Tribunal Constitucional declaró improcedente el hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre.
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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 01907-2021-PHC/TC, HUANCAVELICA
Lima, 22 de julio de 2021
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Miguel Mayhua Quispe, abogado de Vladimir Cerrón Rojas, contra la sentencia de vista de fojas 531, de 28 de junio de 2021, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Supraprovincial Itinerante de Huancavelica de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, que declaró —entre otros extremos—, infundada la demanda de habeas corpus de autos.
FUNDAMENTOS
1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal Constitucional estableció, en el fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional:
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal Constitucional.
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
2. En este caso, la demanda pretende que se declare la nulidad de:
a) La sentencia 041-2019-5JUP/CSDJJU, de 5 de agosto de 2019, emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo; y,
b) La sentencia de vista 091-2019-SPAT, de 18 de octubre del 2019, expedida por la Sala de Apelaciones Transitoria – Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante las cuales se condenó al favorecido por la comisión del delito de negociación incompatible, imponiéndole la segunda de ellas la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años (Expediente 01122-2018-27-1501-JR-PE-05).
3. Alega que la sentencia de 5 de agosto del 2019 refiere que el beneficiado y sus coimputados —funcionarios públicos de la Región de Junín— se interesaron de manera indebida en la aplicación del plazo Nº 3 de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de la Oroya», para favorecer al Consorcio Altiplano aprobando el pago de mayores gastos generales en la suma de S/. 850.000.00. En ese sentido, se le imputa al favorecido la redacción y remisión de la carta 117-2011, de 15 de diciembre del 2011, a la Oficina de Convenios y Procesos de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que pague tales mayores gastos generales a la citada empresa.
4. Refiere que dichas resoluciones [sic] han vulnerado la tutela jurisdiccional efectiva y la lógica, y han afectad el principio de legalidad y la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales.
[Continúa…]
