El Tribunal Constitucional del Perú resolvió que el proceso penal es reservado solo en la etapa de instrucción, debido al ánimo de optimizarla y protegerla de posibles interferencias externas que dificulten el éxito de la investigación. Culminada la etapa de instrucción, el proceso penal se convierte en público.
Pleno. Sentencia 1084/2020
EXP. N° 04181-2017-PHD/TC, LIMA
JOSÉ WILFREDO ARRIETA CARO
RAZÓN DE RELATORÍA
En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 10 de diciembre de 2020, los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y EspinosaSaldaña Barrera han emitido, por mayoría, la siguiente sentencia, que declara FUNDADA la demanda de habeas data que dio origen al Expediente 04181-2017-PHD/TC. Se deja constancia que el magistrado Blume Fortini emitirá su voto en fecha posterior. La Secretaría del Pleno deja constancia que la presente razón encabeza la sentencia, y que los magistrados intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de esta razón en señal de conformidad. Flavio Reátegui Apaza Secretario Relator
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 10 días del mes de diciembre de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. Se deja constancia que el magistrado Blume Fortini votará en fecha posterior. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Wilfredo Arrieta Caro contra la resolución de fojas 182, de fecha 26 de junio de 2017, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró infundada la demanda de autos; y,
ANTECEDENTES
Demanda Con fecha 6 de mayo de 2015, don José Wilfredo Arrieta Caro interpone demanda de habeas data contra don Luis Landa Burgos, fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional; don Miguel Ángel Vegas Vaccaro, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Lima y funcionario responsable de transparencia en Lima del Ministerio Público y contra doña Mirtha Bendezú Gómez, presidenta del Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial.
Solicita que, en virtud de su derecho de acceso a la información pública, el Ministerio Público le otorgue copia simple de la acusación formulada por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional contra el extitular del Ministerio del Interior, don Daniel Belizario Urresti Elera, por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Asimismo, solicita que el Poder Judicial le otorgue copias simples del dictamen acusatorio emitido por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional contra el referido investigado, por el mismo caso, correspondiente al Expediente 16-2014-0-SP, que conoce el Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional.
Contestaciones de la demanda
Con fecha 23 de julio de 2015, la procuradora pública adjunta a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona al proceso y contesta la demanda expresando que la información requerida pertenece a un proceso que se encuentra en trámite, vale decir, no es un proceso concluido o archivado; por lo que el recurrente no tiene derecho a solicitar la referida información, por encontrarse subsumida en el supuesto de excepción previsto en el numeral 6 del artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Con fecha 5 de agosto de 2015, el procurador público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público se apersona al proceso y contesta la demanda expresando que la etapa de instrucción y de investigación del proceso penal tienen el carácter de reservado, pues su divulgación puede ocasionar el entorpecimiento de la actividad probatoria o interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la averiguación de la verdad.
Resolución de primera instancia o grado
El Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda por considerar que la información requerida (acusación fiscal y dictamen acusatorio) no obra en poder del Ministerio Público, pues fue entregado al Poder Judicial para ser incorporado al expediente judicial.
Asimismo, el Poder Judicial tampoco puede entregar la referida información, pues la responsabilidad penal del acusado aún no ha sido declarada judicialmente y su divulgación puede transgredir su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso.
Resolución de segunda instancia o grado
La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por considerar que, al tratarse de un proceso penal en trámite, la información solicitada es reservada a las partes, a sus abogados y a los terceros legitimados debidamente incorporados al proceso penal.
FUNDAMENTOS
Sobre la posibilidad de un pronunciamiento de fondo
1. Este Tribunal Constitucional estima que, en el presente caso, es necesaria la emisión de un pronunciamiento de fondo debido a que la pretensión del actor encontraría respaldo en el contenido constitucionalmente protegido de su derecho de acceso a la información pública, en tanto que requiere información relacionada a un proceso penal en trámite.
[Continúa…]
