El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ordenó la medida de comparecencia con restricciones contra cuatro exfuncionarios de la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Se trata de Marco Antonio Zeballos Bueno, Jorge Antonio Torres Padilla, Óscar Vidaurreta Yzaga y Juan Carlos Becerra Jara. La decisión del juez estableció que cada uno de los investigados deberá pagar una caución de 10 000 soles en el plazo de diez días, a excepción de Óscar Vidaurreta Yzaga, quien deberá cancelar 50 mil nuevos soles en el mismo plazo. Los abogados defensores apelaron la medida, sin embargo, la defensa de Vidaurreta Yzaga decidió no hacerlo.
En la audiencia de esta mañana, la fiscal Ángela Zuloaga sustentó el requerimiento por la existencia de una presunta organización delictiva liderada por la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
“Debemos tener en consideración que la participación de cada una de estas personas se dio en el marco de la organización delictiva liderada por Susana Villarán y secundada por su gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, con la finalidad de quedarse en el poder, al mando de la municipalidad”, indicó en la audiencia.
Al exregidor Marco Zeballos, el Ministerio Público le imputa el presunto delito de asociación ilícita por la presentación de dos informes con datos falsos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“Se le imputa que, como parte de la organización delictiva de Susana Villarán, destinada a continuar en el poder al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima, haber presentado dos informes. El primero relacionado a una campaña por la No revocatoria que era el informe de ingresos y egresos, conteniendo información falsa, datos de aportantes y sumas no correctas”, señaló la fiscal durante la audiencia.
Respecto al segundo informe, refirió que este fue presentado a la ONPE sobre “aportaciones y gastos de la campaña electoral del proceso de Elecciones Municipales 2014, que corresponde a la campaña de reelección de Susana Villarán de la Puente. Dicha información tiene contenido falso”.
Según la tesis del Ministerio Público, “todo ello con la finalidad de ocultar procedencia del dinero ilícito proveniente de las Cajas Dos de las empresas OAS y Odebrecht”.
Ángela Zuloaga precisó que en el allanamiento a la vivienda de la exburgomaestre se encontraron estos documentos originales, los cuales evidenciarían que Susana Villarán “tuvo directa participación en la presentación y dirección de Marco Antonio Zeballos para la presentación de documentación con datos falsos”.
¿Qué dijo la defensa de Zeballos?
El exfuncionario Marco Zeballos, quien ejerció su propia defensa, detalló que en el caso de la campaña por el No a la revocación, remitió un informe de ingresos y egresos al presidente del Pacto Ético Electoral, y que este no fue presentado ante el JNE, tal como indica el Ministerio Público.
“No es un documento presentado o dirigido al presidente del JNE o a algún funcionario del JNE, falso. Y a su vez, yo también he reconocido que firmé la nota de atención dirigida al gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE en el 2014 […] Jamás he negado eso”, detalló con firmeza.
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Zeballos también descartó que haya intentado “ocultar la procedencia de dinero maculado” de empresas brasileñas y cuestionó los elementos de convicción en los que se basa el Ministerio Público.
“Lo que está en discusión es lo último que señalan, que todo ello fue con la finalidad de ocultar la procedencia del dinero maculado. ¿Cuál de los elementos de convicción del Ministerio Público, que ha adjuntado, avala esta última afirmación? Me respondo, cero. Ni uno, no tiene cómo acreditar que mi intencionalidad haya sido ocultar -como acá se señala- la procedencia del dinero maculado”, finalizó.
