La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad inició, este martes 23, investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por el presunto delito de discriminación. El caso se originó tras los comentarios racistas vertidos en un bus del Metropolitano en agravio de los pasajeros.
De acuerdo con la información, el despacho fiscal, a cargo de Roger Yana Yanqui, dispuso solicitar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe sobre la incidencia y las acciones adoptadas. También ordenó la inspección técnico-policial de la unidad vehicular para acceder a las cámaras de videovigilancia, además de recoger declaraciones de la investigada y los usuarios afectados.
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Como parte de las diligencias, se encargó la recopilación de los antecedentes policiales y penales de la denunciada, así como una evaluación psicológica a cargo de la Unidad Médico Legal de Lima. El Ministerio Público precisó que estas medidas buscan esclarecer los hechos y sancionar conductas que atenten contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que rechazó las expresiones racistas proferidas por la pasajera. En el video, que fue grabado por otro usuario y difundido en redes sociales, se escucha a la mujer decir frases como: «Serranos son y serranos morirán», además de comentarios como «Toda mi familia es de Lima» y expresiones despectivas del tipo «llamas, vicuñas, alpacas».
Argumedo fue la protagonista de un material audiovisual en donde agrede verbalmente a los pasajeros en el transporte. Incluso se puede ver que, cuando uno de ellos la increpa por los adjetivos que utilizaba, intenta agredirlo físicamente.
Uno de los pasajeros es quien decide dejar constancia de lo sucedido con su celular; pese a ello, esto no intimidó a la joven, que continuó diciendo: «les duele porque son unos serranos» y resaltando que toda su familia es de Lima.
La Defensoría, en su pronunciamiento, remarcó la necesidad de que las autoridades competentes actúen de forma inmediata frente a este tipo de conductas. A través de sus redes sociales, la institución señaló:
Rechazamos las frases racistas dirigidas por una ciudadana en un vehículo de transporte público e instamos a la Fiscalía Perú a iniciar investigaciones inmediatas en este caso. Recordamos que la discriminación es un delito establecido en el Código Penal que se sanciona hasta con tres años de pena privativa de libertad.
En el mismo pronunciamiento, informaron que hasta el año 2022 el Ministerio Público registró 4737 denuncias por delito de discriminación en todo el país, de las cuales más del 38% correspondieron a Lima. De ese total, solo en 25 procesos se obtuvo sentencia firme y, de ellas, 8 fueron absolutorias.
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«Ello evidencia que no se estaría cumpliendo con el fin sancionador establecido a nivel penal, por ello exigimos sanciones ejemplares en estos casos», comunicaron.
Asimismo, exhortó a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) a intervenir dentro de sus competencias y reforzar la difusión sobre la importancia de actuar frente al racismo y la discriminación. En ese sentido, advirtió que «validar y no repudiar expresiones racistas implica no aceptar la diversidad y riqueza cultural que caracterizan a nuestro país».
