Sala indica que para formalizar investigación solo se requiere «sospecha inicial simple» [Expediente 0007-2020-31]

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Fundamento destacado: Décimo primero.- Presentados así los hechos que se atribuyen al recurrente, a criterio de esta Sala Superior, resultan más que suficientes para que el recurrente pueda materializar su derecho de defensa. Situación que ha venido efectuando desde que tomó conocimiento de la Disposición N.° 3-2018, pues allí ya se precisaban los elementos típicos que configurarían el delito de colusión agravada, sus intervinientes, así como el marco temporal y espacial, de conformidad a lo que se sostiene en la resolución recurrida. Por lo demás, resulta indiscutible que en la disposición de formalización de la investigación preparatoria solo se exige una sospecha inicial simple.

Por tanto, el agravio alegado por la defensa de Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros no es inadmisible, pues los hechos detallados en las citadas disposiciones fiscales se constituyen en una imputación necesaria suficiente, estando a la etapa de investigación preparatoria en que se encuentra el proceso penal.

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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Expediente: 00007-2020-31-5002-JR-PE-01
Jueces superiores: Salinas Siccha / Gálvez Condori / Enriquez Sumerinde
Ministerio Público: Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial
Investigados: Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros y otros
Delitos: Lavado de activos y otros
Agraviado: El Estado
Especialista judicial: Llamacuri Lermo
Materia: Apelación de auto sobre tutela de derechos

Resolución N.° 7

Lima, cuatro de febrero de dos mil veintiuno

AUTOS y OÍDOS: En audiencia pública, los recursos de apelación interpuestos por el representante del Ministerio Público y por la defensa técnica del investigado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros contra la Resolución N.° 4, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitida por la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que declaró fundada la tutela de derechos, respecto a los procesados José Alves Pereira Neto y Bernard Torres, e infundada la tutela de derechos, respecto del procesado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros en el proceso que se les sigue por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. Interviene como ponente el juez superior Salinas Siccha, y ATENDIENDO:

I. ANTECEDENTES

1.1 El presente incidente tiene su origen en la solicitud de tutela de derechos, presentada el seis de diciembre del dos mil diecinueve, por la defesan técnica de los investigados José Alvez Pereira Neto, Eduardo Pasos Paes de Barros y Bernard Torres ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, el cual, por Resolución N.° 1, de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, resolvió inhibirse del proceso, ordenando la remisión de los actuados a esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada debido a la trascendencia nacional de los hechos investigados y al carácter complejo del proceso.

1.2 Es así como, avocándose al conocimiento del presente proceso, a partir del catorce de agosto del dos mil veinte, la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con fecha veintitrés de octubre del dos mil veinte, emitió la Resolución N.° 4, resolviendo lo siguiente:

1. Declaramos FUNDADA la tutela de derechos respecto de los procesados José Alves Pereira Neto y Bernard Torres (Hecho N.° 01), estableciéndose como medida correctiva que fiscalía cumpla con precisar los cargos penales atribuidos con indicación expresa de los datos fácticos o indicios de concertación y/o participación que sostienen su tesis -que contempla una calificación alternativa-; a fin que se viabilice un adecuado ejercicio del derecho de defensa.

2. Declarar INFUNDADA la tutela de derechos respecto del procesado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros en tanto que, se considera, fiscalía ha enunciado una imputación clara y precisa, atendiendo al estadio procesal de investigación preparatoria en que la causa se encuentra.

1.3 En ese contexto, con fecha veintitrés de noviembre del dos mil veinte, el representante del Ministerio Público y la defensa técnica del investigado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros interponen sus recursos de apelación, en los extremos que la a quo declaró fundada e infundada la solicitud de tutela de derechos, respectivamente. Concedidos los mismos, se elevaron los actuados a esta Sala Superior, la que, por Resolución N.° 2, programó la audiencia virtual de apelación para el veinte de enero del presente año.

1.4 Una vez instalada la audiencia, se dio el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que indique si se ratifica en su recurso de apelación, a lo cual expresó que se desistía del mismo. Por su parte, la defensa técnica del imputado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros indicó que insistiría con su recurso de apelación, en el extremo de la recurrida que declaró infundada la tutela de derechos planteado.

1.5 Presentadas estas circunstancias en audiencia, se realizó el debate respecto del recurso impugnatorio subsistente planteado por la defensa técnica. Luego de efectuada la presente audiencia y la correspondiente deliberación, se procede a emitir la presente resolución.

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II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

2.1 Conforme se aprecia en la recurrida, la jueza de primera instancia sustentó su decisión advirtiendo que el representante del Ministerio Público sí ha cumplido con precisar cuáles son los datos objetivos o indicios de participación de Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros en los hechos que se le atribuyen, en relación al Hecho N.° 2, y asume que la defensa ha reconocido indirectamente los hechos imputados a su patrocinado.

2.2 A criterio de la a quo, se evidencia la existencia de más de un dato objetivo sobre la presunta participación del procesado, es decir, no solo por haber actuado como representante legal, sino que por haber participado en distintas conversaciones con funcionarios públicos y por su actuación ante el Tribunal Registral. Asimismo, advierte que en la Disposición Fiscal N.° 3 se da cuenta que el procesado con el representante de Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Piura presentaron un escrito conjunto por haber convenido resolver controversias, lo que se enmarca en los cargos que se le atribuyen en relación al Hecho N.° 2.

2.3 En ese sentido, la jueza concluye que no es amparable la solicitud de tutela de derechos, más aun si los hechos descritos le permite al recurrente ejercer su defensa, atendiendo se encuentra el proceso en la etapa de investigación preparatoria. Razón por la cual, resolvió declarar infundada la tutela de derechos en relación al procesado Eduardo De Moraes Passos Paes De Barro, toda vez que el Ministerio Público ha enunciado una imputación clara y precisa.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

3.1 La defensa técnica del investigado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros, en su recurso de apelación y en audiencia, solicitó que se revoque la resolución venida en grado y se declare fundada la solicitud de tutela de derechos y, en consecuencia, se ordene al Ministerio Público que cumpla con precisar los cargos penales atribuidos con indicación expresa de datos fácticos o indicios de concertación y/o participación que sostengan su tesis.

3.2 Como agravio, alega que se ha vulnerado el derecho de defensa de su patrocinado, previsto en el artículo 71 del Código Procesal Penal (CPP), derivado de “conocer cabalmente los cargos imputados”. En ese sentido, sostiene que la a quo ha incurrido en un error de apreciación sobre la precisión de los cargos formulados sin señalar los datos fácticos o indicios de concertación, así como en un error en la valoración sobre los datos objetivos o indicios de participación, en relación con el aporte del investigado en calidad de cómplice primario en el delito de colusión.

3.3 Con relación al primer error que habría incurrido la jueza de investigación preparatoria, la defensa sostiene que en la recurrida se realiza una descripción genérica, puesto que no ubica a su patrocinado en un contexto y situación en concreto y tampoco describe una conducta concreta que haya realizado. Por lo que, la descripción del Hecho N.° 2 no cumple con el principio de imputación necesaria, conforme el Acuerdo Plenario 2-2012. En ese sentido, sostiene que la Disposición N.° 3-2018 no contiene una verdadera imputación, pues se refiere solo a que los funcionarios del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura se habrían interesado en favorecer al contratista, sin ubicar al recurrente en dicho contexto ni relatar alguna conducta de forma clara, circunstanciada o detallada que hubiera realizado como cómplice primario en el delito de colusión.

3.4 Respecto al segundo error que habría incurrido la jueza de primera instancia, la defensa sostiene que afirmar que la imputación es “haber participado en distintas conversaciones con funcionario públicos” no es aceptable por ser una atribución genérica, vaga e imprecisa, puesto que no se detalla si se le imputa a su patrocinado haberse reunido y negociado el contenido de los acuerdos, relacionados al Hecho N° 2, con los representantes de la entidad. Señala, a su vez, que el recurrente no era representante legal de la empresa y que su actuación se dio conforme al regular ejercicio de su profesión de abogado. También indica que no se puede reconocer si en la disposición se hace referencia a una reunión lícita o a una reunión clandestina. Por último, refiere que la a quo no precisa de qué forma la acción de presentar escritos de impulso procesal ante el Tribunal Arbitral tiene relevancia penal como aporte al hecho delictivo.

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IV. ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

4.1 A su turno, en audiencia, el representante del Ministerio Público sostuvo que el pronunciamiento de la jueza de investigación preparatoria es válido y no incurre en error, por lo que la Sala Superior debe confirmar la resolución venida en grado. Expone los siguientes fundamentos:

4.2 Precisa que la imputación a Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros gira en torno al Hecho N.° 2, el cual está referido a que funcionarios del proyecto “Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial Irrigación Hidroenergético del Alto Piura” habrían favorecido a la Constructora Camargo Correa S. A. (empresa con la que se suscribió el contrato de ejecución de obra el veintiuno de mayo del dos mil diez, representada por Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros), al adoptar irregulares acuerdos reconociendo la ampliación de plazos que no eran técnicamente procedentes y homologar un laudo arbitral sobre controversias que no habían sido sometidas a las decisiones de los árbitros de los procesos arbitrales N.°2051-078-2011 y N. °2264-2012, para reconocer al contratista mayores gastos generales e indemnización por más de 11 millones de soles en perjuicio de la entidad pública.

4.3 Señala que en ese marco, el recurrente es imputado específicamente por haber sostenido conversaciones con el Gerente General de la entidad pública, el Jefe Regional de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Presidente del Consejo Directivo del Proyecto, con la finalidad de llegar a acuerdos en beneficio indebido del contratista, respecto a las ampliaciones de plazo N.° 7, N.° 8, N.° 9 y N.° 10 que no procedían y sobre materias que no habían sido sometidas a decisión de los árbitros dentro de los procesos arbitrales. Indica, además, que dichos acuerdos fueron aprobados por el Consejo Directivo de la entidad, pese a que la pertinencia y conveniencia de los acuerdos no fue de iniciativa de la Procuraduría Pública Regional ni se realizaron coordinaciones con esta, la misma que era el órgano encargado de ejercer los intereses del Estado. Asimismo, que los referidos acuerdos fueron acogidos por el Tribunal Arbitral y se emitieron los laudos arbitrales en procesos arbitrales que generaron un perjuicio económico al Estado.

4.4 Respecto al argumento de que la presentación de escritos por parte de Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros es un acto lícito es un acto propio del desempeño de su profesión, el representante del Ministerio Público sostiene que lo alegado por la defensa permite dar cuenta que esta comprende perfectamente los cargos atribuidos a su patrocinado. Sobre los cuales, incluso, el recurrente ha declarado ante la Fiscalía Provincial Penal de Piura y ha ofrecido su descargo, que satisfactorios o no serán analizados en su oportunidad.

V. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER

Conforme al recurso impugnatorio interpuesto y las alegaciones de las partes en audiencia, corresponde determinar si la resolución venida en grado, en el extremo que declaró infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa técnica del investigado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros se encuentra arreglada a derecho como sostiene la Fiscalía, o en su caso, no tiene amparo legal como afirma la defensa del recurrente.

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VI. FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

PRIMERO: Al inicio de la audiencia, se preguntó al representante del Ministerio Público si se ratificaba de su recurso de apelación planteado, respondiendo que no insistiría. Ante tal respuesta, el director de debates en aplicación del artículo 406 del CPP, solicitó que exponga los fundamentos de su desistimiento. Expresando el fiscal superior lo siguientes: que se tenga por desistido su recurso impugnatorio, debido a que el veintiuno de diciembre del dos mil veinte se ha emitido la Disposición N.° 11-2020, disposición de ampliación e integración de los hechos que son materia de investigación, por el cual se han ampliado y precisado los cargos formulados contra los investigados José Alves Pereira Neto y Bernard Torres, subsanándose, de esta manera, lo advertido por la jueza de primera instancia al declarar fundada la tutela de derechos solicitada por dichos imputados. Careciendo en consecuencia de objeto el recurso planteado.

Por su parte, la defensa técnica de los referidos investigados expresó su conformidad con el desistimiento de este extremo. Presentados así las posiciones de las partes en audiencia, el Colegiado Superior, teniendo en cuenta que el derecho al recurso de apelación se sustenta en el principio dispositivo y que, el titular de la acción penal ha cumplido con expresar las razones de su desistimiento, las mismas que se consideran plausible, en estricta aplicación del artículo 406.1 del CPP que prevé: quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse antes de expedirse resolución sobre el grado, expresando sus fundamentos, se debe tener por desistido al Ministerio Público respecto de su recurso de apelación planteado y así debe declararse en la parte resolutiva de la presente resolución.

SEGUNDO: Respecto del recurso subsistente y debatido en audiencia, se tiene que en principio, debemos precisar que esta Sala Superior solo puede emitir pronunciamiento en relación a los agravios expresados en el escrito de apelación interpuesto por la defensa técnica en forma debida y dentro del plazo de ley. Está prohibido responder agravios postulados con posterioridad o inexistentes, debido a que ello significaría una vulneración a los principios de preclusión y de igualdad que debe existir entre las partes durante el proceso.

TERCERO: Por otro lado, está plenamente aceptado en nuestro sistema procesal penal acusatorio que el Ministerio Público conduce, desde su inicio, la investigación del delito. Así está establecido en el inciso 4, del artículo 159, de la Constitución Política.

Conforme a ello, se entiende que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal pública y, por tanto, de la investigación del delito; cuyos resultados, como es obvio, determinarán si los fiscales promueven o no la acción penal por medio del requerimiento de acusación. A su vez, esta disposición constitucional ha sido prevista y desarrollada en el artículo IV, del Título Preliminar, del CPP. Siendo este lineamiento rector el que establece con mayor claridad, entre otras prerrogativas, que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y el que asume la investigación del delito desde su inicio. En ese sentido, la única parte procesal autorizada para realizar actos de investigación, así como reunir elementos de convicción de cargo y de descargo de la acción penal o de la acción civil, es el representante del Ministerio Público, conforme lo establece el artículo 337°, incisos 1 y 4, del CPP.

De modo que, las partes procesales e intervinientes deben recurrir ante el representante del Ministerio Público para la recaudación de elementos de convicción o realización de actos de investigación. Nuestro modelo procesal no permite que los sujetos procesales realicen en forma documentada investigaciones paralelas o simultáneas a la efectuada por el representante del Ministerio Público.

CUARTO: Por otro lado, si bien los actos de investigación realizados por el Ministerio Público gozan de amparo legal por tratarse de la autoridad pública encargada de la persecución de delito, ello no implica que sean inatacables o incuestionables, puesto que han de sujetarse a la ley y al principio de objetividad. De modo que, la investigación penal no puede hacerse de cualquier forma. La investigación, para ser debida, debe realizarse respetando los derechos y garantías de todos los implicados en la investigación, con el fin de evitar que llegue a ser objeto de cuestionamiento por indebida, abusiva o arbitraria. El Tribunal Constitucional ha destacado que el debido proceso también puede ser afectado por los representantes del Ministerio Público, en la medida en que la garantía de este derecho fundamental no ha de ser únicamente entendida como propia o exclusiva de los trámites jurisdiccionales, sino que también frente a aquellos supuestos prejurisdiccionales, es decir, en aquellos casos cuya dirección compete al Ministerio Público, para evitar cualquier acto de arbitrariedad que vulnere o amenace la libertad individual o sus derechos conexos. Es así como, en nuestro sistema procesal penal se encuentra proscrita la arbitrariedad en las actuaciones fiscales y jurisdiccionales.

QUINTO: En esa línea, si el investigado y su defensa llegan a la conclusión que el titular de la acción penal al realizar su función de investigación del delito, lo hace afectando o limitando en forma arbitraria sus derechos y garantías, pueden recurrir al juez de la investigación preparatoria vía tutela de derechos, tal como está previsto en el artículo 71.4 del CPP. La finalidad de este mecanismo es que se subsane la omisión o se dicte la medida de corrección o de protección que corresponda

La tutela de derechos se convierte, de esta forma, en un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías de los investigados y regular las posibles desigualdades entre el persecutor del delito y el investigado. No obstante, es necesario aclarar que si bien es un mecanismo eficaz para hacer respetar los derechos y garantías del imputado, debido a su naturaleza residual, solo se puede cuestionar a través de la audiencia de tutela los requerimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales que corresponden al investigado involucrado en una investigación fiscal y que no tienen vía propia para su reclamo. Por consiguiente, aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneren derechos fundamentales, pero que tienen vía propia para su denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse mediante la audiencia de tutela de derechos.

SEXTO: Ahora bien, en el proceso penal, es común que las exigencias de imputación necesaria transiten por distintos grados de desarrollo. De modo que, a nivel de diligencias preliminares, bastará que al investigado se le haga conocer las razones plausibles que han dado origen a la investigación preliminar; mientras que una vez formalizada la investigación preparatoria, se requerirá que la disposición contenga los hechos y la tipificación específica correspondiente, incluso con la posibilidad de que el representante del Ministerio Público pueda consignar tipificaciones alternativas de los hechos materia de investigación, de acuerdo al artículo 336.2.b del CPP. Por último, según el artículo 349.1.b del CPP, en el requerimiento acusatorio que se demandará una relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En ese sentido, la Corte Suprema ha aclarado que, en mérito al principio de progresividad, en el desarrollo de la acción penal durante el procedimiento penal, el estándar o grado de convicción pasa por fases, en la cuales la exigencia varia gradualmente hasta llegar al punto de exigir el grado de convicción pleno del juzgador más allá de toda duda razonable cuando se trata de pronunciar una sentencia condenatoria.

SÉPTIMO: En esa línea, en el Acuerdo Plenario 02-2012/CJ-116 se ha establecido que la solicitud de tutela de derechos por imputación insuficiente es posible, toda vez que, según el artículo 71.2.a del CPP, el imputado tiene derecho a tener conocimiento de los cargos formulados en su contra. Para ello, los cargos penales deben entenderse como el marco fáctico o el relato de los hechos de relevancia penal que le son atribuidos al investigado y que, prima facie, justifican la inculpación formal por parte del titular de la acción penal. No obstante, la precisión de los hechos debe tener correlación con la delimitación progresiva del posible objeto procesal. En vista a ello, en la etapa de investigación preparatoria se requerirá que los hechos objeto de imputación tengan un mínimo de detalle que permita al imputado saber los hechos que se atribuyen y la forma y circunstancias que en estos pudieron tener lugar.

OCTAVO: Con base en estos parámetros jurídicos y dogmáticos procesales, corresponde dar respuesta a los agravios expuestos por la defensa técnica en su recurso que ha generado el presente incidente. La defensa del investigado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros señala que la imputación a su patrocinado debe aproximarse al estándar establecido en el Acuerdo Plenario 2-2012, pues los hechos que se le atribuyen, en relación al Hecho N.° 2, han sido formulados de forma genérica, vaga e imprecisa. Afirma que el imputado es abogado de la empresa Constructora Camargo Correa S. A. y, como tal, suscribió cuatro escritos dirigidos al Tribunal Arbitral, participó en su instalación y presentó un escrito que suscribe conjuntamente con el Procurador, mediante el cual simplemente comunicó al Tribunal Arbitral que la empresa Constructora Camargo Correa S. A. y el Gobierno Regional de Piura habían llegado a un acuerdo conciliatorio. De modo que los hechos relatados por el representante del Ministerio Público no bastan para satisfacer la imputación necesaria, dado que se tendría que precisar cuál fue el aporte de su patrocinado en el delito de colusión y cómo los hechos relatados contribuyen en un acuerdo colusorio.

NOVENO. El Colegiado Superior considera que para responder el agravio planteado, no queda otra alternativa que verificar los hechos que se atribuyen al investigado recurrente en la disposición de formalización de investigación preparatoria. En efecto, de la Disposición N.° 3-2018, de fecha nueve de agosto del dos mil dieciocho, se verifica que el titular de la acción penal sostiene que el recurrente, en su calidad de representante legal de la empresa Construções e Comercio Camargo Correa S. A., habría actuado en calidad de cómplice (extraneus) en la comisión del delito de colusión, “acordando para que se favoreciera indebidamente al Contratista, mediante la aprobación de acuerdos en beneficio indebido del Contratista, respecto a las ampliaciones de plazo N.° 7, 8, 9 y 10 que no procedían, y sobre materias que no habían sido sometidas a decisión de los árbitros dentro de los procesos arbitrales N.° 2051-078-2011 y 2264-2012 –CCL; acuerdos que fueron aprobados por el Consejo Directivo de la Entidad, pese a que, la pertinencia o conveniencia de los acuerdos no fue iniciativa de la Procuraduría Pública Regional ni se realizaron coordinaciones con dicha procuraduría, quien es constitucionalmente la que ejerce la defensa de los intereses del Estado en todas las instancias correspondientes, acuerdos que a su vez fueron acogidos por el Tribunal Arbitral emitiéndose los laudos respectivos en los referidos procesos arbitrales, reconociéndose mayores gastos generales e indemnización que no correspondía reconocer al Contratista, y que con su pago generó un perjuicio patrimonial al Estado en favor del Contratista, por la suma de S/. 11′ 345, 094.96”10

DÉCIMO. Sumado a ello, conforme a la instrumental ingresada por el fiscal superior, se advierte que con fecha veintiuno de diciembre del dos mil veinte, el titular de la acción penal emitió la Disposición N.° 11-202011, por la cual dispuso integrar a la Disposición N.° 3-2018 aspectos relacionados al investigado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros, por la presunta comisión del delito de colusión agravada. Así, se tiene que en dicha disposición se han detallado los hechos específicos por los cuales el recurrente, en su calidad de representante legal de la empresa contratista Construções e Comercio Camargo Correa S. A., habría participado en la presunta defraudación al Estado, al haber concertado con los funcionarios del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura y del Gobierno Regional de Piura, durante la etapa de ejecución de la obra “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Transandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, con la finalidad de beneficiar indebidamente a su representada en la ejecución de la obra, toda vez que:

i) en su condición de apoderado del grupo C (del 15 de diciembre del 2010 al 13 de diciembre del 2011), con poderes laborales y poderes judiciales y extrajudiciales; y apoderado del grupo E (del 13 de diciembre del 2011 al 17 de febrero del 2012), con facultades para representar al otorgante individualmente en asuntos laborales, judiciales y extrajudiciales, tenía poder de representación de Construções e Comercio Camargo Correo S.A. – Sucursal Perú, siendo el encargado del área legal de la empresa; ii) suscribió la demanda de arbitraje en contra del Gobierno Regional de Piura en representación de la contratista; iii) participó en los procesos arbitrales entre la contratista y la entidad, en su calidad de representante legal de la empresa y coordinó con los abogados externos que fueron contratados en Perú para ver los temas de los arbitrajes. Además, también coordinó con Moacyr Antonio Gordillo Las Casas de Oliveira, a quien la contratista habría encargado supervisar el trámite de los procesos de arbitraje con la entidad; iv) en su condición de representante legal de la empresa Construções e Comercio Camargo Correa S. A. – Sucursal Perú, transó extrajudicialmente con la Procuraduría Pública Regional de Piura, el 18 de setiembre de 2012, en mérito a los acuerdos adoptados por el Gerente General de la Entidad, Pedro Luis Mendoza Guerrero; el presidente del Consejo Directivo del PEIHAP, Reinaldo Adolfo Hilbck Guzmán; y el jefe de la Oficina Regional de Asesoría Legal, Jorge Luis Soyer López.

Acuerdos que, según se narra en la referida disposición fiscal, fueron acogidos por el Tribunal Arbitral, emitiéndose los laudos respectivos en los referidos procesos arbitrales, reconociéndose, como consecuencia, mayores gastos generales e indemnización que no correspondía reconocer a la empresa contratista, lo cual generó un perjuicio patrimonial al Estado por la suma de S/ 11 345 094.96.

DÉCIMO PRIMERO. Presentados así los hechos que se atribuyen al recurrente, a criterio de esta Sala Superior, resultan más que suficientes para que el recurrente pueda materializar su derecho de defensa. Situación que ha venido efectuando desde que tomó conocimiento de la Disposición N.° 3-2018, pues allí ya se precisaban los elementos típicos que configurarían el delito de colusión agravada, sus intervinientes, así como el marco temporal y espacial, de conformidad a lo que se sostiene en la resolución recurrida. Por lo demás, resulta indiscutible que en la disposición de formalización de la investigación preparatoria solo se exige una sospecha inicial simple.

Por tanto, el agravio alegado por la defensa de Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros no es inadmisible, pues los hechos detallados en las citadas disposiciones fiscales se constituyen en una imputación necesaria suficiente, estando a la etapa de investigación preparatoria en que se encuentra el proceso penal.

DÉCIMO SEGUNDO. En relación a ello, esta Sala Superior debe precisar que los parámetros utilizados por el juez para realizar un control de la imputación necesaria, de modo alguno, son los mismos en todos los casos, toda vez que tendrá que discernirse en qué casos habrá exigencia de una mayor rigurosidad en la narración detallada y precisa de los hechos. Es obvio que una redacción clara y concreta del hecho delictivo, así como sus circunstancias, se efectuará siempre y cuando ello sea materialmente posible. Situación que no puede ocurrir en casos en los cuales la propia realidad y la experiencia judicial nos demuestra que resulta difícil llegar a determinar o identificar determinados aspectos o circunstancia. Lo que, en efecto, puede ocurrir en casos sobre delitos contra la administración pública, mucho más si son cometidos por organizaciones criminales, pues al ser clandestinos es difícil llegar a determinar todos los detalles de su realización. En estos casos, de manera excepcional, la exigencia de imputación necesaria plena o amplia se relativiza, caso contrario, se podría propiciar la impunidad y se obstaculizaría la persecución de estos delitos complejos.

DÉCIMO TERCERO. En conclusión, la resolución venida en grado no contraviene a lo establecido en el Acuerdo Plenario 2-2012, sobre el derecho a conocer los cargos penales como alega el recurrente. Asimismo, se verifica que en la recurrida se ha cumplido con expresar las razones que sustentan la decisión. Por tanto, la resolución venida en grado ha sido motivada de forma razonable dentro de los parámetros que exige el debido proceso, como lo establece el artículo 139.5 de la Constitución Política.

No debe olvidarse que el Tribunal Constitucional ha señalado con probidad que la motivación se cumple cuando “la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica”, y que esta “debe ser tanto suficiente (debe expresar por sí misma las condiciones que sirven para dictarla y mantenerla) como razonada (debe observar la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los factores que justifiquen la adopción de esta medida cautelar)”15. Así también ha precisado el Tribunal Constitucional que la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y cuando por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta es supuesto de motivación por remisión16. Parámetros cumplidos a cabalidad en la resolución venida en grado, por lo que la decisión no puede ser otra que confirmarla.

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DECISIÓN
Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos, los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en aplicación del artículo 409 del Código Procesal Penal, RESUELVEN:

1. TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación formulado por representante del Ministerio Público en contra la Resolución N.° 4, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el extremo que declaró fundada la tutela de derechos respecto a los procesados José Alves Pereira Neto y Bernard Torres, de manera que queda firme la citada resolución en ese extremo; y,

2. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el investigado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 4, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el extremo que declaró infundada la tutela de derechos solicitada por el procesado Eduardo de Moraes Passos Paes de Barros. Lo anterior, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. Notifíquese y devuélvase.

Sres:
SALINAS SICCHA
GÁLVEZ CONDORI
ENRIQUEZ SUMERINDE

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