La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso resolvió no admitir a trámite la denuncia constitucional presentada contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por hechos relacionados con presuntos delitos cometidos durante su mandato, en el marco de una investigación vinculada al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El informe de calificación —que recomendaba admitir la denuncia presentada por la fiscal Delia Espinoza— fue incluido en agenda por solicitud del congresista Héctor Ventura. Sin embargo, fue rechazado por mayoría simple sin debate previo: siete votos en contra, seis a favor y dos abstenciones, lo que conllevó su archivamiento inmediato.
La denuncia constitucional 602 imputaba a Benavides los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico e impropio, abuso de autoridad, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. La fiscal sustentó que durante su gestión se habría instalado una estructura ilícita para manipular investigaciones fiscales desde el Ministerio Público.
Entre los votaron en contra se encuentran los congresistas Martha Moyano (Fuerza Popular), Nilza Chacón (Fuerza Popular), Víctor Flores (Fuerza Popular), Héctor Ventura (Fuerza Popular), Nelcy Heidinger (APP), Esdras Medina (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia).
La propuesta obtuvo el respaldo de legisladores como María Acuña y Segundo Quiroz (APP), Luis Aragón (Acción Popular) y Pasión Dávila (Bancada Socialista). Los parlamentarios Flavio Cruz y Américo Gonza (Perú Libre) se abstuvieron.
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El pasado 12 de junio, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Patricia Benavides por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad, todos en agravio del Estado.
La imputación sostiene que, durante su gestión como fiscal de la Nación, habría pactado apoyo disciplinario ante la JNJ a cambio de nombramientos estratégicos dentro del Ministerio Público, con la finalidad de favorecer al abogado José Luis Castillo Alva.
Asimismo, se le atribuye intervenir arbitrariamente en diversas investigaciones para proteger intereses particulares, incluyendo la designación de fiscales afines, la remoción de funcionarios incómodos, y la presunta obstaculización de pesquisas contra actores vinculados a la red de corrupción mencionada. La denuncia también menciona interferencias en investigaciones contra periodistas, policías y fiscales supremos vinculados al entorno de Castillo Alva.
