Mediante un comunicado la Pontificia Universidad Católica del Perú se pronunció en torno a las protestas que se vienen realizando en diferentes zonas del país.
Por el respeto a la vida, el diálogo y la paz
Desde hace 105 años la PUCP mantiene el compromiso de brindar una educación de calidad, impulsar la investigación y actuar siempre al servicio del país. En repetidas ocasiones ha levantado la voz en defensa de la vida y de la democracia. La PUCP conserva inquebrantable la fe en que es posible un país mejor.
Por tales razones:
1. Lamentamos profundamente la muerte de más de 50 compatriotas desde que empezaron las protestas en distintos puntos del país. Ofrecemos nuestras sentidas condolencias a los familiares y condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado. Asimismo, condenamos el asesinato de un efectivo policial, a cuya familia también nos adherimos. Ninguna muerte nos es ajena. El país y la ciudadanía deben defender, ante todo, la vida. Es imprescindible que las investigaciones en curso lleguen pronto a resultados concretos y se sancione a los responsables. Solo la verdad ayudará a recobrar la confianza en nuestras instituciones y construir una paz real.
2. El legítimo derecho a la protesta no es excusa para acciones delictivas ni de vandalismo que vulneran las reglas básicas de convivencia, respeto y seguridad, consagradas en nuestro ordenamiento jurídico. Rechazamos, por ello, las expresiones criminales de violencia y la destrucción de infraestructura pública y privada como producto de las manifestaciones.
3. El Ejecutivo, y en especial la señora presidenta Dina Boluarte, deben reconocer las
arbitrariedades y excesos en los que habría incurrido desde el pasado 7 de diciembre, y avocarse a encontrar el espacio de diálogo que necesitamos para resolver la crisis actual. Para dialogar es necesario tener voluntad y empatía. La actitud demostrada en estos días, incluida la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, sin presencia del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo, como ha sido denunciado por diversas organizaciones y medios de comunicación, agrava las fracturas ya existentes.
4. El Congreso de la República debe estar a la altura de las circunstancias. Los congresistas deben reconocer que el actual Parlamento es parte de la crisis y tomar con prontitud decisiones que nos permitan canalizar el descontento hacia nuevas elecciones generales.
5. Nos corresponde recuperar la serenidad para terminar con el clima de violencia. Como ciudadanos, debemos defender el orden democrático y no ceder ante la prepotencia y la mentira. Son innegables las brechas y deudas sociales existentes en nuestro país. No podemos olvidarlas ni hacer como si no existieran. Pero, con la misma claridad, debe entenderse que la violencia nos degrada como sociedad y que es imprescindible entendernos e intensificar el diálogo. Es la única forma de construir una representación democrática que canalice las demandas y construya una paz basada en el
reconocimiento, el diálogo y la inclusión.
6. Invocamos a los representantes de los principales poderes del Estado y a quienes encabezan las protestas a dar los pasos que colaboren con el diálogo y la paz. En ese sentido, rescatamos y apoyamos la propuesta hecha por la Conferencia Episcopal Peruana y el Consejo Interreligioso.
El Perú es de todos, y de todos depende que tengamos el futuro que queremos.
El futuro se decide ahora.
Lima, 21 de enero del 2023
