El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), mediante Decreto Supremo 024-2017-JUS, aprobó el «Protocolo de actuación interinstitucional para la intervención en los mercados ilícitos de equipos móviles», que regula un conjunto de procedimientos interinstitucionales orientados a optimizar y fortalecer la actuación ante los mercados ilícitos de celulares.
Así, las instituciones llamadas a esta actuación son el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Sunat, Osiptel y gobiernos locales, como parte de la estrategia nacional ante los delitos patrimoniales.
La norma establece que este instrumento operativo permitirá sistematizar el rol de cada entidad antes, durante y después de las intervenciones; al igual que sumar capacidades y recursos para la erradicación de mercados ilícitos; y proceder con una investigación penal responsable que permita la persecución y sanción del delito.
De ahí que el protocolo divide esta intervención en cuatro etapas: el trabajo de inteligencia, la elaboración del plan de intervención, la intervención interinstitucional y la posintervención.
La primera fija el procedimiento para desarrollar el trabajo de inteligencia por agentes de la Policía y de Aduanas, así como las responsabilidades y reserva de estos frente a los documentos de inteligencia que se elaboren.
La segunda prevé la planificación de la intervención y los recursos necesarios, respetando el debido proceso y procurando evitar la filtración de la información reservada. La tercera contiene la forma y mecanismo de la intervención en el marco del respeto a los derechos de las personas intervenidas.
La última señala las acciones sobrevinientes al operativo, dotando al fiscal de instrumentos para iniciar una investigación responsable.
Más allá del enfoque punitivo, el documento facilitará a las autoridades competentes seguir la cadena de comercialización de bienes robados, identificar a los autores del robo, hurto y contrabando, y esclarecer las responsabilidades de los participantes en las transacciones subsiguientes, identificándose los celulares de procedencia o materia de un hecho delictivo.
Esto, además, favorecerá la actividad probatoria vinculada con los delitos de receptación, de clonación o adulteración de terminales de telecomunicaciones o delitos aduaneros, contribuyendo incluso a la posible devolución de celulares.
Se espera, de ese modo, que la intervención de los mercados ilícitos con miras a su erradicación y la reducción de robos; coadyuve a incrementar la confianza de la ciudadanía en las autoridades, señala el protocolo del Minjus.
Fuente: El Peruano
