Contra este titular de El Comercio, habría que responder diciendo: «Hay que desnormalizar el cinismo». En esta columna editorial se argumenta la defensa del Estado de Derecho, pero se admite que los derechos de las personas pueden subordinarse y verse vulnerados con este propósito. Nada de liberal tiene esta tesis y se confunde fácilmente con cualquier proclama autoritaria: la defensa del orden, por encima de todo y de todos. Sin embargo, no debe pasar desapercibida la existencia de intereses concretos que este periódico, aunque no lo diga, suele proteger.
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La protesta social es un derecho que está en la base del constitucionalismo liberal, pues expresa la autonomía de las personas como fundamento del orden constitucional y es un instrumento indispensable para la garantía de los derechos, cuya realización es la razón que, en última instancia, justifica la existencia de la democracia. No son coherentes con este razonamiento las restricciones en abstracto, peor aún si tienen un contenido penal. Esta es la ruta difícilmente legítima de las normas dictadas en nuestro país, sobre todo desde el segundo gobierno de García.
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La reflexión sobre el problema de la protesta social en cualquier caso, debe reconocer las razones que la motivan antes que descalificar su ejercicio a partir de los hechos o acciones que la reflejan. Al margen de las apariencias, el que éstos hechos o acciones impliquen violencia no significa que la protesta ha perdido legitimidad. Se deberán sancionar los medios, pero de modo alguno se podrá censurar el sentido del reclamo social. Hacerlo implicaría derrumbar la estructura de derechos constitucionales que la protesta implica necesariamente: libertad de expresión, derecho de petición, libertad de reunión, derecho de participación política, entre otros.
La protesta social por la presencia de un peaje en Puente Piedra es mucho más grave de lo que El Comercio proyecta como noticia. Se trata de un acuerdo que perjudica a miles de personas, un acuerdo que seguramente no valoró el perjuicio que se hacía sobre estas comunidades. Un acuerdo hecho a espaldas de los interesados y, por ello, un contrato ilegítimo. Y es aquí donde radica el verdadero caso de violencia: la ejercida desde el sistema económico que usa el derecho para justificarse. Pero de esto no dice nada El Comercio.
Tampoco dice nada sobre el penoso papel que el alcalde de Lima viene mostrando en este y otros casos. Aunque el alcalde Castañeda crea que vivimos en una democracia delegativa, tarde o temprano él y sus actos serán juzgados conforme corresponde a una democracia constitucional, y no habrá poder fáctico en el sistema de justicia que lo proteja.
Así las cosas, hay que desnormalizar el periodismo cínico. Este debería ser uno de los principales propósitos del año que recién comienza. ¿El Comercio podría hacerlo suyo?
© Gorki Gonzales Mantilla
