La Procuraduría General del Estado, representada por María Aurora Caruajulca Quispe, solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema su inclusión como actor civil en el proceso contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros Rubén Vargas y José Elice por el presunto delito de abuso de autoridad.
Sumado a ello, pidió que se admita como monto indemnizatorio provisional la suma de S/400 000 por el «daño extrapatrimonial generado al Estado peruano», el cual debería ser pagado por las tres exautoridades.
El 30 de abril, el Pleno del Congreso aprobó con 56 votos a favor la resolución legislativa que declaró «haber lugar a la formación de causa penal» contra Sagasti, Vargas y Elice por el pase al retiro de 2 tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional.
En el caso de los primeros, los retirados fueron Jorge Lam y Herly Rojas, mientras que los generales cesados: José Céspedes, Jorge Gutiérrez, Luis Pantoja, Alexis Bahamonde, Julio Díaz, Yohanim Chuquillanqui, Jesús Ríos, Lorenzo Granados, Roger Calongos, Eswin Manay, Alejandro Oviedo, Lucas Núñez, Mario Arata, César Benitas, Carlos Guillen y Juan Sotil.
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De acuerdo al grupo de trabajo, liderado por la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), se habría incurrido en el presunto abuso de autoridad al emitir resoluciones supremas «arbitrarias» e «ilegales»:
[…] Al haber emitido las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema 94-2020-IN que designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú.
