La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello Gilardi, informó este jueves 13 de febrero que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no le ha notificado la apertura de una investigación disciplinaria en su contra. La alta funcionaria emitió un pronunciamiento tras difundirse las aparentes pretensiones del organismo por investigarla y, eventualmente, «suspenderla o destituirla».
Dicho proceso disciplinario no solo alcanzaría a la magistrada sino también a otros cuatro colegas suyos: Omar Toledo Toribio, Liliana Dávila Broncano, Ricardo Corrales Melgarejo y Carlos Calderón Puertas. Esto se habría propiciado en el marco de un proceso de carácter laboral que se llevó en la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, cuando los citados jueces integraban dicha instancia.
«Resulta preocupante que el referido procedimiento haya sido bajo un trámite célere, reservado para casos de suma gravedad», cuestionó la actual presidente del Poder Judicial en el comunicado. Además, señaló que, de confirmarse el proceso, «no abonaría» al «fortalecimiento de las investigaciones democráticas» ni al respeto «del criterio de jueces y juezas en sus decisiones».
El procedimiento, que se trataría de un proceso disciplinario inmediato, habría sido promovido por la presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios de la JNJ, la magistrada María Teresa Cabrera Vega, y contó con el respaldo de Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic Gonzales y Gino Ríos Patio; según lo informado por La República.
Los consejeros Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi y Rafael Ruiz Hidalgo, quienes también habrían apoyado la apertura de un proceso, discreparon en torno a la inmediatez del procedimiento. De acuerdo al referido medio, dichos consejeros respaldaron la realización de una investigación preliminar, pero votaron en contra del proceso antes señalado.
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En el caso cuestión, el alto organismo evaluaría la utilización de una norma derogada dentro de una sentencia dictada por los jueces supremos. Por la naturaleza del proceso disciplinario inmediato, la investigación contra los altos funcionarios tendría que resolverse en 10 días, de acuerdo al referido medio. En este plazo, los imputados deberían presentar sus descargos y se podría disponer la suspensión en el ejercicio de sus funciones.
