La abogada Diana Soto Cáceres interpuso una demanda de amparo por la implementación de un hospital provisional en el distrito de San Miguel, por supuestamente exponer al contagio a los pobladores de la zona, según el documento al que LP Pasión por el Derecho tuvo acceso. Fue presentado ante el juez constitucional de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima por la presunta violación al derecho constitucional de la salud.
La demanda busca dejar sin efecto la implementación provisional de 600 camas para ampliar el hospital Octavio Gregorio Mongrut Muñoz, pues en una residencial adyacente, más del 60% de los residentes son ancianos cuyas edades superan los 60 años. Según la abogada, este criterio no fue considerado al proponer la creación del hospital provisional.
Líneas más abajo, el documento asegura que el hospital no cuenta con crematorio de cadáveres, por lo tanto, incumpliría con la Resolución Ministerial 193-2020-MINSA que exige que la preparación de cadáveres deban realizarse en un centro distinto al lugar sanitario.
La demanda también indica que el hospital ha presentado problemas con el manejo de los residuos sólidos, por tal motivo, la demandante se pregunta: ¿cómo será posible que cumplan el tratamiento de los desechos de pacientes con coronavirus? Finalmente, el documento indica que la zona de esta ampliación estaba destinada a convertirse en un colegio.
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