Tras el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz (La Libertad, la presidenta Dina Boluarte, anunció en mensaje a la Nación la declaratoria de toque de queda en la zona, medida que regirá diariamente desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. La decisión será oficializada mediante decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
Esta acción fue adoptada tras una reunión de alto nivel con el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y el alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariño, quienes alertaron sobre la crítica situación de inseguridad que atraviesa la provincia debido a la acción de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.
En el marco de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, la mandataria también confirmó la instalación de una base militar en la zona, ante la insuficiente presencia de la Policía Nacional, así como la suspensión de toda actividad minera en Pataz durante los próximos 30 días.
Aunque el gobernador Acuña propuso la declaratoria del estado de sitio, la jefa de Estado optó por un enfoque progresivo en el restablecimiento del orden. Por ello, destacó la necesidad de recuperar el control territorial y desarticular las redes criminales que operan en la región.
En otro momento, la mandataria adelantó que solicitarán al Congreso facultades para legislar en materia de terrorismo urbano. «Le exigimos al Congreso que saque el marco legal y denomine terrorismo urbano a esto que están haciendo. Hace más de 180 días que está ese proyecto en el Congreso», expresó la presidenta.
No obstante, Boluarte Zegarra cuestionó que algunas bancadas de oposición se encuentren reuniendo firmas para la censura del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. «El tema del crimen de Pataz no se va a resolver sacando al premier Adrianzén», subrayó. Agregó, además, que no se debe hacer un uso político de las muertes en La Libertad.
Por su parte, el Ministerio Público intensificó las diligencias en el marco de la investigación por los presuntos delitos de secuestro agravado y homicidio calificado. Enrique Valverde Cabrera, fiscal provincial titular, informó que los cuerpos fueron trasladados a la morgue central de Trujillo para la realización de las necropsias correspondientes. Estas diligencias médico-legales serán fundamentales para determinar con precisión las causas de muerte y recabar elementos probatorios para sustentar la acusación penal.
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Como parte de las acciones desplegadas en el lugar de los hechos, la Fiscalía dispuso la incautación de evidencias encontradas en las inmediaciones de la denominada Rampa Yuli, punto donde fueron hallados los cadáveres. Entre los objetos decomisados se encuentran municiones percutadas y artefactos explosivos, los cuales serán sometidos a peritajes balísticos a cargo de la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional en Trujillo.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anunció la activación del servicio de Defensa Pública para brindar asesoría y representación legal gratuita a los familiares de las víctimas. En torno a ello, la entidad informó que un equipo multidisciplinario asumió el patrocinio legal de dos familias y se encuentra desplegado en la zona.
