La polémica se desató luego de que el fiscal superior coordinador del Equipo Especial del caso “Lava Jato”, Rafael Vela Barba, reconociera que tras la firma del acuerdo de colaboración suscrito con la empresa Odebrecht, esta podría seguir operando en el Perú y contratar con el Estado. Lo mismo refirió el fiscal José Domingo Pérez en distintas declaraciones públicas.
Sin embargo, fue el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, máxima autoridad del Perú, quien se pronunció al respecto y señaló no estar de acuerdo con que Odebrecht siga contratando con el Estado.
“No estoy de acuerdo, porque es una empresa que ha aceptado que ha cometido grandes actos de corrupción. Yo creo que Odebrecht ha sido una empresa que ha contaminado la actividad privada», concluyó el mandatario.
De inmediato, César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros cuestionó esta declaración a la que calificó como solo una opinión personal, que estaba «al margen del acuerdo». El propio presidente del Consejo de Ministros minimizaba la opinión del presidente de la República con respecto al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.
Numerosas declaraciones políticas se esgrimieron desde el Congreso de la República y desde distintos fueros políticos. Funcionarios públicos, congresistas con ínfulas de analistas políticos y la opinión publica. Todos enfrascados en afiebradas discusiones políticas que escapaban del rigor académico que demandaba un asunto como ese. Al respecto, llama la atención que José Domingo Pérez asegure que frente a la contratación
Legis.pe entrevistó al especialista en derecho público, Delfín Pino. El doctor Delfín Pino señala que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht es ilegal, pues no respeta el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Incluso asegura que determinar si una empresa puede o no contratar con el Estado escapa de la competencia de un fiscal.
El pasado domingo 20 de enero, el fiscal José Domingo Pérez señaló que: «La ley 30 737 establece como beneficio para la persona jurídica que se le levante cualquier tipo de prohibición para contratar con el Estado. No es un beneficio que el fiscal decida de forma arbitraria, es la propia ley publicada en El Peruano el 12 de marzo de 2018 que ha sido objeto de debate por el Parlamento peruano, que se ha dado esta norma. (…)«. (Fuente: La República)
En su misma declaración, José Domingo Pérez asegura que al introducir este item en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht solo está cumpliendo con la Ley. «Como fiscal me someto a Ley«, afirma categóricamente.
Sin embargo, lo que realmente señala la Ley 30 737 es que la persona jurídica «podría» contratar con el Estado. De manera que José Domingo Pérez nunca estuvo obligado a introducir ese item en el acuerdo firmado con la empresa brasileña. Esto permitiría colegir que este punto habría sido impuesto por la constructora Odebrecht.
De ser así, nuestros fiscales se encontrarían en una posición desventajosa frente a la empresa brasileña y se habrían allanado ante tamaña imposición.
Aquí la entrevista completa, a raíz de su reciente artículo:¿Puede Odebrecht volver a contratar con el Estado por efecto del acuerdo de colaboración eficaz?, publicado en Legis.pe.
