Más allá que la fiscalía tiene la potestad de investigar las fuentes de financiamiento de un partido político, tiene que hacerlo dentro del marco de la ley. Y el allanamiento es una medida cautelar extrema, porque si yo pretendo allanar para recoger la contabilidad de un partido político, tengo otras dos medidas cautelares menos gravosas, que son la exhibición forzada y la incautación de documentos.
Solamente si no puedo recurrir a la exhibición forzada o a la incautación de documentos podría ir a una media extrema de allanamiento. Pero en el caso de Fuerza Popular no tiene justificación, porque Fuerza Popular había entregado información. Y algo que no se ha reflexionado: en esa investigación hay peritajes contables, o sea la documentación contable que se dio, sirvió para hacer peritajes.
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Entonces, si hay pericias contables, que de repente no le gustan al nuevo fiscal, o hay una investigación que tiene largo tiempo, el fiscal tiene que evaluar la conducta que se ha tenido en la investigación. Y si se ha entregado contabilidad no puede recurrir de manera inmediata al allanamiento sin haber intentado la exhibición forzosa y la incautación. Ahí creo que hay un problema procesal importante.}
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Ojalá que estén investigando al partido, es decir, a la persona jurídica, y no solo a personas naturales. Porque si están investigando a personas naturales obviamente los locales partidarios no son domicilios de las personas naturales, por más que sean dirigentes políticos. El establecimiento es de la persona jurídica. Habrá que ver si se está investigando a la persona jurídica, que es un error que mucho se comete a nivel de fiscalía, que incluso abre proceso penal a personas jurídicas sin saber que la fiscalía no tiene el poder para procesar personas jurídicas, necesita autorización del juez.
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Pero hay un tema de fondo que es importante analizar brevemente, por lo menos en este momento. Y es que recién se empiezan a dar casos en el Perú, respecto a los aportes a los partidos políticos y si los aportes o las donaciones electorales pueden configurar delito. Aquí lo que hay que tener en cuenta es la ley electoral, y cómo en el sistema legal peruano los partidos políticos no pueden tener la carga del control de identidad del aportante, y tampoco del origen del dinero del aportante.
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En el actual sistema electoral peruano rige en la donación electoral el principio de buena fe. Los partidos recepcionan el aporte de buena fe del aportante. El aportante responde por su identidad y responde, como es evidente, por el origen del dinero que aporta.
Y hay otra cosa que no se pueden soslayar en un caso penal. La aplicación de la regla de la adecuación social. Hay reglas sociales que son disfuncionales, que generan problemas, pero que finalmente son prácticas admitidas por la sociedad peruana. Ejemplo: la prensa chicha.
Hace muchos años, en el caso de Gisela con Magaly, Gisela querellaba a Magaly porque le había dicho bataclana. Entonces trabajamos con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, (…) una pericia para demostrar que la prensa chicha, o como llamé por mi querida amiga Magaly la prensa no convencional, que es el medio de comunicación más importante que hay en el país, con sus lenguajes y sus contenidos.
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Sostengo que en el sistema electoral peruano existe como regla de adecuación social el aportante anónimo. La mayoría de aportantes, sobre todo los aportantes más importantes en las campañas electorales de todos los movimientos políticos, son aportantes anónimos. Y en una donación el donante pone las condiciones sino no dona.
¿Podría constituir una infracción administrativa? Convengo que podría constituir. Pero que aportantes anónimos es delito, lo niego rotundamente. El sistema electoral peruano actual no lo permite, por eso no existe el delito de financiamiento ilegal, como sí existe en otros países.
Hay que tener cuidado, porque si se empieza a criminalizar, ojo lo que digo, si se empieza a criminalizar al aportante anónimo, se estaría criminalizando la vida partidaria y todo el sistema político peruano. No estamos todavía ni con legislación ni en condiciones de criminalizar al aportante anónimo, porque no habría aportantes, no habría campañas políticas, no habría sistema electoral, porque hasta ahora no se acepta que el Estado financie las campañas de los partidos políticos, pero esa es arena de otro costal.
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