La abogada Miyanou Dufour, en entrevista para el programa Juiciosos, señaló que la regulación jurídica de la actividad extractiva se sustenta en sólidas bases constitucionales y administrativas. «Los recursos naturales son patrimonio de la nación, eso está regulado en la Constitución inclusive, y el Estado soberano para aprovecharlos», explicó la especialista.
Naturaleza de la concesión minera y el proceso de formalización
La obtención de una concesión minera es el primer paso de un procedimiento legal, pero no autoriza automáticamente el inicio de las operaciones de exploración o explotación. El titular del derecho debe tramitar autorizaciones adicionales, como el instrumento de gestión ambiental, y lograr acuerdos de acceso sobre los terrenos superficiales. «Al momento que tú tienes la concesión no significa que al día siguiente puedes entrar a hacer actividad», precisó la entrevistada respecto a las etapas del proyecto extractivo.
En el ámbito de la minería a menor escala, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado como un régimen de transición para quienes operaban sin los permisos correspondientes. Sin embargo, las sucesivas prórrogas legislativas aprobadas han desvirtuado el propósito inicial de la norma registral. Sobre la naturaleza temporal de este registro administrativo, Dufour advirtió que «debería ser la excepción y debería ser realmente temporal, cosa que no está pasando».
Frente a las deficiencias del proceso de formalización actual, la discusión técnica se ha orientado hacia la emisión de una Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). El propósito de esta regulación propuesta no es reemplazar al Reinfo como un mecanismo de evasión, sino establecer un marco normativo definitivo para la obtención de permisos. «La ley MAPE lo que busca justamente es dar las reglas claras, pero (…) no ser una nueva norma de formalización», puntualizó la abogada.
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Impacto normativo en las inversiones y el perfil del abogado
En el plano legislativo, la comisión respectiva del Congreso aprobó un predictamen que propone reducir el plazo para el inicio de la producción mínima minera de treinta a quince años. Esta iniciativa afectaría la seguridad jurídica de los proyectos de inversión, los cuales requieren extensos periodos para las fases de cateo, exploración y certificaciones ambientales. «Creemos que esta norma, o esta propuesta de norma, en vez de ordenar y atraer inversión va a ser exactamente lo contrario», sostuvo la especialista.
El ejercicio profesional en esta rama jurídica demanda competencias analíticas que exceden el estricto conocimiento del derecho civil o administrativo. La complejidad de las operaciones requiere que los asesores legales integren nociones de regulación ambiental, relacionamiento comunitario y aspectos técnicos de la ingeniería. «La minería es 360, tienes que saber de todo, pero […] tienes que entender lo que es el negocio minero como tal», afirmó la entrevistada sobre la formación integral requerida.
Finalmente, el abogado dedicado a la práctica legal en el sector extractivo debe desarrollar habilidades de comunicación para interactuar con profesionales de otras disciplinas y ciudadanos. La transmisión efectiva de los conceptos normativos resulta indispensable para viabilizar la ejecución técnica y la licencia social de cualquier operación. «En derecho minero tienes que saber hablar y escribir de manera simple porque tus interlocutores no siempre son abogados», concluyó Dufour.
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