El fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez presentó el último lunes ante el Poder Judicial la acusación contra Jorge Cuba Hidalgo, quien fue viceministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) del segundo gobierno aprista, y otras seis personas que se habrían beneficiado con la adjudicación de los tramos I y II del metro de Lima al consorcio Tren Eléctrico, formado por las constructoras Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero.
El fiscal Domingo Pérez solicitó 25 años y 10 meses de prisión para Jorge Cuba y los otros procesados: Mariella Huerta Minaya, Edwin Luyo Barrientos y Santiago Chau Novoa, exintegrantes de los comités para el proceso de selección, y Miguel Navarro Portugal, exfuncionario del MTC.
Este requerimiento también alcanza a dos personas del entorno del exviceministro: su sobrino Víctor Muñoz Cuba y su expareja Jessica Tejada Guzmán. A todos ellos se les imputan los delitos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.
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Según el diario El Comercio, la acusación fiscal contiene 430 páginas y establece la participación y beneficio económico que habría recibido cada uno de los procesados por parte de Odebrecht para que esta fuera beneficiada con las licitaciones.
Esta acusación, la tercera del equipo Lava Jato, sindica a Cuba, “quien ejercía el cargo de viceministro del MTC […], de haber ofrecido a Antonio Carlos Nostre Junior [intermediario de Jorge Barata, representante de la empresa Odebrecht] interceder ante los miembros del Comité Especial de la Licitación conformada por Santiago Chau […], Mariella Huerta, Edwin Martín Luyo Barrientos […], para el otorgamiento del proyecto del metro de Lima-línea 1, tramos I y II”. Así lo indica el documento.
Según la tesis fiscal, los implicados gestionaron y administraron cuentas bancarias de las empresas offshore Hispamar International Corp, Julson International S.A., Notrex, Oblong International INC, Aeron Group INC y Klienfeld Service.
Los otros implicados
La acusación también indica que “la empresa Odebrecht transfiere activos de la División de Operaciones Estructuradas a las sociedades de papel vinculadas a Jorge Cuba y su sobrino Víctor Muñoz Cuba por el monto de US$6’700.000”.
Según el documento, Martín Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya recibieron US$1’200.000 de la constructora a través de la offshore Oblong International. Ambos acordaron distribuirse ese dinero en porcentajes de 75% y 25%, respectivamente.
Además, Santiago Chau recibió la suma de US$400.000 por su participación como integrante del comité de selección que otorgó el primer tramo del metro de Lima.
A Tejada, expareja de Cuba, y a Navarro Portugal se les imputa ser los beneficiarios finales de la cuenta abierta por la ‘offshore’ Julson International en la Banca Privada de Andorra (BPA), usada para recibir los pagos ilícitos de Odebrecht.
La constructora brasileña transfirió a esa cuenta US$500.000, monto que generó intereses por US$60.000.
Según la acusación, Odebrecht habría usado a la BPA para pagar los sobornos por las licitaciones, utilizando a las mencionadas empresas ‘offshore’.
“Para la recepción de los activos ilícitos que procedían de la División de Operaciones Estructuradas, Antonio Carlos Nostre Junior y Barata (funcionarios de la referida empresa) y Jorge Cuba, en contubernio con sus coimputados, acordaron la creación de una cuenta en una sociedad ‘offshore’ para la recolección de los activos ilícitos, motivo por el cual Luiz Eduardo da Rocha Soares (funcionario de la referida división) recurre a los funcionarios de la Banca Privada de Andorra, Andrés Norberto Sanguinetti Barros y Francesc Xavier Pérez Giménez”, se detalla en el texto.
La ampliación de prisión preventiva
La fiscalía ha solicitado además la prolongación del plazo de prisión preventiva por seis meses contra Jorge Cuba, Edwin Luyo y Miguel Navarro, puesto que las medidas dictadas en su contra vencen en julio.
Otro requerimiento del fiscal Domingo Pérez es la desacumulación, en dos procesos, de la investigación: por lavado de activos, por un lado, y por el otro, por delito contra la administración pública, puesto que la mayoría de los implicados son exfuncionarios.
En la acusación también se pide que los implicados y los terceros civilmente responsables, las empresas: Norberto Odebrecht y Graña y Montero deban pagar una reparación civil, cuyo monto todavía no se ha determinado.
El documento se sostiene en los testimonios de 104 ciudadanos peruanos, entre exfuncionarios del Ministerio de Transportes, Provías, OSCE, además de los policías que participaron en los allanamientos.
En ese mismo sentido se han recabado las versiones de cinco personas en el extranjero. Tres de ellos son exejecutivos de Odebrecht: Barata, Carlos Nostre y Luis Eduardo da Rocha Soares. Los otros son los exdirectivos de la Banca Privada de Andorra: Andrés Norberto Sanguinetti y Francesc Xavier Pérez Giménez.
Por otro lado, en la acusación por el metro de Lima, se menciona a los exmiembros de los comités de licitación, un exfuncionario del MTC y personas del entorno de Jorge Cuba, quienes también fueron acusados.
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El documento menciona a Mariella Huerta Minaya, ex presidenta del segundo comité para el proceso de selección del tramo II del metro, que se encuentra prófuga de la justicia; Edwin Luyo Barrientos, exmiembro del segundo comité para el proceso de selección del tramo II del metro, quien se encuentra con prisión preventiva.
El documento también menciona a Santiago Chau Novoa, exintegrante del primer comité para el proceso de selección del tramo II del metro, quien también se encuentra prófugo de la justicia.
Otro de los implicados es Víctor Enrique Muñoz Cuba, sobrino del ex viceministro Cuba, quien abrió una cuenta para la offshore Hispamar, que actualmente cumple prisión preventiva. Miguel Navarro Portugal, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien también cumple orden de prisión preventiva.
Finalmente menciona a Jessica Tejada Guzmán, expareja de Jorge Cuba. A ella se la sindica de ser la beneficiaria final de la cuenta de la offshore Julson. Jessica Tejada se encuentra en libertad.
