La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita (Primer Despacho) inició diligencias preliminares por el presunto homicidio del abogado Walter Urrutia Vilca (48), ocurrido al interior de su estudio jurídico el último 6 de enero, mediante el acto de sicariato.
El fiscal provincial Ledder Tapia Baldoceda dispuso efectuar la inspección técnico policial en la escena del crimen, recopilar material fílmico de las cámaras del lugar, así como recabar el protocolo de necropsia del cadáver.
También solicitó realizar la pericia balística para determinar si los casquillos de bala fueron utilizados en otros hechos ilícitos. Además, se tomó el testimonio de dos testigos del crimen.
Víctima sufrió ataque previo
Según testigos, a la 1:30 p. m., un sujeto —que vestía ropa oscura y portaba una mascarilla— llegó hasta la segunda cuadra de la avenida José Carlos Mariátegui (Santa Anita) en una moto, ingresó caminando al local y preguntó por el abogado con el pretexto de entregar una carta.
Luego de que el mismo Urrutia Vilca le confirmara su identidad, el victimario sacó su arma y le habría disparado hasta en 5 oportunidades.
Este sujeto no habría actuado solo. De acuerdo a la versión de una vecina recogida por los medios, luego de perpetrar el crimen, el aparente homicida escapó del lugar en un motocicleta conducida por unos presuntos secuaces.
Sin embargo, no fue el primer ataque que sufrió el letrado. El 3 de septiembre del 2024, unos sujetos detonaron un explosivo en el estudio jurídico. Además de causar daños materiales, según informó La República, dejaron una nota con el siguiente mensaje: «Así mueren a los que les gusta quedarse con la plata».
Al lugar donde ocurrió el crimen se apersonaron los agentes de la comisaria de Santa Anita, personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y del Ministerio Público.
CAL exigió que se identifique a los responsables
El CAL calificó este hecho como un «cobarde asesinato» y señaló que enluta a toda la comunidad jurídica del Perú. Asimismo, advirtió que este crimen «constituye una grave amenaza al ejercicio de la abogacía y al Estado de Derecho».
Por ello, la orden exigió a las autoridades competentes a realizar una investigación que «permita identificar y sancionar a los responsables» del homicidio. «Demandamos garantías efectivas de seguridad para los abogados, quienes enfrentan riesgos constantes en el cumplimiento de su labor profesional», expresó el CAL.
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