Madre responde penalmente por no hacer nada para evitar agresión sexual a su menor hija [Casación 725-2018, Junín]

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Sumilla: Omisión impropia en el delito de violación sexual de menor de edad.- I. En los delitos de resultado, el hecho típico es atribuible plenamente tanto a quien despliega activamente su conducta dirigida a la producción del resultado dañoso como a quien detenta la obligación de defender un bien jurídico tutelado frente a los ataques que puedan suscitarse y, a pesar de ello, se desentiende absolutamente de su protección, presta su asentimiento o aprobación y deja actuar al agresor. Esto permite deducir razonablemente que, en los delitos sexuales, el no impedir lo violación a otro respecto del cual se tienen deberes jurídicos o legales de protección o, incluso, no neutralizar las circunstancias previas o concomitantes que dan lugar a su perpetración, equivale a la causación de la propia violación.

II. La inacción de la sentenciada Ernestina Juana Porras Carhuamaca, quien estaba obligada a defender un bien jurídico tan relevante como la indemnidad sexual de su hija de iniciales A. V. A. equivale a la realización de un acto positivo. Teniendo en cuenta su posición de garante, debió haber desplegado acciones tendentes a su defensa, a fin de evitar que sea abusada sexualmente en reiteradas oportunidades. Era su madre y no está probado que su capacidad intelectiva estuviera rescindida para no representarse como altamente probable que se desencadenaron actos sexuales en perjuicio de la agraviada. No converge un curso causal alternativo e hipotético para admitir que la omisión descrita no sea reveladora de una actitud contemplativa y de beneplácito a las violaciones. No quiso saber aquello que pudo y debió saber y, por ende, ha de asumir las consecuencias de la acción que conscientemente omitió. La función de los progenitores de un menor, no solo es significativa y relevante para la protección de su indemnidad sexual, sino también para el control del peligro que sobre dicho bien jurídico procediera de un tercero. Se aprecia como jurídicamente correcta lo aplicación del artículo 13 del Código Penal.


SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 725-2018, JUNÍN
SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.-

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por la encausada Ernestina Juana Porras Carhuamaca contra la sentencia de vista de fojas trescientos veintiuno, del cinco de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Sala de Apelaciones y Liquidadora de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que confirmó la sentencia de primera instancia de fojas ciento sesenta y cinco, del doce de septiembre de dos mil diecisiete, que la condenó como autora por omisión impropia o comisión por omisión del delito contra la libertad-violación sexual, en agravio de la menor identificada con las iniciales A. V. A. P., y la revocó en cuanto le impuso cuatro años de pena privativa de libertad; y, reformándola, le impuso ocho años de privación de libertad: con lo demás que contiene.

De conformidad con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente la señora jueza suprema Chávez Mella.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Del procedimiento en primera y segunda instancia

Primero. El señor fiscal provincial, mediante requerimiento de fojas uno (en el cuaderno de acusación fiscal), formuló imputación fiscal contra los procesados Hilder Rolán Ramírez Caballero, como autor del delito contra la libertad sexual -violación sexual en menores de edad-, en agravio de la menor de iniciales A. V. A. P., y Ernestina Juana Porras Carhuamaca, como autora por omisión impropia del delito contra la libertad sexual-violación sexual, en agravio de la víctima de iniciales A. V. A. P.

Calificó el ilícito en el artículo 173, primer párrafo, numeral 1, del Código Penal.

La omisión impropia se regula en el artículo 13 del Código Penal.

Solicitó la aplicación de las siguientes consecuencias jurídicas: la pena de cadena perpetua al encausado Hilder Rolán Ramírez Caballero y la pena de quince años de privación de libertad a la imputada Ernestina Juana Porras Carhuamaca. Requirió tratamiento terapéutico.

Segundo. Durante el juicio oral se produjeron tres situaciones procesales que son pertinentes para destacar:

1. El acusado Hilder Rolán Ramírez Caballero, a través del auto de fojas treinta y ocho, del veintiséis de junio de dos mil diecisiete (en el cuaderno de debate), fue declarado reo contumaz.

2. El señor fiscal provincial, mediante requerimiento de fojas ciento treinta, instó a la adecuación del título de imputación. Esta vez, acusó a la procesada Ernestina Juana Porras Carhuamaca como cómplice secundaria del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad, en agravio de la agraviada de iniciales A. V. A. P. Ratificó la calificación jurídica propuesta y la sanción penal pretendida.

3. El actor civil (en representación de la víctima de iniciales A. V. A. P.), en la fase de alegatos, a fojas ciento cincuenta y dos), peticionó como reparación civil la suma de S/ 50 000 (cincuenta mil soles).

Culminado al acto oral, el Juzgado Penal Colegiado, a través de la sentencia de fojas ciento sesenta y cinco, del doce de septiembre de dos mil diecisiete, condenó a Ernestina Juana Porras Carhuamaca como autora por omisión impropia o comisión por omisión del delito contra la libertad-violación sexual, en agravio de la menor de iniciales A. V. A. P., a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva y fijó como reparación civil la suma de s/ 50 000 (cincuenta mil soles). Asimismo, determinó que debía seguir tratamiento terapéutico. Se reservó el juzgamiento al encausado Hilder Rolán Ramírez Caballero.

Tercero. Contra la mencionada sentencia, el señor fiscal provincial interpuso recurso de apelación de fojas doscientos veintiséis, del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, solicitando el incremento de la pena aplicada. Por su parte, la procesada Ernestina Juana Porras Carhuamaca también formalizó recurso de apelación de fojas doscientos treinta, del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, pretendiendo su absolución.

Dichas impugnaciones fueron concedidas a través del auto de fojas doscientos cincuenta y cinco, del veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Se dispuso elevar los actuados al superior jerárquico.

Cuarto. En la fase de apelación, la imputada Ernestina Juana Porras Carhuamaca ofreció como medios de prueba las declaraciones de la testigo Evelyn Lara Calderón, de la psicóloga Belén Rosario Pérez Camborda y de la menor de iniciales A. V. A. P.

A su turno, la Sala Penal Superior, mediante auto de fojas trescientos quince, del veinte de marzo de dos mil dieciocho, aplicó lo dispuesto en el artículo 422 del Código Procesal Penal y declaró inadmisibles las proposiciones probatorias.

Se prosiguió con la audiencia. Se recabó la manifestación de la procesada Ernestina Juana Porras Carhuamaca, y se efectuó la oralización de piezas procesales y los alegatos respectivos, a fojas trescientos dieciséis (en el cuaderno de debate).

En ese contexto, el Tribunal Superior, a través de la sentencia de vista de fojas trescientos veintiuno, del cinco de abril de dos mil dieciocho, confirmó la sentencia de primera instancia, que condenó a Ernestina Juana Porras Carhuamaca como autora por omisión impropia o comisión por omisión del delito contra la libertad-violación sexual, en agravio de menor de iniciales A. V. A. P., y fijó como reparación civil la suma de S/ 50 00 (cincuenta mil soles); y, la revocó en cuanto le impuso cuatro años de pena privativa de libertad, reformándola, le aplicó ocho años de privación de libertad.

En lo pertinente, se declararon los siguientes hechos probados respecto a la encausada Ernestina Juana Porras Carhuamaca:

• Tuvo conocimiento de las violaciones sexuales que sufrió su menor hija de iniciales A. V. A. P., a partir del año dos mil catorce, por parte del procesado Hilder Rolán Ramírez Caballero, quien era su pareja sentimental.

• En su versión original, admitió que sabía que la menor de iniciales A. V. A. P. estaba siendo agredida sexualmente por el encausado Hilder Rolán Ramírez Caballero. Posteriormente, lo negó y adujo que, al enterarse de que la referida víctima había sido “tocada”, la llevó a una clínica, donde la examinaron y le dijeron que no presentaba desfloración sino una infección.

• Realizó una reunión entre el acusado Hilder Rolán Ramírez Caballero y la agraviada de iniciales A. V. A. P., en la que le pidió perdón a su hija y se comprometió a que las agresiones sexuales no volverían a ocurrir. Buscaba asegurar su silencio.

• Ejercía la patria potestad y la tenencia de la víctima de iniciales A. V. A. P., lo que la vinculaba a efectuar todas las acciones necesarias para protegerla de situaciones riesgosas que pusieran en peligro su integridad. Tenía posición de garante, según lo dispuesto en el artículo 418 del Código Civil y en el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes. Incumplió sus obligaciones.

• No puso en conocimiento de las autoridades lo sucedido, para que se inicie la investigación y se determine la responsabilidad penal del imputado Hilder Rolán Ramírez Caballero.

Quinto. Frente a la sentencia de vista acotada, la procesada Ernestina Juana Porras Carhuamaca promovió recurso de casación de fojas trescientos cincuenta y uno, del veinte de abril de dos mil dieciocho. Mediante auto de fojas trescientos setenta y ocho, del treinta de abril de dos mil dieciocho, la citada impugnación fue concedida. El expediente judicial fue remitido a esta Sede Suprema.

§ II. Del procedimiento en la instancia suprema

Sexto. Esta Sala Penal Suprema, al amparo del artículo 430, numeral 6, del Código Procesal Penal, emitió el auto de calificación de fojas sesenta, del diez de agosto de dos mil dieciocho (en el cuaderno supremo), por el que declaró bien concedido el recurso de casación. En observancia de la doctrina de la voluntad impugnativa, se admitió la casación formulada por la causal regulada en artículo 429, numeral 3, del Código Procesal Penal. Se trató de una casación sustantiva.

Séptimo. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de casación, según las notificaciones y cargo de fojas sesenta y seis, sesenta y siete, y sesenta y ocho (en el cuaderno supremo), se emitió el decreto de fojas sesenta y uno, del tres de junio de dos mil diecinueve (en el cuaderno supremo), que señaló el diez de julio del mismo año como fecha para la audiencia de casación.

Octavo. La señora fiscal suprema en lo penal, a través del dictamen de fojas setenta y cinco, del nueve de julio de dos mil diecinueve (en el cuaderno supremo) requirió que se declare infundado el recurso de casación materia de evaluación jurídica.

Noveno. Realizada la audiencia de casación, se celebró de inmediato la deliberación de la causa en sesión privada. Llevada a cabo la votación respectiva y por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Como se indicó precedentemente, este Tribunal Supremo declaró bien concedido el recurso de casación planteado por la procesada Ernestina Juana Porras Carhuamaca por la causal estatuida en el artículo 429, numeral 3, del Código Procesal Penal.

En ese sentido, la cuestión planteada conlleva que el presente pronunciamiento se disgregue en dos aspectos: el primero se refiere a los delitos omisivos, con énfasis en la omisión impropia prevista en el artículo 13 del Código Penal, y el segundo, a su aplicación adecuada al caso concreto.

I. De los delitos omisivos, con énfasis en la omisión impropia

Segundo. El artículo 13 del Código Penal, modificado por la Ley número 26682, del once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, vigente en la data de los hechos delictivos, prevé como supuesto jurídico lo siguiente:

El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado:

1. Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo;

2. Si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. La pena del omiso podrá ser atenuada.

Las normas jurídicas son prohibitivas o preceptivas. Con las primeras se impide una acción determinada y la infracción jurídica consiste en su realización. En cambio, con las segundas se ordena un comportamiento específico y la transgresión jurídica radica en su omisión. Los delitos omisivos contravienen el segundo grupo de normas.

Tercero. Por lo general, los tipos penales del ordenamiento jurídico están diseñados sobre la base de acciones concretas y efectivas de lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. En contraste, la tipificación de los comportamientos omisivos es menos frecuente.

Con todo, lo anterior no es obstáculo para que los delitos de comisión, a los que resulta inherente un resultado de lesión o de peligro, sean también ejecutados a través de la no evitación de dichos resultados, en tanto exista un deber jurídico de interposición.

Desde una óptica procedimental, es cierto que resulta más sencillo investigar, acusar y juzgar una acción con todas sus implicancias fácticas y jurídicas, que realizar lo propio respecto a una omisión. Esta última, a diferencia de la primera, posee componentes jurídicos especiales. Naturalmente, si se parte de la apariencia externa, comisión y omisión pueden distinguirse fácilmente. “Hace algo” quien pone en marcha un suceso causal mediante el uso de energía o lo encauza en una determinada dirección; por el contrario, “omite algo” quien deja que las cosas sigan su curso y no hace uso de la posibilidad de intervención. Otro sector doctrinario considera, más bien, que la distinción entre acción y omisión es puramente fenomenológica, pues, desde una posición normativista, ambas no se diferencian jurídicamente y lo que cuenta es la expresión de sentido de la conducta.

Tales criterios, sin embargo, solo constituyen el punto de inicio y no finiquitan la discusión sobre las reales o presuntas desigualdades entre acción y omisión. Concierne a la jurisprudencia y a la literatura jurídica, según la casuística que surja progresivamente, continuar desarrollando parámetros hermeneúticos relacionados con el punto materia de debate.

Ahora bien, lo que sí resulta patente es que -desde la perspectiva subjetiva-, en los delitos activos, el dolo se manifiesta con la decisión del autor de realizar determinada conducta típica; empero, en los delitos omisivos, se exterioriza con la falta de determinación del agente para emprender la acción jurídicamente impuesta. En este caso, el agente ha de conocer no solo que detenta el deber de intervenir en la situación ocurrida, sino también que con su intervención evitará el resultado de lesión o peligro. En lo atinente al dolo eventual, se requiere el conocimiento del riesgo jurídicamente desaprobado y de la alta probabilidad del resultado. El omitente, que es consciente de su obligación y sabe que puede actuar eficazmente, decide no hacerlo, permanece inactivo y da lugar al hecho criminal.

Cuarto. Los delitos de omisión se clasifican en propios (puros) e impropios (impuros).

En términos prácticos, se considera como delitos de omisión propia aquellos cuyo contenido se agota en la no realización de una acción exigida por la ley. Son equivalentes a los delitos de mera actividad. Por el contrario, en los delitos de omisión impropia, al “garante” le es impuesto un deber de evitar el resultado. El acaecimiento de este pertenece al tipo y el garante que infringe dicho deber es responsabilizado por el resultado típico sobrevenido. Son equiparables a los delitos de resultado.

[Continúa…]

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