La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo, ante el Congreso de la República, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. El recurso también alcanza a 24 congresistas de distintos grupos parlamentarios.
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Trece legisladores son sindicados de presunta organización criminal, tráfico de Influencias y/o alternativamente cohecho pasivo impropio: Darwin Espinoza (Podemos Perú), Jorge Flores (Alianza para el Progreso), Raúl Doroteo (Acción Popular), Elvis Vergara (Acción Popular), Juan Mori (Acción Popular), Ilich López (Acción Popular), Wilson Soto (Acción Popular), Silvia Monteza (Acción Popular), José Arriola (Podemos Perú), Pedro Martínez (No agrupado), Luis Aragón (Acción Popular), Hilda Portero (Acción Popular) y Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular).
Otros once legisladores, en tanto, comparten las imputaciones de organización criminal y tráfico de influencias: Karol Paredes (Avanza País – Partido de Integración Social), German Tacuri (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Francis Paredes (Podemos Perú), Oscar Zea (Somos Perú), Katy Ugarte (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), Paul Gutiérrez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), Segundo Quiroz (Alianza para el Progreso), Nivardo Tello (Podemos Perú) y Américo Gonza (Perú Libre). Finalmente, el legislador Carlos Alva solo es sindicado de organización criminal.
Según la tesis fiscal, Castillo Terrones «habría liderado la presunta organización criminal, integrada por los congresistas y ministros denunciados, con el fin de negociar votos congresales a cambio direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC); Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); y Producción». Asimismo, en la Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú (PNP) y la Empresa Nacional de Puertos.
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La acusación también comprende a exministros del gobierno de Castillo. Juan Francisco Silva, quien ocupó la cartera de Transportes y Comunicaciones, fue incluido por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Jorge Luis Prado, entonces titular del Ministerio de la Producción, enfrenta cargos por organización criminal y negociación incompatible.
Asimismo, Betssy Chávez, en su condición de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, fue señalada por el presunto delito de negociación incompatible.
COMUNICADO
FISCALÍA DE LA NACION
La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, hace de conocimiento que se presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra de Pedro Castillo Terrores (expresidente de la República), por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; contra los congresistas de Acción Popular denominados ‘Los Niños’: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos (por los delitos de organización criminal, y, tráfico de Influencias y/o alternativamente cohecho pasivo impropio), Karol Paredes (organización criminal y tráfico de influencias) y Carlos Alva (organización criminal).
La denuncia constitucional también comprende a los parlamentarios de Perú Libre – Bloque Magisterial: German Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza (por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias).
También incluye a Juan Francisco Silva, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; Jorge Luis Prado, entonces ministro de la Producción, por los delitos de organización criminal y negociación incompatible; Betssy Betzabet Chávez, en su calidad de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por el delito de negociación incompatible.
Los hechos están referidos a que el expresidente de la República Castillo Terrones habría liderado la presunta organización criminal integrada por los congresistas y ministros denunciados con el fin de negociar votos congresales a cambio direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Producción; así como en organismos públicos descentralizados; Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.
Lima, 25 de julio de 2025
