Jurisprudencia relevante y actual sobre allanamiento

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El allanamiento consiste en el ingreso a un recinto cerrado con fines de investigación, en esa medida, el art. 214 del CPP indica que el término recinto cerrado abarca a la casa habitación y a la casa de negocio.

Por su naturaleza, es correcto determinar una finalidad dual: «1) asegurar las pruebas o piezas de convicción para que estén a disposición de las partes y 2) detener al presunto culpable que se sospecha se encuentra en un determinado domicilio»[1].

Solicitud y resolución

En la solicitud de allanamiento y registro domiciliario, se deberá consignar: 1) la ubicación concreta del o los lugares pasibles de ser registrados, 2) la finalidad específica del allanamiento, 3) las diligencias a practicar y, 4) el tiempo aproximado de duración.

La resolución de autorización (en adelante, la resolución) deberá contener: 1) el nombre del fiscal autorizado, 2) la finalidad específica del allanamiento, 3) la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, 4) el tiempo máximo de duración de la diligencia, 5) el apercibimiento de ley para el caso de resistencia al mandado y, de ser el caso, 6) las medidas de coerción que correspondan.

Duración

La orden de allanamiento tendrá una duración máxima de dos semanas, pasado ese tiempo, la autorización caducará, sin embargo, se exceptúa esta regla si la resolución se ha expedido por tiempo determinado o para un periodo determinado.

Desarrollo de la diligencia      

Al iniciar la diligencia, se deberá de entregar una copia de la resolución al imputado o a un tercero que tenga la disponibilidad del lugar. De no ser posible, la copia se deberá entregar a un vecino o a una persona que conviva con él, en su defecto, se hará entrega al portero o a quién cumpliera ese rol.

En todo momento se debe actuar conforme a lo autorizado en la resolución, de igual forma, en la materialización de esta diligencia, se deberá adoptar las medidas necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encontraran dentro del bien.

Entrada y registro domiciliario sin autorización

Son tres los supuestos en los cuales el allanamiento no necesita ser autorizado: 1) cuando medie el consentimiento del titular del derecho, 2) flagrancia delictiva y 3) peligro grave de la perpetración de un delito.

Sumario:

  1. La omisión en la indicación expresa de la ubicación del bien inmueble, no constituye un vicio constitucional que origina la ilicitud del allanamiento [Casación 234-2017, La Libertad]
  2. Requisitos para la procedencia del allanamiento y registro domiciliario en los casos de flagrancia [Casación 553-2018, Lambayeque]
  3. Todo allanamiento debe ser proporcional, subsidiario, razonable y previsible [Casación 1942-2018, Apurímac]
  4. ¿En qué casos el allanamiento presenta presunción de licitud? [RN 140-2015, Lima]
  5. Es usual que en los allanamientos participen varios efectivos policiales y dos fiscales [RN 229-2016, Lima Sur]
  6. El hecho de que los policías incursionaron por el techo, per se, no invalida el allanamiento [RN 931-2018, Lima Norte]
  7. El allanamiento en los supuestos de flagrancia no es inválido [RN 1099-2018, Callao]
  8. Un allanamiento por flagrancia delictiva, per se, no habilita a efectuar registro alguno en el domicilio [RN 1549-2014, Lima]
  9. Policías detienen a supuesto traficante de drogas y son sentenciados por secuestro y allanamiento ilegal [RN 1841-2014, Lima]
  10. Presupuesto del allanamiento policial en casos de flagrancia delictiva [RN 2874-2013, Del Santa]
  11. Droga hallada en inmueble vía allanamiento ilegal es prueba ilícita [RN 2900-2016, Lima]
  12. Circunstancias materiales para el allanamiento domiciliario [Apelación 05-2014-1]
  13. Allanamiento es prueba ilícita si no participó el fiscal o el abogado del detenido [Exp. 1111-2018-29]
  14. ¿Es nulo el allanamiento que no fue realizado por el fiscal que figura en la resolución autoritativa? [Exp. 35-2017]

1. La omisión en la indicación expresa de la ubicación del bien inmueble, no constituye un vicio constitucional que origina la ilicitud del allanamiento [Casación 234-2017, La Libertad]

Fundamento destacado: Tercero. En la parte expositiva de la resolución cautelar de fojas diez, de veintiséis de noviembre de dos mil trece, se indicó que el inmueble concernido está ubicado en Jirón Sánchez Carrión número doscientos setenta y seis guión doscientos setenta y ocho – Huamachuco, Sánchez Carrión – La Libertad, donde opera la Radiodifusión RTC TRV guión VHF RTC de propiedad del imputado Rebaza López. Empero, en la parte considerativa (duodécimo fundamento jurídico) se indica que la ubicación de la planta de esa emisora se encuentra en el jirón José Pardo sin número, Barrio Los Pajaritos – Cerro Santa Bárbara, y que según la indicada Resolución Directoral los dos locales ya mencionados forman una unidad.

Es verdad que en la parte resolutiva solo se hizo referencia al primer inmueble o local, pero es evidente que si las actuaciones administrativas comprendían el conjunto de la actividad de telecomunicaciones, bajo el cargo de su presunta ilegalidad –y así se menciona en la parte considerativa del auto cautelar–, era obvio que el local donde quedaba la planta emisora también sería objeto de la referida medida cautelar. Esa omisión del Juez –en la parte resolutiva– no significa que la medida cautelar no comprendiera toda esa actividad de radiodifusión. El conjunto de las actuaciones administrativas, previas a dicha resolución, alcanzaban al local ubicado en el jirón José Pardo. En ese local es donde se encontraron los equipos incautados y se encontraba quien se desempeñaba como locutor, el señor Egoavil Sobrevilla, con quien se entendió la diligencia, conforme al acta de fojas dieciséis.

[L]a omisión en la indicación expresa de la ubicación de la planta emisora –donde precisamente se hallaron los equipos finalmente incautados–, no constituye un vicio constitucional que origina la ilicitud del allanamiento y de la propia incautación y, por ende, la inutilizabilidad de la fuente de prueba obtenida por ese medio (supuesto de prueba inconstitucional). Fluye de la propia resolución que implícitamente la comprende y, por ende, no significa que se incurrió en una vulneración de la legalidad constitucional […]. Incluso el error en el número de la vivienda es intrascendente si la vivienda queda suficientemente individualizada […].

2. Requisitos para la procedencia del allanamiento y registro domiciliario en los casos de flagrancia [Casación 553-2018, Lambayeque]

Fundamento destacado: Séptimo. [D]ebe entenderse que, a los fines de entrada y registro domiciliario, existirá flagrancia siempre que se cumplan dos notas sustantivas y dos notas adjetivas. En el primer caso, se requiere (i) inmediatez temporal –la acción delictiva se está desarrollando o acabe de desarrollarse en el momento de su percepción o intervención– e (ii) inmediatez corporal –el delincuente se encuentre en el lugar del hecho en situación o en relación con aspectos del delito que proclamen su directa intervención en el mismo–.

En el segundo caso, se necesita de (iii) percepción directa y efectiva del hecho por el efectivo policial –visto directamente o percibido de otro modo por material fotográfico o fílmico–, y de (iv) necesidad urgente de la intervención policial. Es imperativo, entonces, que para la legalidad constitucional de la diligencia de allanamiento y registro se advierta la presencia del delincuente en el mismo teatro de los hechos cometiendo un delito o huyendo inmediatamente tras su comisión –formará parte del teatro de los hechos el domicilio allanado y registrado–, sin que a ello obste que se logre arrestarlo o que consiga fugar.

3. Todo allanamiento debe ser proporcional, subsidiario, razonable y previsible [Casación 1942-2018, Apurímac]

Fundamento destacado: 7.1. [S]i se pretende limitar este derecho [derecho a la inviolabilidad de domicilio], con el fin de tutelar otros derechos, principios, bienes o valores constitucionales, dicha medida debe ser:

  1. Proporcional con el delito perseguido, por lo que, mientras mayor sea la gravedad del ilícito penal perseguido, mayor puede ser la limitación al derecho a la inviolabilidad del domicilio. Esto también significa que dicha limitación debe ser mínima o inexistente en los casos de infracciones de escasa consideración penal.
  2. Subsidiaria, pues solo debe otorgarse cuando no exista otro medio de investigación menos dañoso.
  3. Razonable, debido a que deben existir motivos suficientes para concluir que dicha medida será útil y cumplirá con la finalidad de descubrir o comprobar hechos o circunstancias importantes para el fin del proceso.
  4. Además, ha de ser previsible que el titular o poseedor del inmueble negará el ingreso al bien a la autoridad competente.

4. ¿En qué casos el allanamiento presenta presunción de licitud? [RN 140-2015, Lima]

Fundamento destacado: Séptimo. En cuanto a la responsabilidad penal de Elías Laupa Quinto, se aprecia que según el Acta de Registro Domiciliario y Comiso de Drogas (obrante a fojas treinta y siete), el citado encausado fue hallado en la vivienda allanada, ubicada en el jirón Ilo N.° 379-Cercado de Lima. Tal diligencia no solo contó con autorización judicial sino que se realizó con la participación del representante del Ministerio Público, Gilmer E. Martínez Ccerhuayo, Fiscal Adjunto Provincial de Lima, por lo que presenta presunción de licitud.

5. Es usual que en los allanamientos participen varios efectivos policiales y dos fiscales [RN 229-2016, Lima Sur]

Fundamento destacado: 3.12. Es de común conocimiento que en esta clase de intervenciones de allanamiento de inmuebles, por la dinámica de su usual desarrollo simultáneamente se suelen efectuar los registros personales y domiciliarios; en este caso, participaron varios efectivos policiales y dos representantes del Ministerio Público.

6. El hecho de que los policías incursionaron por el techo, per se, no invalida el allanamiento [RN 931-2018, Lima Norte]

Fundamento destacado: 2.2. La incursión por el techo del inmueble por parte de algunos efectivos policiales, en forma simultánea con la incursión por parte de otros policías por la puerta principal, puede responder a estrategias de reducción de las personas que se hallen en el interior del inmueble –brindando, de esta forma, seguridad a las autoridades intervinientes y a las personas que se encuentren dentro del inmueble– y de vigilancia y protección del lugar, a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito, […].

Fundamento destacado: 2.4. En este orden, la supuesta irregularidad invocada por los recurrentes –incursión de los efectivos policiales por el techo del inmueble– de por sí no constituye indefectiblemente un acto irregular y arbitrario que invalide la diligencia, siempre y cuando tenga los fines antes señalados.

7. El allanamiento en los supuestos de flagrancia no es inválido [RN 1099-2018, Callao]

Fundamento destacado: Quinto. [S]e trató de una intervención en flagrancia delictiva y en los marcos de una operación policial de carácter general; luego, no hacía falta orden judicial para detener ni para efectuar una diligencia de allanamiento y registro. Además, las actas en examen reflejan una diligencia objetiva y se erigen en prueba preconstituida.

8. Un allanamiento por flagrancia delictiva, per se, no habilita a efectuar registro alguno en el domicilio [RN 1549-2014, Lima]

Fundamento destacado: Noveno. Así mismo, es pertinente [tener] en cuenta que los efectivos policiales si bien frente al estado de persecución se encontraban autorizados para allanar el inmueble y capturar al sujeto, ello no los habilita a efectuar registro alguno en el mismo, sin la seguridad que este constituye el domicilio del perseguido (habiendo advertido que ingresó cuando la puerta se encontraba abierta).

9. Policías detienen a supuesto traficante de drogas y son sentenciados por secuestro y allanamiento ilegal [RN 1841-2014, Lima]

Fundamento destacado: 3.13. Por otro lado, no se probó que la intervención a las víctimas y el allanamiento al domicilio […] haya sido legal, ni que obedeciera a la ejecución de actos policiales de investigación; por el contrario, los acusados se condujeron al margen de la ley, no observaron los protocolos de intervención y violaron los derechos fundamentales de los agraviados; es así que no se identificaron en el momento de la intervención; no contaban con orden judicial para ingresar al inmueble de la agraviada e intervenir a los afectados; los trasladaron a la comisaría de forma subrepticia, sin dar cuenta de la intervención y el motivo, […].

10. Presupuesto del allanamiento policial en casos de flagrancia delictiva [RN 2874-2013, Del Santa]

Fundamento destacado: Cuarto. Que es determinante, ante los agravios del imputado Cáceres Quezada, establecer si el acto de posesión de droga fue objeto de una captura en flagrancia o, en todo caso, si él permitió voluntariamente el registro de su inmueble. La Constitución tutela preferentemente, por su carácter de derecho fundamental, la libertad domiciliaria, por lo que el domicilio solo puede ser intervenido por la autoridad mediando flagrancia delictiva, peligro inminente de la perpetración de un delito o por el libre y voluntario consentimiento de su titular (artículo 2°, numeral 9. de la Constitución).

Fundamento destacado: Quinto. Que el imputado no tenía droga en su poder cuando fue detenido; y, no hay modo de establecer desde las ventanas que en el interior del predio existía droga; tampoco la información confidencial mencionaba su nombre. Por consiguiente, no es posible sostener que medió flagrancia delictiva en el acto de la detención.

De otro lado, igualmente, no puede admitirse que el imputado libre y voluntariamente aceptó la entrega y registro en su domicilio. El propio policía interviniente afirmó que le quitó la llave.

En estas condiciones no cabe sino concluir que el allanamiento fue inconstitucional y, por tanto, que se trata de un acto de prueba ilícita que genera una prohibición probatoria y la inutilización de la prueba material obtenida como consecuencia de esa entrada y registro ilegítimo.

11. Droga hallada en inmueble vía allanamiento ilegal es prueba ilícita [RN 2900-2016, Lima]

Fundamento destacado. Noveno. [D]el Acta de Entrevista de la citada testigo nos daría la apariencia de que el ingreso a dicho domicilio a fin de realizar el allanamiento se habría realizado con la autorización de esta; sin embargo, revisado su declaración preliminar, se advierte que se habría ingresado a dicha vivienda utilizando temor e intimidación sobre la testigo al manifestarle un presunto secuestro de una menor de edad; asimismo, amenazaron con derribar la puerta, por lo que la testigo a fin de evitar ello fue en búsqueda de las llaves y procedió abrir la puerta; […].

Fundamento destacado: Décimo. De lo expuesto se concluye que el allanamiento de la vivienda no fue realizado con las garantías de ley, por el contrario se realizó vulnerando derechos fundamentales –esto es, la inviolabilidad del domicilio-, por ende el hallazgo de droga en dicho domicilio no tiene valor probatorio; y por el contrario ello constituye una prueba ilegal.

12. Circunstancias materiales para el allanamiento domiciliario [Apelación 05-2014-1]

Fundamento destacado: 2.4. [V]ale decir que el mandato judicial de limitación de derechos exige circunstancias materiales que no se limitan a la verificación del principio de proporcionalidad, o por lo menos así no lo regula la norma procesal. Veamos, el legislador, recién en el dos mil cuatro, ha señalado como límite a la autoridad jurisdiccional para autorizar el ingreso a un domicilio determinadas circunstancias que se desprenden de la interpretación sistemática del artículo doscientos catorce apartado uno y doscientos tres del Nuevo Código Procesal Penal, estos son: generales a toda medida limitativa:

a) Deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de convicción, específicos del allanamiento, b) que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación […] siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función. A éstas podríamos agregar a tener en cuenta en el juicio de proporcionalidad entre la acción policial a ejecutarse (o ejecutada): c) la gravedad de la infracción, f) el grado de injerencia en el derecho fundamental que se requiere y, g) la fuerza probatorio de los elementos que pudieren ser obtenidos tras la intromisión en el derecho fundamental. Todas estas circunstancias materiales deben de encontrarse presentes para que el Juez dicte la autorización correspondiente.

Los agravios se limitan al principio de proporcionalidad, en sus diferentes subcriterios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha. Sin embargo, este esquema argumentativo prescribe pautas, pero no por ello puede considerarse que porque una resolución judicial no sigue con rigidez el esquema planteado, de sus fundamentos no se puedan extraer elementos que integran dicho principio, la falta de claridad respecto a esta distinción puede haber conllevado a que los recurrentes asuman que la resolución no está debidamente motivada conforme a este principio.

13. Allanamiento es prueba ilícita si no participó el fiscal o el abogado del detenido [Exp. 1111-2018-29]

Fundamento destacado: 18. La diligencia de allanamiento efectuada por el policía Jimmy Chimoy Molero al ser analizada desde la ratio decidendi del Recurso de Nulidad Nº 2874-2013-Santa de trece de marzo del dos mil catorce, constituye una prueba ilícita, puesto que para que tenga validez el acto del consentimiento a la entrada del domicilio, debió estar presente el fiscal o el abogado defensor del detenido Gerardo Paul Ramírez Rodríguez, para garantizar y controlar el consentimiento informado y la corrección jurídica de la diligencia realizada en el inmueble sito en la avenida Gran Chimú N° 2049, distrito La Esperanza, máxime si ni siquiera era el lugar de su residencia (según la acusación el imputado domicilia en avenida Condorcanqui Nº 2110, La Esperanza), pues dicho lugar era el domicilio de su hermano y este solo tenía la llave de ingreso. No pudiendo sustituir tal garantía a favor del detenido, que el policía simplemente haya consignado en la referida acta: “De lo acontecido se hizo de conocimiento vía telefónica al representante del Ministerio Público Dr. Esteban Zafra Guerra de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Esperanza, quien dispuso que se realice las diligencias pertinentes para el esclarecimiento del hecho ilícito”.

14. ¿Es nulo el allanamiento que no fue realizado por el fiscal que figura en la resolución autoritativa? [Exp. 35-2017]

Fundamento destacado: Décimo segundo. Sobre la legitimidad de la obtención de la misma, de conformidad con lo expresado por el Representante del Ministerio Público, consideramos que si bien es cierto que el resultado del allanamiento fue efectuado con la presencia de un fiscal que no fue consignado en la autorización respectiva para llevar adelante dicho acto de Investigación, no es menos cierto que con ello se estaría generando un supuesto de una prueba irregular más no de prueba ilícita, la primera de ellas que presupone la inobservancia de una norma procesal para la obtención o actuación de un elemento de prueba. No obstante, debemos señalar, que la exclusión de los elementos de prueba derivados de una prueba irregular se sustenta, tal como establece el artículo 159 del Código Procesal Penal, en la vulneración del contenido esencial de un derecho fundamental. Por tanto, la sola inobservancia de una norma procesal no implica necesariamente la exclusión de los elementos de prueba derivados de la obtención de una prueba irregular. Así lo estableció la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al resolver la Casación N° 591-2015-Huánuco, la cual constituye doctrina jurisprudencial vinculante, publicada el 13 de mayo de 2018.


[1] San Martín Castro, Cesar. Derecho procesal penal. Lecciones. Segunda edición. Lima: INPECCP, 2020, p. 463.

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