La vivienda del ministro del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, volvió a ser allanada este miércoles 19 de marzo. La intervención, que inició cerca de las 5:00 a. m. en el distrito de La Molina, contó con la presencia de personal del Ministerio Público (MP), en compañía de agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional.
Tras las declaraciones de Santiváñez tildando de «show» a la medida, la Fiscalía precisó que, el 13 de febrero de 2025, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación solicitó el allanamiento del inmueble por el presunto delito de tráfico de influencias.
Ante ello, el último 4 de marzo, según informaron desde la Fiscalía, el Poder Judicial otorgó 15 días para su ejecución. Sin embargo, el titular del interior estuvo de viaje ―en las ciudades de Bruselas y La Haya― del 3 al 9 de marzo. Asimismo, la entidad detalló que coordinó cerca de una semana con peritos, Policía Nacional y la defensa pública para llevar a cabo la medida. «La diligencia efectuada hoy se encuentra dentro del plazo establecido», precisó.
La diligencia está referida a las declaraciones de dos testigos protegidos, recogidas por la Fiscalía, que darían cuenta de un presunto tráfico de influencias entre Santiváñez, cuando se desempeñaba como abogado, y magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Además, se indicó que el ahora ministro habría cobrado 20 000 dólares para usar sus aparentes influencias en el organismo autónomo, por lo que se inició una investigación.
En diálogo con los medios de comunicación, en los exteriores de su vivienda, Santiváñez indicó lo siguiente:
La alegación que hace la fiscalía es aduciendo justamente el inicio de la investigación fiscal de presunto tráfico de influencias donde refieren que en mi práctica profesional como abogado, antes de ser ministro, habríamos en el estudio cobrado la suma de 20 mil dólares supuestamente por un facilitamiento en el TC. […] No conozco personalmente a ninguno de los magistrados del Tribunal Constitucional ni he gestionado nada ante ellos.
Por su parte, el alto funcionario tildó el suceso de «absolutamente excepcional en la justicia peruana» y relacionó la medida con las mociones de censura, presentadas en su contra por diversas bancadas, que debatirá el Congreso en los próximos días. Además, calificó al allanamiento como un «show de la Fiscalía»:
En un caso absolutamente excepcional en la justicia peruana, una vez más allanan mi domicilio, después de casi una semana de haberla allanado. Qué casualidad que se genere este hecho cuando pasado mañana se va a debatir una moción de censura [en mi contra]. Definitivamente, para mí, esto es un show de la Fiscalía que definitivamente tiene la intención de exponernos, tanto a mí como a mi familia, pero nosotros estamos con absoluta tranquilidad.
Sumado a ello, señaló que el MP intentó efectuar la medida sin la presencia de su abogado, pese a que este ya había sido informado del hecho y se dirigía al lugar. De acuerdo a su versión, los fiscales insistieron con esta acción:
Lo que sí quiero dejar en claro, es que al momento en que llegó la Fiscalía, pretendieron llevar a cabo la diligencia sin la presencia de mi abogado a pesar de que informamos que mi abogado había sido comunicado y demoró 19 minutos en llegar. Pero la Fiscalía insistió en llevar la diligencia sin que mi abogado designado estuviera aquí.
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La primera diligencia de este tipo, realizada en el marco de una investigación por el presunto delito de abuso de autoridad, ocurrió el último 3 de marzo. En aquella oportunidad, sin embargo, las acciones se llevaron a cabo solo por personal de la Fiscalía sin la presencia de efectivos policiales.
Las autoridades llegaron al inmueble alrededor de las 5:30 a. m., según declaró el ministro. En conversación con los medios de comunicación, manifestó lo siguiente:
La intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan, de alguna manera, relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad. […] Nosotros no tenemos ningún inconveniente, estamos con mi esposa brindando toda las facilidades del caso. La diligencia se está llevando a cabo con total normalidad.
La investigación contra Santiváñez Antúnez iniciaron tras la presentación de grabaciones por parte del capitán PNP Junior Izquierdo —las cuales no han sido reconocidas por el funcionario— en donde ambos habrían mantenido diversas conversaciones. En dichas grabaciones, el ministro habría mostrado supuestas anomalías:
Como abogado procesalista me llama poderosamente la atención. Es la primera vez que en un caso por abuso de autoridad veo un allanamiento. Es un caso donde existen muchas cosas por dilucidar, es la primera vez que yo advierto este tipo de medidas cautelares.
Al hacer lectura de la resolución, uno puede advertir que el grave y fundado elemento de convicción, que ha presentado la Fiscalía, son las declaraciones de dos supuestos testigos protegidos sobre los cuales no ha existido ninguna corroboración. Simplemente han dicho chismes y cosas que han sido irreales. Con base en eso, que no ha tenido ninguna corroboración, se realiza esta diligencia.
En otro momento de este primer allanamiento, el letrado calificó la actuación del Ministerio Público como una «treta» de su máxima representante, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza:
[…] Esto, en realidad, es un manotazo de ahogado y una treta de la fiscal de la Nación para generar una diligencia con un documento, con supuestas declaraciones de testigos protegidos, porque no tenía mayores argumentos para hacerlo; y por eso es que lo hace dentro del cuaderno [proceso] del delito de abuso de autoridad.
