El Ministerio del Interior aprobó la contratación del estudio Miranda & Asociados por S/60 000 para brindar defensa legal al exministro Juan José Santiváñez Antúnez. La decisión fue formalizada a través de la Resolución de Secretaría General 082-2025-IN-SG, publicada el 2 de junio de 2025.
La defensa institucional fue autorizada en el marco de la Carpeta Fiscal 1358-2025, por diligencias preliminares seguidas por el delito contra la libertad, en la modalidad de interferencia de comunicaciones electrónicas. La Fiscalía investiga hechos ocurridos durante su ejercicio como titular del Interior.
De acuerdo con el expediente fiscal, los hechos están relacionados con su participación en una entrevista televisiva emitida el 2 de marzo de 2025. En ese espacio, el funcionario «reveló que tuvo acceso anticipado al reportaje titulado ‘Ministro Santiváñez acusado de soborno por testigos protegidos’, elaborado por la periodista Betzabé Juana Avellaneda Gabrojo».
La disposición señala que «durante el transcurso de la entrevista, al consultarle sobre el acceso del contenido del reportaje, el referido exministro, mostró su teléfono celular, en el que se podía leer el texto del reportaje, el mismo que generó dudas sobre su procedencia».
Según el acta fiscal, Santiváñez afirmó que el material le fue enviado por su directora de comunicaciones. Durante la misma entrevista, la periodista negó que dicha funcionaria haya compartido el documento, y el exministro se negó a revelar otra fuente.
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El contrato se adjudicó mediante procedimiento no competitivo, conforme a lo regulado por el Reglamento de Contrataciones del Estado. En el acta de selección se precisó que «la oferta presentada por el postor […] cumple los requisitos de admisión establecidos en las bases».
La contratación se amparó en el artículo 35 de la Ley del Servicio Civil, que permite el acceso a defensa legal con recursos públicos. Se aplicó también la Directiva 004-2015-SERVIR/GPGSC, que regula estos procedimientos para hechos vinculados a funciones ejercidas.
El servicio legal cubre únicamente la etapa de diligencias preliminares. La resolución advierte que, en caso de comprobarse responsabilidad penal, el beneficiario deberá reembolsar íntegramente el monto asumido por el Estado.
