La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó un pronunciamiento, este viernes 15, en torno a la pérdida de documentos reportada en su base de datos. De acuerdo a la entidad, «viene trabajando en la recuperación de la información contenida en dicha carpeta a partir de los archivos disponibles en las copias de respaldo existentes».
Además, señaló que se encuentra «colaborando activamente» con la investigación a cargo de la Policía Nacional, con el acceso a equipos informáticos y tecnológicos. «Con el
objetivo de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables», precisó.
El último 8 de agosto, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio de la JNJ. Esta última institución sufrió una presunta manipulación irregular de su base de datos, en la que se almacenaba más de 1200 documentos virtuales de procedimientos disciplinarios a jueces y fiscales.
Las diligencias estarán a cargo del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro. Este ya dispuso que la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) «realice las diligencias urgentes y necesarias a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales».
El 2 de agosto, un trabajador de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios (DPD) reportó a su superior mediante un mensaje de WhatsApp, según Diario Correo, que más 1200 denuncias contra jueces y fiscales no se encontraban cargadas en el Sistema de Gestión Documental (SGD).
De acuerdo a la información difundida, entre estos documentos de procedimientos disciplinarios, fechados desde enero de 2025, se encontrarían casos como el de Delia Espinoza y José Domingo Pérez.
Tras el reporte, se señala que no se pudo contactar con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) debido a que era sábado. Este lunes, Magnolia Martínez, directora de la DPP, solicitó la «recuperación» de los datos. Sin embargo, según el medio, José Alarcón, director de la OTI, señaló que dicha carpeta correspondía a un «directorio temporal utilizado por el área usuaria para el almacenamiento intermedio de documentos escaneados».
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Además, refirió que «no cuenta con mecanismos de auditoría ni respaldo automatizado, dado su carácter transitorio» y que habría ocurrido una «manipulación de una cuenta de usuario con permisos totales sobre la carpeta».
Fuentes de LP Derecho señalan que la OTI envió a la DPD una la lista con los usuarios que tenían acceso a la carpeta y los que, además de acceder a dicha función, podían realizar modificaciones de ella. Sin embargo, tal como refiere el medio citado, la OTI señala que es imposible determinar en qué momento se borraron los documentos debido a que se trataba de una «carpeta temporal».
