La jueza superior Enma Benavides Vargas fue repuesta como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anulara su destitución impuesta en mayo de 2024. La decisión está contenida en la misma resolución que ordenó la reposición de su hermana, Patricia Benavides, como fiscal suprema titular.
«Se cancele y deje sin efecto las medidas disciplinarias de destitución impuestas a las administradas Liz Patricia Benavides Vargas por su actuación como Fiscal de la Nación, [y] Enma Rosaura Benavides Vargas por su actuación como Jueza Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima», indica el segundo artículo de la resolución emitida por la JNJ.
La medida también dispone la designación de un nuevo instructor en los procesos disciplinarios seguidos contra ambas hermanas Benavides Vargas y la fiscal Azucena Solari, en el marco del caso conocido públicamente por presunta interferencia en investigaciones fiscales.
En relación a ello, el 22 de mayo de 2024 la JNJ destituyó a Enma Benavides tras determinar que intervino en una investigación penal en su contra, además de brindar declaraciones inexactas sobre su trayectoria. La magistrada fue investigada por presunto cohecho y organización criminal, en un expediente impulsado por la entonces fiscal suprema Bersabeth Revilla.
Uno de los elementos centrales del caso fue el testimonio del ciudadano colombiano Percy Coromoto Matos, condenado por tráfico ilícito de drogas. Desde el penal Ancón 2, Matos declaró al programa Cuarto Poder que fue contactado con el abogado Walter Máximo Mendoza Pérez, a quien identificó como intermediario de Enma Benavides.
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Según Matos, el monto solicitado para obtener una resolución favorable ascendía a $150 000. «Ese dinero se entregaba a cambio de resoluciones judiciales favorables a procesados por narcotráfico», declaró. Además, entregó audios y registros de comunicación a la fiscal Bersabeth Revilla como prueba del mecanismo.
En ese contexto, se acusó a Patricia Benavides —entonces fiscal de la Nación— de remover a Revilla de su cargo para obstaculizar la investigación que comprometía a su hermana. Esta acción fue uno de los fundamentos del procedimiento disciplinario contra la extitular del Ministerio Público, que también fue revertido por la reciente resolución de la JNJ.