El Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra cinco empresas avícolas y tres personas naturales por una presunta concertación de precios en el mercado de pollo vivo. La investigación comprende hechos que habrían ocurrido entre febrero de 2020 y marzo de 2021 en diversas regiones del país.
De acuerdo con la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, el procedimiento busca determinar si las empresas habrían coordinado el incremento y mantenimiento del precio por kilogramo de pollo vivo en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash y Cajamarca.
Presuntas coordinaciones mediante WhatsApp
Según la investigación preliminar, las coordinaciones del presunto acuerdo se habrían realizado a través de conversaciones por WhatsApp. Esta información, conforme indicó la autoridad, guardaría concordancia con los datos de ventas reportados por las propias empresas durante el periodo analizado.
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Asimismo, el cumplimiento del supuesto acuerdo habría sido supervisado mediante llamadas telefónicas, mensajes y la intervención de vendedores, lo que permitiría verificar si existió una práctica sostenida para fijar precios en el mercado.
Participación en el mercado y alcance de la investigación
El Indecopi señaló que la producción conjunta de las empresas investigadas representó más del 80 % del total de pollo vivo en los departamentos comprendidos durante los años 2020 y 2021. Este nivel de participación resulta relevante para evaluar el impacto que la presunta conducta habría tenido en el mercado.
Las empresas incluidas en el procedimiento son Avícola Yugoslavia S.A.C., Molino La Perla S.A.C., Técnica Avícola S.A., El Rocío S.A. y Chimú Agropecuaria S.A.
Etapa del procedimiento y descargos
La autoridad precisó que el inicio del procedimiento administrativo sancionador se sustenta en la existencia de indicios razonables sobre una posible conducta anticompetitiva, lo que no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas o personas involucradas.
En ese sentido, conforme a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, los investigados cuentan con un plazo de treinta días hábiles para presentar sus descargos. Asimismo, el Indecopi informó que cualquier persona con interés legítimo puede aportar información relevante a la investigación a través de los canales institucionales habilitados.
